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martes 03-12-2024

Encubrimiento de abusos: querellante del cura Lorenzo exige respuestas al arzobispo Fernández

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A través de una carta abierta Julio Frutos, el primer denunciante penal del excapellán penitenciario, interpela a la máxima autoridad eclesiástica de La Plata por su manifiesta complicidad con el sacerdote

Por Daniel Satur y Estefanía Velo*

Este lunes el primer denunciante del presbítero Eduardo Lorenzo (durante muchos años capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense) publicó una carta abierta dirigida al arzobispo de La Plata, monseñor Víctor “Tucho” Fernández.

Se trata de Julio Frutos, padrino de León, el joven que denuncia haber sido sistemáticamente abusado y maltratado por Lorenzo en Gonnet en el año 2008 y cuya causa iniciada en aquel año fue archivada en pocos meses, sin realizar una investigación a fondo por parte de la fiscal Ana Medina, titular de la UFI 1 de La Plata. La misma suerte corrió el expediente canónico iniciado en 2008 en el Tribunal Interdiocesano Platense encabezado por el vicario José Luis Kaufman

Como se sabe, a fines de marzo de este año Medina se vio obligada a reabrir la causa, luego de que el patrocinio de los querellantes quedara en manos del abogado Juan Pablo Gallego, de dilatada experiencia en casos de esta índole, donde a los abusos sobre niños, niñas y adolescentes debe sumarse el entramado de encubrimiento e impunidad orquestado desde las altas cumbres de la Iglesia.

Pasaron cosas

En su carta abierta, fechada este lunes 29 de julio (y que se reproduce completa abajo) Frutos le recuerda a Fernández que desde la última comunicación que intercambiaron, “hace unos pocos meses”, pasaron varias cosas alrededor del caso. Cosas que ameritan, según su opinión, una nueva valoración de algunos hechos y circunstancias.

Por caso, lo más importante es que desde el 21 de marzo la causa fue desarchivada por la fiscal Ana Medina y desde entonces en el expediente no paran de aparecer testimonios, indicios y pedidos de medida de prueba que complican aún más la situación de Lorenzo.

En ese sentido, Frutos afirma que desde que se desarchivó la causa “se han registrado novedades sustanciales en cuanto a la aparición de nuevas víctimas y se están evacuando pruebas documentales, testimoniales y periciales con suficiente entidad como para esclarecer los hechos ventilados”. Por eso, el querellante le escribe al arzobispo “a fin de rogarle quiera tener a bien contemplar la posibilidad de despejar algunas cuestiones que mucho ilustrarán a todos aquellos que seguimos con perplejidad y atención los hechos que diariamente se conocen”.

Frutos detalla dos cuestiones que se vienen dando a partir de que el joven platense Julián Bartoli hiciera una conferencia de prensa el 16 de julio, relatando los abusos cometidos por Lorenzo contra él entre los años 1999 y 2001. Desde entonces el cura cambió su “estrategia” de defensa, activando una serie de “aprietes” a denunciantes y testigos y saliendo del silencio absoluto mantenido durante años, dando varias entrevistas a la prensa.

“Las declaraciones públicas de Lorenzo se encaminan básicamente en dos vectores muy sensibles”, grafica Frutos. “El primero en amedrentar a las víctimas a quienes reiteradamente amenaza de hacerles juicio por atentar contra su honor. El segundo es negar reiteradamente que se le haya hecho recomendación alguna de no estar a solas con menores y también desconocer que alguna vez haya sufrido reprensión canónica alguna”, enumera.

El denunciante ve con preocupación que “en una instancia tan primigenia de la investigación” como la actual, “el acusado no solo se dedique a llamar por teléfono a las víctimas para influenciarlas sino que no dude luego en acusarlas de mentirosas y amenazarlas con un juicio”. Eso, dice, “suena más propio de un personaje marginal que de un miembro del clero”.

Preguntas

Por eso Frutos se pregunta si “¿es acaso esta la forma recomendada de tratamiento a las víctimas en los últimos encuentros vaticanos sobre esta problemática?” y si “¿se puede esperar que luego de amenazadas las personas se sientan alentadas a denunciar, animadas a sanar en la verdad o por el contrario sentirán que son revictimizadas y perseguidas?”

