Un grupo de intelectuales y referentes del ambientalismo, encabezado por Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa y Guillermo Folguera formularon un pedido público para rechazar el nombramiento de Antonio Aracre. En 24 horas ya lleva más de 10.000 adhesiones
Mientras los líderes progresistas de Latinoamérica como Lula Da Silva y Gustavo Petro apuestan por el cuidado de la naturaleza y designan a importantes figuras al frente de organismos que buscan proteger el medio ambiente y dar marcha atrás con el cambio climático, en Argentina el presidente Alberto Fernández acaba de nombrar como jefe de sus asesores a Antonio Aracre, quien hasta octubre se desempeñó como CEO de Syngenta para la región.
Sin experiencia política y con 36 años representando a la mayor productora de agroquímicos del planeta, Aracre desembarca desde las oficinas de una multinacional a las entrañas de la Casa Rosada.
Luego de conocerse la designación, un grupo de intelectuales y referentes del ambientalismo, encabezado por Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella, Svampa, Marcos Filardi, Rafael Colombo y Guillermo Folguera realizaron una carta pública pidiendo que se revea esa decisión política. El documento, lanzado hace 24 horas, lleva más de 10.000 adhesiones, y siguen las firmas.
En el texto, difundido desde el sitio web de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas se afirma que “Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo”, indicando que “en 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas”.
Sobre la empresa también se precisa que “fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países”.
“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, se explica en la carta pública.
En ese sentido se detalla que “las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea. Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros. Glifosato: Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”.
Además sobre la figura de Aracre se señala que “ tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la “grieta”-, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables “entrevistas” en radio, televisión y medios digitales”.
“Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018”, aseguraron.
En la misma línea consideraron que “esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como “puertas giratorias”: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones”. “En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito”, manifestaron.
“Si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?”, se interroga desde el texto del documento.
Asimismo, se asegura que “también es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos”.
“En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, se advierte.
Por última se resalta que “mientras el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, en Colombia, promueve la protección de la Amazonía, la defensa del campesinado y la salida de los combustibles fósiles; y el flamante gobierno de Lula da Silva, en Brasil, crea el Ministerio de Pueblos Originarios a cargo de la lideresa indígena Sônia Guajajara y nombra nuevamente como Ministra de Ambiente y Cambio Climático a la reconocida ecologista Marina Silva; en Argentina el retroceso no puede ser mayor”.
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