El conjunto de organizaciones de los municipios afectados estuvieron en La Plata para dialogar con bloques de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Gobernación. El mismo día, la Cámara de Apelaciones dictó un fallo les da la razón y advierte sobre los peligros de bajar la calidad del servicio
El reclamo de las organizaciones que rechazan la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se escuchó fuerte en La Plata este martes en el marco de una movilización y recorrida que hicieron por la ciudad para dialogar con bloques de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Gobernación y realizar luego una conferencia de prensa en la Comisión Provincial por la Memoria.
El mismo día, por la tarde, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó un fallo que ratificó y dejó firme la medida cautelar que la Defensoría del Pueblo había pedido y que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.
Esta resolución se da a siete días de la fecha que estipuló el Gobierno para abrir los sobres de la licitación para privatizar el 90% de la firma. De todas formas, no resuelve la cuestión de fondo sobre la privatización, y en el fallo también se resuelve que el expediente pase a la órbita federal.
Unidad y movilización
La campaña contra la privatización de AySA está conformada por asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones vecinales, socioambientales, defensoras de los derechos humanos, sindicatos, vecinas y vecinos de los 26 municipios de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de (AySA).
Desde que se conoció el DNU 70/23, que ponía a AySA entre las empresas a privatizar, se vienen movilizando, realizando presentaciones legales, impulsando que los concejos deliberantes rechacen la privatización, y ahora llegaron a la capital bonaerense a meter el tema en la órbita provincial.
El servicio de AySA alcanza a cerca de 15 millones de habitantes y no es solamente la provisión de agua, sino la red cloacal y la posibilidad de una privatización afectará directamente la situación ambiental y sanitaria.
“Necesitamos que todos se hagan cargo, que los representantes nos representen, pero sobre todo que se hagan cargo, que salgan a convocar, que pongan la cara en estos problemas que son los problemas de nuestros vecinos, son los problemas de nuestras familias, son los problemas de nuestros pibes y venimos todos de realidades muy duras” señaló Álvaro Chambi, representante de la UTEP en la conferencia de prensa.
Si bien balancearon como positiva la ronda de reuniones, cuestionaron que a siete días de la apertura de sobres la Legislatura bonaerense todavía no se había pronunciado contra la privatización de AySA. La única bancada presente en la conferencia de prensa fue la del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad.
“Lamentablemente, nos encontramos hoy con un escenario donde la Legislatura a 7 días de que se abran los sobres, no tiene un dictamen de la legislatura de diputados y legisladores, rechazando la privatización de AISA que va a afectar a 26 distritos y a 3. 100.000 conexiones de agua”, afirmó Pedro Budsetti, presidente de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores).
Por su parte, Paula Kaeser, representante de la Coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones y la campaña Fuera Mekorot, remarcó: “estamos luchando en contra de una privatización para que el agua no quede en manos de una empresa extranjera escondida detrás de las demás empresas que vienen a privatizar, a quedarse con las ganancias. Pero acá hay una clara postura que busca a dominar al pueblo. A un pueblo se lo domina sin agua. Si no tenemos agua, a pesar de todas las problemáticas que hoy ya sufren los barrios, no vamos a poder hacer nada más, no hay vida”.
Las organizaciones remarcaron que la privatización de AySA pone en discusión el futuro de un derecho humano y servicio esencial para millones de bonaerenses, al habilitar el corte de los servicios por falta de pago, el aumento permanente de las tarifas, el costo del mantenimiento y expansión a cargo de los usuarios, la flexibilización de los estándares de calidad del agua.
“Con el nuevo marco regulatorio y el contrato de concesión dispuestos por decreto por el gobierno nacional, el agua deja de ser un Derecho Humano para convertirse en mera mercancía. No queremos volver a pagar con nuestra salud la fallida experiencia privatista de los años 90, con tarifas dolarizadas impagables, incumplimiento reiterado por parte de la empresa en las metas de expansión del servicio y creciente endeudamiento para fugar capitales”, aseguraron.
La campaña tiene nuevas fechas de movilización, que serán el próximo viernes 11 a la sede de AySa en Lomas de Zamora y el martes 15 al Ministerio de Economía de la Nación para rechazar la apertura de sobres. “Vamos a seguir construyendo esta unidad y poniendo el eje en salir a la calle”, finalizaron.
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