Preguntas que el arzobispo debería responder sin medias tintas. Aunque como se vienen manejando desde hace décadas, el silencio intramuros puede volver a ser el que mande.

El padrino de León le recuerda a monseñor Fernández cuánto han cambiado las cosas en pocos meses, que al día de hoy Lorenzo ya acumula “una causa penal por abuso sexual agravado como la 25.601 en la Fiscalía Nº 1, una investigación canónica en el Tribunal Interdiocesano Platense y un sumario administrativo en la Dirección de Instrucción Sumarial del Ministerio de Justicia Bonaerense” (al que pertenece el Servicio Penitenciario del que Lorenzo fue capellán general hasta hace poco y del que sigue cobrando un jugoso sueldo mensual -sin hacer nada-).

Finalmente Frutos le hace una serie de preguntas a Fernández. Primero si realmente las sanciones internas que la curia le aplicó a Lorenzo, producto de la investigación canónica realizada por el Arzobispado en 2008, le fueron notificadas al cura (cosa que el propio Lorenzo niega) y “si esa sanción se encuentra firme”.

También le consulta “si el arzobispado a su cargo aprueba o reprueba la conducta amenazante del sacerdote denunciado para con sus víctimas reales o potenciales desde el asiento de su parroquia”.

Luego, si la jerarquía católica “continuará en su política de investigación de las causas canónicas por abuso sexual desde la perspectiva del acusado, privilegiando la fama y buen nombre de los denunciados” o si bien pasará a investigar “desde las perspectivas de las víctimas, privilegiando las pruebas periciales y atendiendo los alcances de los síndromes de Estocolmo y del secuestro emocional de las víctimas”.

Y por último “si cuenta la diócesis (de La Plata) con un plan de reparación de daños asociados al abuso y su alcance”.

Hace un par de semanas, el arzobispo Fernández fue entrevistado por este medio en las puertas de una parroquia de Tolosa. Allí dijo que como “siempre se ha criticado que curas juzgaban a curas” y que “entonces las normas actuales orientan a que se denuncie ante la Justicia”. Por eso, dijo Fernández, “como está ante la Justicia tenemos que estar atentos al avance de la investigación”.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Fernández confiesa que “antes” los curas se juzgaban entre ellos, prescindiendo de llevar los casos de este tipo de delitos (graves) al Poder Judicial. En ese “antes”, huelga decirlo, se encuentra enmarcada toda la etapa previa del caso de Eduardo Lorenzo, hoy acusado de abusar, violar y maltratar a varios jóvenes a lo largo de décadas pero siempre “salvado” por el Arzobispado platense.

No se vislumbra en el horizonte cercano que monseñor Fernández vaya a conmoverse con la carta abierta de Julio Frutos. Mucho menos que vaya a dar respuestas satisfactorias a sus pedidos de respuestas.

*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias

Julio Frutos y Adriana Lara durante la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados bonaerense. Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

LA PLATA, 29 de Julio de 2019

SR. ARZOBISPO DE LA PLATA

D. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ

                                                                 Desde la última comunicación que intercambiamos hace unos pocos meses, a un pedido mío de un consejo pastoral, me recomendaba Ud. por medio de su amanuense y mediante carta documento, que cesara de embestir contra el presbítero Eduardo Lorenzo porque en caso contrario iba a entender que estaba embistiendo contra la Iglesia, ya que la causa penal a la que me refería se hallaba archivada y en la causa eclesiástica se le había aplicado una reprensión canónica por conductas impropias,  pero en nada cercanas a un abuso sexual como el denunciado.

                                                                Como al momento presente la causa penal se encuentra desarchivada desde el 21 de marzo ppdo. y en la misma se han registrado novedades sustanciales en cuanto a la aparición de nuevas víctimas y se están  evacuando pruebas documentales, testimoniales y periciales con suficiente entidad como para esclarecer los hechos ventilados, me permito nuevamente distraer su atención, a fin de rogarle quiera tener a bien contemplar la posibilidad de despejar algunas cuestiones que mucho ilustrarán a todos aquellos que seguimos con perplejidad y atención los hechos que diariamente se conocen. 

