Un joven de 17 años se quitó la vida en uno de los pabellones del Centro Almafuerte de Melchor Romero y otro intentó suicidarse. Desde el Foro de la Niñez sostienen que “no es una novedad, ni tampoco son hechos aislados” y piden respuestas del Estado
Distintos organismos de derechos humanos vienen advirtiendo por la situación crítica que se vive en los institutos cerrados de niñez, como es el caso del Centro Almafuerte de Melchor Romero, donde en las últimas horas se suicidó uno de los chicos que estaba alojado.
Se trata de un joven de 17 años que estaba encerrado allí desde el año pasado, y que fue encontrado ahorcado en una de las habitaciones del establecimiento, ubicado en 520 y 183. En este mismo instituto, dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, hubo tres tentativas de suicidio en tan solo 15 días.
Hoy está prevista la audiencia que había sido solicitada por el Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Ricardo Berenguer, para tratar el Habeas Corpus presentado por el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ante estos acontecimientos.
Además, en el mes de agosto otro joven alojado en el centro de recepción Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, también se quitó la vida. Según sostienen desde el Foro de la Niñez, todo esto “no es una novedad, ni tampoco son hechos aislados”.
“Casualmente en ambos centros cerrados, en el Almafuerte y en Nogués hubo acciones de reclamo protagonizadas por los jóvenes hace poco menos de dos meses, a partir de las cuales denunciaron que se encuentran aislados, sin visitas, sin contacto con sus seres queridos, sin insumos para frenar los contagios”, expresaron en un comunicado.
Según el organismo, de acuerdo a la ley 26.657 de Salud Mental, “se debe implementar un programa y/o dispositivo adecuado para la prevención de suicidios o autoagresiones, así como también la asistencia y acompañamiento para quienes lo intentan”.
“En este caso, la omisión e inacción como respuesta gubernamental pasa a ser parte de una política definida, configurando un sistema cruel y deshumanizado”, consideraron al respecto. “No toleramos más que la desidia del estado derive en muerte”, sentenciaron y confían en que las autoridades del OPNyA deberán dar explicaciones sobre los hechos.
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