Tres extrabajadores de Molinos Río de la Plata declararon en el juicio contra el exjefe de Personal Emilio Parodi por el secuestro y desaparición de tres obreros durante la última dictadura. Entre ellos, un policía retirado de la Federal que trabajó en el grupo de vigilancia e inteligencia de la empresa y que declaró en otros juicios de lesa humanidad, entre ellos el Juicio a las Juntas. Su testimonio puso el foco en los vínculos entre la compañía y las fuerzas represivas.
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El personal de vigilancia y Bomberos de Molinos Río de la Plata tenía un «control absoluto sobre los trabajadores». No solamente sobre sus tareas, sino también sobre sus reuniones, sus conversaciones y sus actividades políticas. La información que recogían era transmitida a la oficina de Personal de la empresa. Así lo aseguró Armando Luchina, un policía retirado de la Federal que trabajó en la planta que la alimenticia tenía en Avellaneda entre 1980 y 1987 y que este martes declaró en el juicio por la responsabilidad del exjefe de Personal Emilio Parodi en el secuestro y desaparición de tres obreros durante la última dictadura.
Luchina fue uno de los tres extrabajadores de la alimenticia que prestaron testimonio el martes 27 de octubre ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata. Los otros dos, Carlos Pérez y Eduardo Carunchio, habían sido operarios de la fábrica durante la primera mitad de la década de 1970.
La persecución obrera y las responsabilidades empresariales
Los tres testimonios aportaron perspectivas diferentes sobre el funcionamiento de Molinos Río de la Plata durante los años de mayor conflictividad sindical y represión política. Pérez y Carunchio describieron una planta atravesada por los reclamos salariales, la organización de los trabajadores y las intervenciones de una jefatura de Personal que, según sus relatos, ejercía un fuerte poder disciplinador.
Luchina, por su parte, aportó información sobre el funcionamiento posterior del área de Vigilancia y Bomberos, el control de las actividades políticas y gremiales y los vínculos que, según afirmó, existían entre la empresa y las fuerzas policiales.
Esos relatos se incorporaron al debate en el que la Justicia busca establecer la responsabilidad penal de Parodi, en calidad de coautor, de las privaciones ilegales de la libertad de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, secuestrados el 7 de julio de 1976 en la planta de Avellaneda o en sus accesos. Los tres continúan desaparecidos. La acusación sostiene que el exjefe de Personal participó en la identificación y entrega de trabajadores a las fuerzas represivas.
Aunque la investigación más amplia sobre la represión en Molinos abarca casi tres decenas de trabajadores víctimas del terrorismo de Estado, este juicio está concentrado en los tres secuestros ocurridos el 7 de julio de 1976. Los testimonios de quienes compartieron la vida cotidiana de la fábrica permiten reconstruir las condiciones en las que se produjeron esos crímenes y el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y persecución que los precedieron.
Un expolicía en el cuerpo de Bomberos de Molinos
La declaración de Armando Luchina tuvo una particularidad: no era la primera vez que se presentaba ante la Justicia para aportar información sobre los crímenes de la última dictadura. Ya había declarado como testigo en el histórico Juicio a las Juntas de 1985 y también en el juicio por la Masacre de Fátima.
Luchina integró la Policía Federal Argentina desde 1971 hasta 1980. Según relató, había trabajado en el área que la fuerza denominó “antisubversiva” de la Superintendencia de Seguridad Federal ―que durante la última dictadura fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio―. Cuando quedó en situación de disponibilidad ―lo desplazaron―, buscó otro empleo y respondió a un aviso publicado en el diario Clarín. Así llegó a Molinos Río de la Plata.
Ingresó en 1980 y permaneció hasta 1987, cuando, según explicó, una resolución judicial permitió su reincorporación a la fuerza. Durante esos siete años trabajó en el sector de Vigilancia y Bomberos de la planta de Avellaneda, aunque también realizaba controles en distintos depósitos de la compañía.
Su pasado policial, consideró, fue determinante para conseguir el puesto. Durante la entrevista de ingreso, una persona a la que identificó como San Juan le preguntó por su experiencia laboral. Luchina explicó que se encontraba en disponibilidad y necesitaba un empleo estable. «Supongo que a San Juan lo sedujo que yo hubiera trabajado en la sección antisubversiva de la Policía Federal», afirmó.
