Alan García se disparó minutos antes de que fuese arrestado por el caso Odebrecht y se acrecienta la crisis política. De los últimos cinco ex presidentes peruanos, dos están presos, uno prófugo y el resto bajo investigación
El ex presidente de Perú, Alan García Pérez, murió ayer al dispararse minutos más tarde de que la policía arribara a su domicilio para detenerlo. Fue poco después de que se conociera que la justicia había librado una orden de detención por diez días en una causa vinculada al caso Odebrecht, la constructora brasileña que admitió haber pagado sobornos a varios gobiernos latinoamericanos para obtener permisos y licitaciones públicas.
Junto con Alán García, quien fue presidente en dos ocasiones, entre 1985 y 1990 y de 2006 a 2011, el Poder Judicial ordenó la detención de su ex secretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petróleos del Perú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos, José Antonio Nava y Samir Atala.
García no podía salir del país. En noviembre del año pasado, la justicia había dictado una prohibición por 18 meses, que el ex presidente intentó eludir al pedir asilo en la embajada de Uruguay. Pero la solicitud le fue negada en diciembre de 2018. Todo en el marco de la investigación en torno a los 1,8 millones de dólares que Odebrecht recibió del gobierno peruano bajo su presidencia para la construcción de obra pública, y los aportes que ésta hizo a las campañas electorales de García.
Desde la revelación de la trama de corrupción de Odebrecht en EEUU en 2016, se han descubierto pagos a políticos peruanos efectuados entre los años 2005 y 2015 que llegan hasta los 45 millones de dólares y que salpican a todo el arco político del país. El domingo pasado, se dio a conocer que el ex secretario de García, Luis Nava, y su hijo José Antonio, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Esto precipitó el pedido de captura que terminó en el suicidio del ex mandatario. Según reconstruyó el ministerio de Salud de ese país, alrededor de las 8 de la mañana García, ante la llegada del personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad, pidió retirarse unos minutos para hablar en su habitación con su abogado, y allí tomó la decisión de dispararse en la cabeza. Fue trasladado de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, donde murió unas horas más tarde.
La estabilidad del sistema político peruano también es fuertemente cuestionada. Todos los presidentes electos en el Perú desde 1985 han sido arrestados en algún momento. Salvo el caso de Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000, todos los demás (Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) han sido vinculados a sendos casos de corrupción.
Toledo se encuentra prófugo desde 2017, sobre él está abierto un pedido de extradición a EEUU, a raíz de la confesión de un ex socio que aseguró haber recibido 17 millones de dólares de Odebrecht destinados a Toledo. Ollanta Humala recibió tres millones para la campaña electoral de 2011, según confesaron Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, principales representantes de la empresa. Actualmente, él y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, son investigados por elavado de dinero. El ganador de las últimas elecciones presidenciales de 2016, Kuczynski, ha sido arrestado el pasado 15 de abril, acusado de haber recibido 300.000 dólares en sobornos en 2011, cuando fue ministro del gobierno de Toledo, a través de tres empresas vinculadas a él (Westfield, First Capital y Latin América Enterprise). En marzo del año pasado, había tenido que renunciar a la presidencia en medio del escándalo por corrupción y el indulto concedido al ex dictador Fujimori, luego revocado por la justicia.
La oposición también está involucrada en casos graves de corrupción. Keiko Fujimori, hija del ex dictador y segunda en los ballotage presidenciales de 2011 y 2016, cumple actualmente una condena a 36 meses de cárcel por los delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. El mismo Barata declaró haber pagado más de un millón de dólares para su campaña presidencial de 2011.
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