Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertaron por una práctica de “gravedad institucional” que impide el derecho a la defensa. Les realizan declaraciones indagatorias de forma virtual, sin la presencia de sus abogados
La Comisión Provincial por la Memoria emitió un comunicado para denunciar que la justicia de La Plata está obligando a personas detenidas a realizar declaraciones indagatorias de forma virtual, sin la presencia de sus abogados defensores.
Según sostienen, este tipo de prácticas “impide no sólo el derecho de defensa sino que afecta una salvaguarda esencial para las personas detenidas, la de mantener comunicación privada con su defensor sin presencia de policías”.
“La fiscal de La Plata Betina Lacky, con el aval del titular del Juzgado de Garantías N° 3 Pablo Raele, obligó a las personas detenidas a realizar su declaración indagatoria de manera virtual desde las comisarías y con la presencia de personal policial”, explican a través del escrito público.
El organismo calificó a estos actos de una “enorme gravedad institucional”. A su vez explican “que vulneran derechos medulares de nuestro orden constitucional” y que “fueron cuestionados por el Defensor General de La Plata Omar Ozafrain y Eliseo Graziano y Mariela Porcel, defensores oficiales”.
“La medida impide no sólo el derecho de defensa sino que afecta una salvaguarda esencial para las personas detenidas, la de mantener comunicación privada con su defensor sin presencia de policías. En un contexto de crecimiento de los casos de torturas y de intervenciones policiales que restringen de manera arbitraria e ilegal la libertad, la medida genera condiciones de posibilidad para convalidar graves violaciones de derechos humanos”, advierten desde la CPM.
Frente a esta situación, la defensoría oficial presentó acciones de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones y denunció que la medida viola el derecho a defensa de la persona detenida. La acción fue derivada al juez Raele, quien la rechazó.
“La pandemia nunca puede ser una excusa para vulnerar derechos y garantías constitucionales”, consideraron.
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