Con el tiempo, comenzó a advertir la relación que existía entre la empresa y las fuerzas de seguridad. «La empresa colaboraba mucho con las fuerzas policiales, porque lo veía, lo notaba», sostuvo. Según su testimonio, a medida que sus compañeros del sector de vigilancia fueron tomando confianza con él, comenzaron a compartirle información sobre el funcionamiento de la seguridad interna y los vínculos con la oficina de Personal. «Esos que están en contacto con la oficina de Personal son policías», recordó que le habían señalado.
Luchina aseguró que, cuando ingresó a Molinos, ya conocía antecedentes vinculados con la empresa por su trabajo anterior en la Policía Federal. Los trabajadores, además, le transmitieron información sobre los secuestros ocurridos durante la dictadura. Recordó que le hablaban de unos 30 detenidos y que señalaban a un trabajador de apellido Dos Santos como una persona que habría colaborado en la identificación de empleados.
Pero uno de los tramos centrales de su testimonio estuvo dedicado a explicar las funciones de quienes integraban el sector de Bomberos y Vigilancia, una dependencia que, más allá de las tareas de prevención de incendios, ejercía un control cotidiano sobre el personal.
«Teníamos un control absoluto sobre los trabajadores. No solo sobre su trabajo, sino también si hacían reuniones, si hablaban de política», declaró. La información, sostuvo, era reportada al sector de Personal. Su descripción aportó elementos sobre la continuidad de un sistema de vigilancia dentro de la empresa, incluso después de finalizada la dictadura, y sobre la participación de antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad en ese dispositivo.
Luchina también recordó que, luego de su declaración en el Juicio a las Juntas, recibió un llamado desde la oficina de Personal de Molinos en el que le ofrecieron dinero para que abandonara la empresa. Desde entonces, comentó, su posición en la empresa “cambió” hasta que finalmente se fue.
«Guarda que viene Parodi»: el temor dentro de la fábrica
Carlos Pérez ingresó a Molinos en 1974 y trabajó en el sector de margarina de la planta de Avellaneda hasta el 16 de julio de 1976, pocos días después de los secuestros de los tres trabajadores por los que hoy se juzga a Parodi.
Su declaración permitió reconstruir el clima que se vivía dentro de la fábrica antes y después del operativo represivo. Recordó que, incluso antes de su ingreso, habían ocurrido dos ocupaciones de la planta y que la conflictividad era prácticamente permanente debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
Los reclamos eran impulsados por una comisión interna que mantenía una relación de enfrentamiento con la conducción sindical. Pérez recordó entre sus referentes a Marcos Augusto Vázquez, Avelino Freitas y Ricardo Almaraz, quienes encabezaban las protestas y contaban con el respaldo de buena parte de los trabajadores. Los tres fueron secuestrados y permanecen desaparecidos.
También describió la relación con la conducción del sindicato como «pésima». Según explicó, con posterioridad tuvo acceso a las actas sindicales de aquellos años, facilitadas por la Federación Aceitera, y se sorprendió por los términos utilizados para referirse a los trabajadores organizados. «He tenido acceso a las actas que facilitó la Federación de Aceiteros y leerlo produce desde lo inverosímil al espanto», sostuvo.
Pérez recordó, además, que Vázquez ya había sufrido dos allanamientos en su domicilio y que en 1975 dos trabajadores, Eduardo Carunchio ―que declararía a continuación en el debate― y Daniel Escudero, habían sido detenidos fuera de la fábrica.
Pero el episodio que determinó su salida de Molinos ocurrió en julio de 1976. Después de los secuestros de sus compañeros, recordó la llegada de un camión militar a la puerta de la planta y la detención de una cantidad de trabajadores que no pudo precisar. La presencia de los militares y los secuestros provocaron un cambio profundo en la vida cotidiana de la fábrica.
«Eso marcó un clima en la fábrica de total desazón, cabezas bajas, nadie decía absolutamente nada, no se hablaba del tema. Lo que cundía era el temor», relató.