                                                                 Me obliga  a molestarlo nuevamente el hecho de la repentina aparición pública del presbítero Lorenzo en todos los medios periodísticos a su alcance, circunstancia  coincidente con la denuncia en la causa y en los medios de Julián Bártoli, quien asegura haber sido abusado desde los trece a los quince años por este cura cuando era párroco de Nuestra Señora de Lourdes. En tanto que el joven dice haber sido manipulado y obligado a compartir la cama matrimonial del departamento que Lorenzo alquilaba en ese entonces en la calle 17 y 38 de La Plata, el acusado dice que son mentiras audaces de alguien que lo odia mucho, ya que si bien llevaba al joven a su departamento los viernes a la noche, era sólo para comer chocolates y mirar películas. Nuevamente Lorenzo arguye en este caso que se trata de gente que yo induzco a inventar historias en su contra, aún cuando resulte imperioso en ese caso explicar varias premisas que refuercen su afiebrada hipótesis.

                                                                    Pero lo realmente singular es que a partir de este momento las declaraciones públicas de Lorenzo se encaminan  básicamente en dos vectores muy sensibles: el primero en amedrentar a las víctimas a quienes reiteradamente amenaza de hacerles juicio por atentar contra su honor. El segundo es negar reiteradamente que se le haya hecho recomendación alguna de no estar a solas con menores y también desconocer que alguna vez haya sufrido reprensión canónica alguna.

                                                                     Entiendo que Ud. como superior jerárquico y como cabeza de la Iglesia diocesana  puede y debe intervenir sin que ello signifique tomar partido o adelantar juicio. Primero porque las víctimas si fueran mendaces como asegura Lorenzo, están pasando todos los filtros legales que el debido proceso impone. Han declarado bajo juramento de Ley bajo la amenaza legal del art 275 del Código Penal que impone penas de un mes a cuatro años de prisión a quien mintiere u ocultare la verdad de lo que sabe o le consta. Si ello no fuera suficiente serán sometidas a evaluación psicológica por los peritos judiciales y los peritos de  parte para determinar si fabulan, imaginan o construyen antojadizamente un relato del abuso sexual. Luego de ello serán los magistrados los que evalúen su testimonio y lo confronten con todos los elementos de juicio concordantes o disonantes que la causa debe reunir.

                                       De allí que en una instancia tan primigenia de la investigación como la que nos encontramos, que el acusado, no solo se dedique a llamar por teléfono a las víctimas para influenciarlas sino que no dude luego en acusarlas de mentirosas y amenazarlas con un juicio, suena más propio de un personaje marginal que de un miembro del clero. Es acaso esta la forma recomendada de tratamiento a las víctimas en los últimos encuentros vaticanos sobre esta problemática? Se puede esperar que luego de amenazadas las personas se sientan alentadas a denunciar, animadas a sanar en la verdad o por el contrario sentirán que son  revictimizadas y perseguidas?

                                         Qué sentiría el acusado si convocáramos públicamente a las víctimas de abuso eclesial prometiéndoles que luego de una acusación y juicio podrán acceder a sumas indemnizatorias en orden a los daños y perjuicios sufridos?  A la actitud incomprensiblemente pasiva que demuestra la Iglesia en la identificación de las víctimas del abuso sexual eclesiástico y la reparación de los daños asociados, no es lógico sumarle la amenaza desaprensiva del acusado a sus víctimas, al menos no con vuestro consentimiento.

                                           Deben saber las víctimas en particular y todas las personas en general que la honra, el honor y la honorabilidad del sacerdote Eduardo Alfonso Francisco Lorenzo se encuentra a buen resguardo a juzgar por los datos objetivos que evidencian su carrera  eclesiástica, profesional y privada. Él, como toda persona en su misma situación en un estado de derecho, es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Luego de ser denunciado penal y canónicamente en 2008 fue promovido a Canónigo, accedió a la máxima jerarquía en el sistema escalafonario del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue asesor en simultáneo del Ministro de Justicia de la Nación y desempeñó la actividad empresaria, todo lo cual remite a una positiva valoración de una persona y sus competencias y no de un sujeto degradado en su honra.

