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miércoles 09-10-2024

Denuncian torturas y hacinamiento en la Unidad Nº8 de Los Hornos

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En un habeas corpus colectivo la Comisión Provincial por la Memoria denunció las “deplorables condiciones de encierro” que se viven en la cárcel de mujeres de esta localidad. Afirman que al igual que en otras unidades y comisarías, estas violaciones a los derechos humanos se dan “junto al ejercicio de violencias machistas como una forma de disciplinamiento físico y moral”

En un habeas corpus colectivo presentado por las mujeres detenidas en la Unidad Penal Nº 8 de Los Hornos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la existencia de “un modelo de gestión y administración del dolor que combina la práctica sistemática de la tortura con el ejercicio de una violencia patriarcal para infringir un particular sufrimiento a las detenidas, por su condición de mujer”.

Durante las inspecciones realizadas por el Comité Contra la Tortura del organismo se constató la vulneración sistemática de los derechos humanos junto al ejercicio de violencias machistas como una forma de disciplinamiento físico y moral. “Estas situaciones se reiteran en los restantes alojamientos de mujeres como patrón estructural de violencias persistentes”, señalaron.

En el caso de Los Hornos, denunciaron que muchas mujeres “son sometidas a aislamiento extremo (24 horas en pabellones SAC) sin motivos, prohibiéndoles el acceso a la educación, el trabajo o la comunicación con el exterior. Esto último, implica una particular vulneración de derechos, ya que muchas mujeres continúan desarrollando las tareas de cuidado en relación a sus hijos e hijas. La CPM observó con preocupación que, a raíz de la angustia que produce este tipo de sanciones, las detenidas llegan a recurrir a autolesiones para poder ser oídas en sus reclamos”.

A su vez, se señala que la gestión de la población de mujeres detenidas también “implica un uso de la violencia sexual ejercida, fundamentalmente, a través de requisas de extrema gravedad: las  detenidas son requisadas teniendo que exhibir sus cuerpos ante otras detenidas, ante el personal médico y/o penitenciario. Son obligadas a desnudarse por completo, para luego pasarles el escáner portátil entre las piernas, sobre la vagina y el resto del cuerpo”.

“La alimentación es escasa, en mal estado y mal cocida. A su vez, y con el único efecto de humillar a las detenidas, el SPB entrega cubiertos de manera arbitraria generando que muchas deben alimentarse con las manos”, indicaron y agregaron que “la asistencia la salud integral es deficiente o inexistente: las mujeres son sobremedicadas sin consentimiento, se les niegan turnos en hospitales extramuros y la falta de medidas de prevención es total”.

Pero esto no es todo: en las muestras de agua analizadas mediante análisis bioquímicos, se constató contaminación y presencia de materia fecal y los pabellones están invadidos por cucarachas y roedores poniendo en riesgo la salud de las detenidas.

En respuesta al habeas presentado, el Tribunal Oral Criminal N 2 de La Plata ordenó una pericia arquitectónica: el perito constató que el estado de las celdas de SAC es malo, que la instalación eléctrica en el interior de las celdas es deficiente y existe riesgo de accidente eléctrico. Y que las celdas no tienen vidrios ni calefacción.

Otro Habeas Corpus

La CPM presentó también otro habeas corpus colectivo ante otra situación extrema: la que sucede en la comisaría 6º de Villa Rosa, en Bahía Blanca, donde por las inhumanas condiciones de detención una mujer perdió un embarazo y no recibió ningún tipo de atención médica ni psicológica.

Esta dependencia tiene una orden de clausura dictada en 2012; durante 2018, alojó todos los meses entre 4 y 9 personas. En la última comunicación recibida por el organismo, había 5 mujeres detenidas en condiciones de hacinamiento extremo. Frente al incumplimiento de la decisión judicial y ante la gravedad de los hechos ocurridos, se presentó el mencionado recurso legal en el Juzgado de Garantías N 3 reclamando que, para cumplir con la orden de clausura, se prohíban nuevos ingresos al establecimiento y que se adopten medidas para el traslado de las mujeres detenidas a alcaidías o unidades penitenciarias.

“La pérdida de embarazo de una de las mujeres detenidas es un caso de extrema gravedad que fue posible en el marco de sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen las detenidas alojadas en esa dependencia. En el habeas corpus, la CPM detalló que, al momento de la inspección, las 5 mujeres estaban encerradas en un mismo calabozo de dimensiones pequeñas sin ventanas y que dormían en el suelo por la falta de colchones. La celda tampoco tiene baño ni sanitario, por lo que deben orinar y defecar en un tacho o en bolsas plásticas. El juzgado dispuso nuevamente el desalojo y clausura del lugar ya clausurado”, señalaron.

A través de un comunicado de prensa, el organismo insistió en que “la invisibilización de estas violencias, más las acciones misóginas y patriarcales que persisten en gran parte del poder judicial,  hacen que la tortura en las cárceles de mujeres sea moneda corriente. El castigo a las mujeres busca imponer una doble sanción: la pena prevista y la sanción moral. A modo de ejemplo podemos dar cuenta que todas las tareas laborales o de formaciones profesionales provistas por el SPB son relacionadas a la limpieza y la cocina, profundizando así la feminización de la pobreza. El sistema de encierro reproduce la violencia patriarcal y genera peores condiciones que las existentes para los varones”.

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