Se metió en un Plan de Ahorro en junio de 2017. En agosto de 2018 pagaba una cuota de $4.506 pero, tras las sucesivas devaluaciones, en septiembre de 2019 el monto había subido a $20.366. Pasó de representarle el 20% de su salario a más 50%, y ya no tenía cómo pagarlo. La Justicia reconoció el abuso y le otorgó una medida cautelar por la que no pueden cobrarle un abono que represente más del 30% del sueldo. Un precedente platense
Desde fines de 2019 se vienen registrando, en distintos puntos del país, fallos judiciales que benefician a personas que ingresaron en un Plan de Ahorro para comprar un vehículo pero que tras las sucesivas devaluaciones y el aumento del precio del dólar se les hizo imposible seguir abonando las cuotas, que se elevaron de forma exponencial muy por encima del incremento de los salarios.
Un platense se sumó a esta ola de reclamos y obtuvo el pasado 23 de diciembre, casi como un regalo de navidad, una medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2, a cargo del juez Vicente Atela, que obliga a Chevrolet de Ahorro para Fines Determinados SA a no cobrarle cuotas superiores al 30% de su salario.
En la resolución judicial el magistrado reconoce que el damnificado “debe hacer frente a una situación económica no prevista ni informada ni tampoco negociada con el administrador-mandatario del circulo de ahorro”, y además recuerda que en coyunturas similares a esta, como la crisis económica del 2002, la Inspección General de Justicia emitió una resolución que dispuso la no modificación de los valores de las cuotas y retrotraerlas a los valores al momento de entrada en vigencia de la ley de emergencia económica dictada en aquel entonces (Ley Nacional 25.561).
De cuotas accesibles a cuotas impagables
El platense que obtuvo esta medida cautelar es Alfredo Barresi, y fue representado legalmente por dos abogados, Octavio Hid y Lucas Accoce. Su historia con el plan de ahorro comienza cuando en junio del 2017 ingresó en uno para adquirir un Chevrolet Onix en 84 cuotas. En ese momento el abono mensual era accesible para una persona que cobra un salario promedio en la administración pública nacional. Pero eso duró poco.
Para dimensionar lo que sucedió en menos de dos años con los pagos que tenía que afrontar, basta ir a los ejemplos concretos: en agosto de 2018 abonaba una cuota de $4.506, que no representaba más del 20% de su salario; en mayo de 2019 la misma se elevó a $18.232, en septiembre a $20.366. Para ese momento el abono superaba el 50% de su sueldo, y ya no sabía cómo hacer para que le dejen de descontar semejante suma, con el riesgo permanente de no poder seguir sosteniendo los gastos de su vida diaria ni los de su familia.
Mientras que el incremento de la cuota fue de un 120% -que se suma a una inflación del 47,6% en 2018 y de al menos un 53% en 2019- sus haberes aumentaron apenas un 15% y luego un 23% en ese mismo lapso. No hay ecuación que hiciera posible continuar abonando los pagos, pero tampoco podía salirse del plan, lo que implicaba directamente perder el vehículo (que se lo habían otorgado en marzo de 2018).
A su vez, el valor del auto al momento en que se lo entregaron era de $329.598, pero en junio de 2019 ya valía el doble, $786.900; y en octubre ya había triplicado la valuación alcanzando los $1.071.900.
En la resolución también se menciona la recientemente sancionada Ley Nacional 27.541 de Emergencia pública económica, financiera y administrativa, que “en su artículo 56 reconoce que la variación económica de los contratos de ahorro para la compra de automóviles han sufrido modificaciones sustantivas en su ecuación económica y que requiere de su estudio, análisis y búsqueda de paliativos de mantención de la vigencia del negocio, el cumplimiento de los fines de los círculos de ahorro, y la capacidad económica del suscriptos frente a la variación económica imprevisible del valor del producto que se pretende adquirir”.
Rehenes de un sistema injusto
La demanda interpuesta por los abogados de Barresi no sólo apunta a la empresa que organiza el Plan de Ahorro, si no también a las otras dos patas de este sistema: la concesionaria (en este caso, Kiara Automotores S.A.) y el fabricante (General Motors de Argentina SRL).
Según explicó a Pulso Noticias uno de los letrados, Octavio Hid, las tres partes “violan una resolución de la Inspección General de Justicia, que dice que las bonificaciones que le dan a una persona que compra un auto, fuera de los planes de ahorro, tienen que dársela también a quienes están dentro de los planes de ahorro”.
“Lo que venía pasando es que tras la devaluación del peso, la venta de autos disminuyó. Entonces las concesionarias implementaban ofertas para reducir los costos, buscando que las personas compren autos igual. Pero a quienes estaban dentro de los planes de ahorro no se le aplicaban ese tipo de descuentos. Entonces quedaban como rehenes y pagando cuotas infinitas, porque a medida que se devaluaba el peso, subía el precio de lista y las cuotas. De esta forma pierde sentido el plan y se genera una discriminación con el resto de los consumidores”, indicó.
A su vez, señaló que según estipula el contrato, la empresa del Plan de Ahorro (Chevrolet de Ahorro para Fines Determinados SA), debiera velar por los intereses de los integrantes del plan, informándole de cualquier cambio o variación de las cuotas. Sin embargo, en este caso, como en todos, estas empresas terminan jugando a favor de la concesionaria y el fabricante, porque están hechas para eso.
“El Plan de Ahorro está buenísimo porque uno puede acceder a un auto en cómodas cuotas, pero cuando se quiebra la ecuación financiera como en este caso, la gente termina fundida, y esa sociedad no cumple con sus obligaciones”, señaló Hid y agregó: “El plan de ahorro tiene que cuidar los intereses de quienes están dentro del mismo. Porque cuando entrás al plan, firmás un contrato que dice que ellos son tus mandatarios, trabajan para vos, para tu bien, tienen que pedirte instrucciones, es como si manejaran tu negocio. Sin embargo sube el dólar, sube el precio de las cuotas, nunca notifican a las personas que están dentro del plan, ni les preguntan si se quieren bajar del mismo”.
En este caso, al igual que otros registrados en distintos puntos del país, la Justicia reconoció la existencia de derechos vulnerados, y otorgó una medida cautelar que ahora la empresa que gestiona el plan de ahorro deberá respetar. Pero además, la resolución le insta a la compañía a “acordar con los suscriptores y fabricantes, con la debida aprobación de la autoridad de aplicación (Inspección General de Justicia), mecanismos para una reprogramación y diferimiento de los pagos, teniendo en cuenta los valores de la cosa adquirida y la capacidad de pago de los suscriptores en tanto las cuotas a cobrar no superen el 30 % de sus ingresos salariales mensuales y regulares”.
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