El programa Envión, que está destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de generar inclusión e igualdad de oportunidades, tiene el monto de la beca congelado desde hace dos años y está en niveles irrisorios. Además, organizaciones sociales denuncian salarios bajísimos y pésimas condiciones de trabajo para los coordinadores y coordinadoras. Afirman que hay “desprecio por la niñez y la juventud en la política pública”
En medio de la pandemia, las condiciones de desigualdad en el acceso a políticas públicas se agudizan al máximo. En ese contexto, organizaciones sociales de la Provincia que trabajan con niñez y adolescencia en los barrios populares denunciaron el alarmante estado de precariedad del único programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad destinado a este sector: el Programa Envión.
Se trata de una iniciativa destinada a niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El objetivo esencial es la inclusión, la contención, el acompañamiento y el diseño de estrategias que fortalezcan su estima, reparen y brinden igualdad de oportunidades. Entre los ejes que se trabajan a través del programa se encuentran la mejora de la inserción o reinserción en el sistema educativo, el favorecimiento de la inserción laboral, la accesibilidad a recursos de cuidado integral de la salud, la inclusión digital o el impulso de actividades artísticas, expresivas y deportivas.
Sin embargo, la situación de desfinanciamiento progresivo del Envión ya acumula alrededor de diez años y se encuentra en una situación crítica. En ese sentido, organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones el Lucha (FOL) y el Frente Arde Rojo (FAR), vienen manteniendo reuniones con las autoridades recientemente asumidas del mencionado Ministerio, para obtener una respuesta urgente que empiece a revertir esta situación.
Las organizaciones sociales son beneficiarias del denominado “Envión Comunitario”, que es sostenido por ellas mismas en sus espacios y con sus propios recursos. La infraestructura, el material didáctico y los salarios (del personal educador y administrativo) son solventados enteramente por las organizaciones. “Desde el Envión sólo se le asigna a las organizaciones un ingreso de $7.600 para pagar salarios de los equipos técnicos. Cada cual, a su vez, tiene que solventar de su bolsillo el pago del monotributo, y el de ingresos brutos”, explicaron.
Ese monto está congelado desde agosto del 2018. “Sólo en 2019 la inflación fue de 53,8% y en lo que va del 2020 ya alcanzó el 9,4%. Con salarios por debajo de la línea de la indigencia, se vuelve urgente la necesidad de actualizar los montos en este contexto”, plantearon trabajadores del Envión Comunitario a través de un comunicado.
Por otro lado, la beca que reciben los y las jóvenes está congelada desde hace más de 2 años en $800 o $400 (de acuerdo a si cobran AUH o no). “Pero además la cantidad de becas no alcanza para todxs lxs que participan de los espacios recreativos y formativos que impulsan estas organizaciones, por ello se viene sosteniendo una lucha por el aumento de becas pero también por el aumento de la cantidad de cupos”, remarcaron.
En una nota que estas organizaciones presentaron hace un mes en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a la Dirección de políticas del Cuidado, Niñez y Adolescencia, explican que “las becas han quedado por demás atrasadas en contextos de recurrentes escaladas inflacionarias y con una situación económica y social extremadamente crítica. Hace dos años que la beca no aumenta. Cuando surgió, en el 2010, era $350 y representaba el 23,3% del Salario Mínimo Vital y Móvil y actualmente, siendo $800, equivale a un 4,75%. Si la beca hubiera aumentado al ritmo del SMVyM en este momento tendría que ser de $3.900”.
Agregan que en este contexto de crisis “cada vez son más lxs jóvenes con necesidades básicas insatisfechas que se acercan a espacios comunitarios. La beca podría convertirse en un apoyo, pero las altas al programa se dan a cuentagotas”.
A todo esto se suma la pelea que vienen llevando adelante las trabajadoras y los trabajadores del Programa contra la precarización laboral. El funcionamiento del mismo si bien depende del Ministerio, es gestionado a partir de la firma de convenios con los municipios. Llevan “22 meses sin aumento de sueldo por parte del Gobierno de la Provincia. En la mayoría de los municipios las modalidades de contratación violan las leyes laborales, y funcionan en sedes que se caen a pedazos, y ponen en riesgo nuestra salud y la de los pibes que las transitan”, sentenciaron a través de un comunicado.
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