La iniciativa presentada por la concejal Virginia Rodríguez apunta a generar “reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios” o en cualquier otro tipo de contratación entre el estado municipal y el sector privado
En la sesión del Concejo Deliberante celebrada ayer, ingresó un proyecto de la concejal Virginia Rodríguez (FR) que plantea la creación de un programa de “Integridad Empresarial” destinado a todas las empresas que contraten con la Municipalidad de La Plata.
“El programa está basado en el cumplimiento de requisitos principales que consisten en la existencia en cada empresa de un código de ética o conducta aplicable a todos los directores, administradores y empleados (independientemente del cargo o función ejercida), que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores, de manera de prevenir la comisión de delitos contemplados en la ley”, puntualizó la edil.
En ese sentido, se prevé en el programa el establecimiento de reglas y procedimientos específicos para prevenir situaciones de ilegalidad “en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el Municipio”. A su vez, el proyecto insta a diagramar “una política de protección a denunciantes contra represalias”.
De la misma forma, se deberían elaborar “procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes o intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial”.
En la fundamentación del proyecto se aclara que los delitos alcanzados por la ley para este tipo de situaciones son “el cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión y enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios como de empleados”.
La iniciativa está basada en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, aprobada en noviembre del año pasado por el Congreso Nacional, normativa que fija “estándares internacionales que sancionan a las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción”.
“Creemos que es necesario adoptar estas políticas en nuestro municipio, como manera de cambiar el foco, trabajar ya no en la detección sino en la prevención del accionar corrupto”, aseguró la concejal.
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