Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente (2002-2010), ex alcalde, gobernador, actual senador, padrino político de sus dos sucesores: Rafael Santos, presidente hasta 2018 –artífice del proceso de paz– y el actual, Iván Duque, quien busca demoler el proceso de paz, –como el mismo Uribe quiere– se encuentra detenido en su finca. El motivo: una causa judicial que él inició contra un senador del Polo Democrático, en la que comenzó como acusador, y puede terminar como acusado
Por Adolfo Rocha
En el año 2012, durante un debate parlamentario, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático acusó a Uribe de estar fuertemente vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fuerzas paramilitares acusadas de graves violaciones a los derechos humanos. En 2014 Uribe respondió con una presentación judicial en que acusaba a Cepeda de manipular testigos que formaron parte de las AUC para incriminarlo.
La justicia colombiana dio por archivada la causa contra Cepeda, pero, sorpresivamente, comenzó una investigación sobre intento de manipulación de testigos….contra el propio Uribe. En 2 años acumuló 28.000 horas de grabaciones telefónicas, tomo declaración a testigos que dijeron que recibieron ofrecimientos de soborno por parte del entorno del ex presidente, y finalmente, hace pocos días la Corte Suprema determinó la detención domiciliaria y casi inmediatamente emitió un fallo unánime de 1.550 páginas en el que los magistrados sostienen que existen pruebas suficientes para incriminarlo, por lo que, de acuerdo a la legislación del país, hasta que sea convocado a juicio queda suspendido en su cargo de senador.
Semejante acto de independencia judicial sorprende en un país donde los terratenientes – clase social a la que pertenece Uribe- en alianza con los EE.UU. son el poder real del país, el cultivo de coca, su procesamiento y exportación parte importante de su economía y, fundamentalmente está terminando – a pesar de los ingentes esfuerzo de los “dueños del país” representados en el Ejecutivo por el presidente Iván Duque- una de las guerras civiles más largas de la historia contemporánea.
Pues el conflicto armado en Colombia comienza en 1948 con el asesinato del popular líder del partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, de gran ascendencia sobre las clases trabajadores urbanas y los sectores campesinos. Son éstos últimos los que se distancian de la estructura partidaria liberal y deciden pasar a la acción sobre finales de los años 40 creando grupos guerrilleros campesinos que reivindican la reforma agraria, o sea, atacan la base misma del poder de los terratenientes y del partido Conservador.
Será durante los años ’50 cuando toman contacto con el Partido Comunista, pero recién en 1964 las FARC se constituyen como tal, bajo el influjo de la Revolución Cubana. No son la única fuerza guerrillera que existió en Colombia, pero sí la de más larga existencia y que alcanzó mayor control territorial.
Hacia fines de los años ’90 el presidente Andrés Pastrana, del partido Liberal – que junto con el Conservador, se alternaron en el manejo del sistema político colombiano hasta hace una década- tuvo una iniciativa audaz, y a la vez, realista: llevar adelante una negociación de paz con las FARC. Contó para ello con la colaboración de Fidel Castro. El líder cubano puso la Isla como lugar neutral de reunión entre las partes. Las negociaciones fracasaron. Y lo que podría haber sido un éxito para Pastrana y descomprimido la situación a una década del fin de la “Guerra Fría” se convirtió en una gran oportunidad para el plan del sucesor de Pastrana, nada menos que Álvaro Uribe.
Uribe llega al gobierno planteando que no se debe perder más el tiempo negociando con la guerrilla. Hay que fortalecer la alianza con los EE.UU. y liquidar a las fuerzas insurgentes. Así, el “Plan Colombia” un acuerdo con los Estados Unidos que Pastrana había pensado como una forma de financiar el desarrollo económico colombiano en el marco de un posible acuerdo de paz, se transformó en un mar de fondos para compra de armas, asistencia logística y asesores militares norteamericanos. La bandera de la lucha contra la “guerrilla y el narcotráfico” encubrió masivas violaciones a los derechos humanos en casi todas las formas imaginables, y 6.000.000 de desplazados.
Uribe consiguió debilitar militarmente y políticamente a las FARC con este costo, pero de ninguna manera las dejó fuera de combate. Su ministro de guerra y luego sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, comprendió lo mismo que Pastrana: la existencia misma de Colombia era inviable si no se resolvía políticamente un conflicto que venía desde los inicios de la “Guerra Fría”, ya pasadas casi 3 décadas desde la caída del muro de Berlín. Era necesario intentar que las fuerzas guerrilleras se incorporen a la vida política y simultáneamente bloquear el accionar de los grupos paramilitares.
Para eso recurrió nuevamente a los buenos oficios cubanos. Unos años antes de morir Fidel Castro, entre sus tantos escritos, legó un libro, “La Paz en Colombia”, en el cual comenta el proceso de negociaciones anterior, y se pronuncia claramente a favor de una solución política. Así a partir del año 2012 La Habana y también Oslo, ya que Noruega tiene una larga tradición diplomática en la resolución de conflictos, son las sedes de largas y trabajosas negociaciones entre las FARC y el gobierno de Santos.
Las FARC ponen en la mesa una cuestión central: garantías para no ser masacrada por los grupos paramilitares cuando dejen las armas y pasen a la acción político electoral. Colombia ya tiene sobrados antecedentes de “desmovilizaciones” de guerrillas de izquierda cuya dirigencia terminó aniquilada. Y acumula un record de asesinatos de militantes de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y de DD.HH.
En 2016 se firman los acuerdos preliminares, que deben ser ratificados por un plebiscito. El “uribismo” motoriza la campaña por el rechazo y, sorpresivamente….triunfa el “No” a los acuerdos. Lo cual obliga a una renegociación de los mismos, su firma definitiva en noviembre de ese año y posterior ratificación por el congreso.
Pero Uribe y su nuevo partido, “Centro Democrático” – paradójico nombre- adquieren vigor electoral. El hasta hace pocos días senador respaldó en 2018 al candidato Iván Duque, que enfrentó al centroizquierdista Gustavo Petró, quien realizó una buena performance electoral pero fue derrotado.
Desde los sectores defensores de los acuerdos de paz se acusa a Iván Duque de entorpecer sistemáticamente su puesta en marcha. Lo cierto es que casi 500 líderes sociales, políticos y sindicales fueron asesinados y asesinadas en los últimos 2 años. Quizás esta sentencia de la justicia sea una señal de que los vientos están finalmente cambiando en Colombia, a favor de la democracia.
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