                                           A esta altura no es ocioso remarcar que existiendo una causa penal por abuso sexual agravado como la 25601  en la Fiscalía nº1, una investigación canónica en el Tribunal Interdiocesano Platense y un sumario administrativo en la Dirección de Instrucción Sumarial del Ministerio de Justicia Bonaerense, todos ellos abocados a determinar las responsabilidades propias de sus ámbitos para con el presbítero Lorenzo, estaríamos ante un hecho cuya seriedad amerita un tratamiento adecuado de la labor investigativa. Fallaríamos a las expectativas del imputado si adelantáramos juicios temerarios; fallaríamos a las víctimas si no generamos espacios de respeto y contención; fallaríamos a la sociedad si permaneciéramos inactivos en la búsqueda de la verdad objetiva. 

                                           El otro vector no menos importante es la seguridad con que Lorenzo ha asegurado desconocer los alcances del protocolo que Ud. ha debido reenviarle el lunes 15 del corriente por carta a él dirigida y con copia a todos los sacerdotes de la diócesis, relacionados a la prohibición de realizar actividades con menores de edad. Pero lo que supera a esta circunstancia es la negación de su parte de haber sufrido  reprensión canónica alguna, en la que se “lo instara a evitar todo tipo de conductas equívocas que puedan dar lugar a malos entendidos o sospechas”.

                                           Si la temeridad de Lorenzo para amenazar a potenciales víctimas e inaugurar con ellas una dialéctica del terror y amedrentamiento me ha parecido digna de repudio, el hecho de que contradiga por vía periodística las resoluciones e informes rubricados por dos arzobispos, un monseñor y un vicario judicial, declarando inexistente los efectos de una causa canónica en su contra, son reveladoras  acerca de la clase de persona a la que nos estamos enfrentando.

                                       Como no puedo aceptar pasivamente que la Iglesia siga sin hacer mención alguna a la posible existencia de víctimas de abuso sexual eclesiástico en general y del caso aquí tratado en particular,  deseo preguntarle lo siguiente:

1)Si el sacerdote Eduardo Lorenzo ha sido notificado por escrito de la reprensión canónica en todos sus alcances, a la que Ud. me hiciera mención en su oficio del 6 de setiembre de 2018 por intermedio de su vicario de justicia Javier Fronza.     

2)Si esa sanción se encuentra firme.

3)Si el arzobispado a su cargo aprueba o reprueba la conducta amenazante del sacerdote denunciado para con sus víctimas reales o potenciales desde el asiento de su parroquia.

4)Si el Tribunal Interdiocesano Platense continuará en su política de investigación de las causas canónicas por abuso sexual desde la perspectiva del acusado, privilegiando la fama y  buen nombre de los denunciados o migrará a un sistema de investigación desde las perspectivas de las víctimas, privilegiando las pruebas periciales y atendiendo los alcances de los síndromes de Estocolmo y del secuestro emocional de las víctimas, recreando espacios de acogimiento y respeto de la intimidad.

5)Si la política diocesana de prevención de abusos sexuales eclesiásticos en que se enmarca el protocolo por Ud. impartido cuenta con un sistema de detección temprana de víctimas y de victimarios.

6)Si cuenta la diócesis con un plan de reparación de daños asociados al abuso y su alcance.

                                           Posiblemente algún comedido querrá preguntarse con qué finalidad y con qué derecho le formulo estas preguntas, a lo que yo contestaría que lo hago en la esperanza  que las víctimas que nos han contactado y contado sus historias, habrán de alcanzar la fortaleza necesaria para enfrentar esta asimétrica lucha y llegado ese momento, me gustaría saber si Ud. va a estar del lado de ellas.

                                                 Lo saludo y encomiendo.

                                 Lic.  Julio César Frutos

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Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.

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