El reciente acuerdo de reestructuración de la deuda externa obtenido por el gobierno del presidente Lenin Moreno se da a una semana de las elecciones primarias y a 7 meses de las elecciones generales. La aplicación de políticas de ajuste dictadas por el FMI y la pésima gestión de la pandemia dejan al oficialismo en muy mala posición electoral, mientras la justicia proscribe al partido del ex presidente Rafael Correa, espacio al que la crisis coloca con chances de ganar las elecciones presidenciales
Por Adolfo Rocha
Hasta hace pocas semanas Ecuador fue tapa de medios internacionales por las terroríficas consecuencias de la llegada a ese país del covid-19. Las imágenes de cadáveres en las calles, la absoluta incerteza respecto de la cantidad de contagios y fallecimientos, dejaron en evidencia el colapso del sistema de salud. El país ya había sido noticia también en 2019 a partir de un estallido social producto del intento del gobierno de aplicar, sin anestesia, las medidas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Para ponerlo en contexto, Ecuador es un país que vive de la exportación de hidrocarburos, y de las remesas de sus emigrados: desde hace algo más de dos décadas no tiene moneda propia, la reemplaza el dólar estadounidense.
La “revolución ciudadana” que encabezó y motorizó desde sus gestiones presidenciales Rafael Correa no modificó esta estructura de la economía, pero aprovechó los altos precios de las exportaciones de energía de esos años para socializar esos beneficios entre la población postergada. Logró mejoras en educación, alimentación, salud y participación ciudadana. Se revisó la deuda externa mediante una comisión especial creada por ley, que sentó un precedente internacional para el no pago de deuda ilegítima. Su política exterior estuvo orientada a fortalecer el bloque latinoamericano: de buena relación con Hugo Chávez y “Lula” Da Silva, apostó por el UNASUR, el Mercosur y el ALBA.
Soportó el ataque de los sectores oligárquicos tradicionales, tuvo fuertes enfrentamientos con los medios de comunicación tradicionales, pero también con el movimiento indígena, que tiene una larga tradición de organización autónoma en Ecuador, con el que chocó por el tema ambiental. Proyectos de extracción hidrocarburífera de alto impacto ecológico generaron serios choques con los pueblos originarios.
La conducción altamente personalizada en la figura de Rafael Correa encontró un límite político institucional en la imposibilidad de una nueva reelección. Así, decidió designar candidato a su vicepresidente Lenin Moreno, quien obtuvo una ajustada victoria electoral.
Correa decidió mudarse a Bélgica con su familia, y a los pocos meses surgieron señales claras de que, para consolidar su propio poder, Moreno había resuelto cambiar de modelo y alianzas. Se aproximó a los sectores económicos y políticos de la derecha tradicional, al FMI y la los Estados Unidos de América. Simultáneamente comenzaron una serie de procesos judiciales contra Rafael Correa y las principales figuras de su corriente que le permanecieron leales, que llegaron a incluir detenciones arbitrarias. Esto en un contexto de crisis económica generada, entre otras causas, por la brutal caída de los precios del petróleo y el gas, a la que ahora se suman las consecuencias de la pandemia.
Los procesos y la sentencia judicial a 8 años de prisión que afronta Rafael Correa, el intento de quita de personería electoral a “Compromiso Social”, espacio partidario que da cobijo al correísmo, – y que lo llevaría como candidato a vicepresidente o asambleísta – se asemeja a la “Lawfare” que se viene aplicando contra muchos ex gobernantes de la “oleada populista”, quienes conservan alto grado de popularidad, convicciones anti neoliberales y fuertemente neo desarrollistas, como en el caso de Correa, un economista con formación académica europea.
De pasar el filtro de la justicia electoral, en la vereda de enfrente probablemente se encuentren al último vicepresidente – el tercero en su gestión- de Moreno, el empresario de medios Otto Sonnenholzner.
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