Pérez aseguró que, al advertir la presencia del camión militar, dio media vuelta y decidió no ingresar a trabajar. Tampoco concurrió al día siguiente. Temía que pudiera ocurrirle lo mismo que a sus compañeros y resolvió abandonar su empleo.
Para hacerlo, se presentó en la oficina de Personal y pidió hablar directamente con Parodi. Cuando le preguntaron el motivo, respondió que se trataba de su seguridad. Frente al entonces jefe de Personal, le explicó que consideraba que la empresa no podía garantizar su integridad física y que, por ese motivo, quería desvincularse. Según su relato, Parodi no manifestó sorpresa ni intentó disuadirlo.
«Conozco las reglas del juego», recordó que le respondió el funcionario de la empresa, antes de indicarle que enviara el telegrama de renuncia. Pérez dejó Molinos el 16 de julio de 1976.
El testigo también describió el temor que provocaba Parodi entre los empleados. Aseguró que el jefe de Personal recorría habitualmente las distintas secciones de la fábrica y que su presencia modificaba inmediatamente el comportamiento de los operarios.
«El que lo divisaba primero daba una especie de voz de alerta: ‘Guarda que viene Parodi’. Y entonces se producía un silencio», recordó.
Detenido y expulsado de Molinos por una causa política
La historia de Eduardo Carunchio sumó otro capítulo a la reconstrucción de la persecución contra los trabajadores organizados de Molinos, que había comenzado antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Carunchio trabajó en la planta de Avellaneda entre septiembre de 1974 y marzo de 1975. Ingresó como peón de patio y posteriormente fue destinado al sector de Laboratorio. Recordó los bajos salarios, las jornadas laborales y los reclamos que los trabajadores impulsaban a través de su comisión interna.
Uno de esos conflictos, explicó, estaba relacionado con la política de precios de la compañía. Según su testimonio, en aquella época los productos tenían sus precios impresos en los envases y la empresa retenía mercadería en los depósitos mientras esperaba aumentos. Los trabajadores cuestionaban esa práctica y realizaban asambleas en el playón de la fábrica para discutir tanto los salarios como las condiciones laborales.
Carunchio contó que, en una oportunidad, mientras hacía horas extra, encontró sobre el escritorio del jefe de Laboratorio un documento en el que la empresa denunciaba que los trabajadores habían colocado vidrio molido en el pan rallado ―“era una total mentira”, denunció― motivo por el cual debía retirarlo del mercado. A él le habían encargado vaciar los paquetes en un tambor. Contó que, luego, ese mismo producto volvió a ser envasado con otro precio.
También denunció que tanto la empresa como la conducción sindical intentaban desacreditar a la comisión interna mediante acusaciones sobre supuestas conductas violentas de los trabajadores. «Todo una mentira para desacreditar la lucha de los compañeros, que pedíamos un sueldo digno, nada más. No era una cosa tan complicada», sostuvo. La comisión interna, encabezada por Vázquez y Freitas, tenía un respaldo importante entre los obreros, según Carunchio. La conducción sindical, en cambio, mantenía una posición contraria a sus reclamos. Recordó especialmente que en las actas sindicales se utilizaba la expresión «vocabulario zurdoide» para caracterizar las intervenciones de los trabajadores. «Los trabajadores solo teníamos la defensa de la comisión, pero no del sindicato», resumió.
A fines de enero o principios de febrero de 1975, Carunchio fue detenido y procesado en el marco de la Ley 20.840 ―una norma sancionada por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón denominada “Ley de Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”―. Permaneció preso en la Unidad Penal 9 de La Plata hasta el 11 de marzo de ese año.
Pocos días después de recuperar la libertad, se presentó en Molinos con la intención de retomar su trabajo, pero desde la oficina de Personal ―con Parodi a la cabeza― lo rechazaron. «Parodi no quiere que vos vuelvas», recordó que le dijeron sus delegados Vázquez y Freitas, entre otros. Los delegados se ofrecieron entonces a convocar una asamblea para que los trabajadores resolvieran qué medidas tomar en defensa de su reincorporación. «Dije que no, que lo dejáramos así, que me arreglaran el tema de la plata y que no quería más problema», relató.
Según sostuvo, terminó desvinculado de la empresa mediante una renuncia que no conserva documentada.
