En su Informe Anual 2025, la Comisión Provincial por la Memoria reveló cifras récord de detención y sobrepoblación en la Provincia de Buenos Aires, con más de 88 mil vulneraciones de derechos registradas en un año. Apuntó a la responsabilidad de los tres poderes del Estado en una política criminal basada en el punitivismo y el control de jóvenes pobres
Durante 2024, la CPM desplegó una amplia agenda como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizando 866 inspecciones en cárceles, alcaidías, comisarías, centros de detención juvenil, hospitales de salud mental y hogares de niñeces.
Se llevaron a cabo 48.032 entrevistas a 15.551 víctimas de violencia estatal. Se registraron 88.063 vulneraciones de derechos: 83.000 cometidas por agentes penitenciarios, 1.539 por policías, 1.472 por operadores de niñez y 1.047 por agentes de salud pública y privada.
La CPM presentó 35.975 acciones judiciales y administrativas, lo que equivale a 4 inspecciones, 224 entrevistas y 146 presentaciones por día. Además, intervino en 476 causas colectivas, participó en 6 juicios orales y 3 abreviados, obteniendo 22 condenas (14 policías, 4 penitenciarios y 4 funcionarios de una unidad terapéutica).
También presentó un informe ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizó el seguimiento de las ya otorgadas por la situación en cárceles y comisarías bonaerenses.
En un espacio de intervención más reciente, la CPM monitoreó en 2024 un total de 65 manifestaciones públicas, presentó 12 denuncias penales por violencia policial y publicó 5 informes sobre represión en marchas.
Un sistema de encierro en crecimiento
El informe destaca que la Provincia de Buenos Aires posee el sistema de encierro más grande del país, con cifras récord: 61.810 personas detenidas en diciembre de 2024 (un 5% más que en 2023), una tasa de encarcelamiento de 340 personas cada 100.000 habitantes, 64% más alta que hace 10 años, y una sobrepoblación penitenciaria del 106% en 2024, 11 puntos más que el año anterior.
Entre 2015 y 2024, el sistema sumó en promedio 2.600 personas más por año. Aunque se construyeron 6.000 nuevas plazas desde 2020, el número de detenidos creció casi el doble. De los hechos relevados en 2024, 64.065 fueron torturas o malos tratos y 16.030 correspondieron a la falta de acceso a la justicia.
La CPM remarcó que 9 de cada 10 detenciones policiales se realizan sin orden judicial y que la prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas principales para sostener la política de encierro. A diciembre, la mitad de las personas privadas de libertad estaban sin condena firme.
El informe en formato audiovisual
“Es incompatible con la democracia”
En 2024 murieron 422 personas bajo custodia estatal: 218 en cárceles y alcaidías, 21 en comisarías, 122 por violencia policial, 52 en hospitales de salud mental y 8 niñeces en hogares de cuidado.
Estos hechos, denunció la CPM, son sistemáticamente archivados por la justicia. El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, señaló que desde hace dos décadas la política criminal bonaerense se basa en “punitivismo y mano dura” ejercida por gobiernos de todos los signos políticos. “Es un sistema selectivo dirigido a jóvenes pobres, sustentado en la discriminación y el racismo.
La policía, el poder judicial y el servicio penitenciario forman una cadena punitiva que se alimenta de la tortura como práctica sistemática. Esto es incompatible con la democracia.”
En un extenso video con decenas de testimonios, uno de ellos, Ana María Soffiatini, integrante de la CPM, relató el caso de Gonzalo, preso parapléjico en la Unidad 9, a quien el servicio penitenciario no entrega medicamentos ni insumos básicos para su vida diaria. La asistencia recae en su familia, que muchas veces no puede cubrir esas necesidades.
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