Decí alpiste

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Este texto integra la colección 50 Historias de juicios por la dictadura en Argentina (Tomo Blanco y Tomo Negro), editados por La Retaguardia.


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–¿Tiene algún vínculo, es acreedora, deudora, tiene amistad, enemistad con las personas que están aquí procesadas? 

–Que me impida decir la verdad, no. Vínculo, sí. Son mis victimarios.  

Es 17 de octubre de 2011. Nilda Eloy es la primera testiga que llama el Dr. Carlos Rozansky para que declare en el juicio que conocemos como Circuito Camps que se está llevando a cabo en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1, en la Ex-Amia, en calle 4. 

y aparece, 

con pelo largo hasta la cintura, 

cuelga la cartera en la silla, 

y mira fijo. 

Si pudiera se prendería un pucho. 

–No me es fácil declarar aquí, esta vez, porque el mío, como tantos otros testimonios que van a escuchar en este juicio, es el ejemplo de lo que significa el desguazar las causas, –dice– Yo a este juicio llego solamente por haber reconocido a un represor. Y a pesar de que hay una condena firme donde se reconoce que estuve detenida en el Centro Clandestino de Arana no formo parte de los casos por los cuales se están juzgando los hechos cometidos en Arana.  

La condena de la que habla es la del juicio Etchecolatz, de 2006. Miguel Etchecolatz fue el primer represor llevado a juicio oral y público en Argentina luego de la anulación de las Obediencia Debida y Punto Final. El juicio fue en el Palacio municipal de La Plata y condenó al ex policía a prisión perpetua por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani, y por la privación ilegal, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado. También fue hallado responsable por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en contra de Nilda Eloy y Jorge Julio López. 

Durante el juicio a Etchecolatz, el día en que sus abogadas debían alegar, desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López, que también había declarado y había aportado datos fundamentales para la condena. Nunca más supimos qué pasó con él. 

Pero pasan cinco años del juicio a Etchecolatz. Es 2011 y en el juicio Circuito Camps se juzgan los hechos de seis Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP), Comisaría 5ª de La Plata, Destacamento de Arana, Subcomisaría de Don Bosco “Puesto Vasco” en Quilmes, Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT1) en Martínez y la Brigada de Investigaciones de San Justo (BISJ).

Cuando Nilda declara, Etchecolatz asoma por detrás. Está sentado en la primera fila de bancos junto con los otros 25 imputados. Hay expolicías y exmilitares y, por primera vez, se está juzgando a un civil con rango de ministro durante la dictadura: Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense. 

–Una aclaración, –dice Rozansky antes de que empiece a hablar,– sabemos que usted estuvo en otros Centros que no son los que está investigando este juicio. Le vamos a pedir que los mencione pero que no dé detalles porque podría interferir con otras causas que van a llegar a este Tribunal. 

–Lo entiendo. Pero no voy a poder evitar nombrarlos porque es el lugar donde compartí cautiverio con aquellos compañeros que son caso en este juicio, –responde Nilda. 

Cuenta que fue secuestrada el 1 de octubre de 1976 a las doce de la noche, o el 2 a las cero horas, por un grupo  policial en la casa de sus padres, en la calle 56 entre 12 y 13 de La Plata. “Ese grupo irrumpió rompiendo la puerta en una casa chorizo. Todas las habitaciones daban a un patio y en ese patio se quedó la persona que estaba al mando del operativo, a quien muchos años después reconocí como Miguel Osvaldo Etchecolatz. A su lado, había dos personas. Ninguna de las tres entró a mi dormitorio, pero todo el tiempo que duró el operativo, estuve sentada en mi cama a la misma distancia que están ustedes hoy de mí. Una de esas otras personas la reconocí en el año 2005 y es Guallama, otro de los imputados en esta causa”, dice. 

Después de declarar Nilda va a dar una nota en la Televisión Pública: “El asunto es que lo que se juzga son pedacitos de causas. Eso es funcional al sostenimiento de la impunidad”, le aclara al movilero. 

*

2017. Nilda tiene 60 años y una enfermedad terminal. Muere el domingo 12 de noviembre. 

La despide toda la ciudad; Nora Cortiñas, compañerxs de AEDD la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, Justicia Ya, CeProDH, Apel, H.I.J.O.S. La Plata, Suteba Multicolor, y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. ATE se llena de fotos y banderas. 

*

2020. Pandemia de COVID-19. En octubre empieza un juicio distópico. Lo nombramos Brigadas. Usamos barbijos en los tribunales, en las redacciones y empieza a implementarse la virtualidad. Ahora los juicios se pueden hacer por videoconferencia. “De manera telemática”, dice la justicia. Los imputados, los jueces, abogados y querellas, todos ocupan un cuadradito del Zoom. Cada uno tiene el mismo tamaño. Las salas están vacías. No hay público ni abrazos; hay chat de YouTube. 

Se investigan los hechos que sucedieron en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, de Avellaneda; en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en Banfield, Quilmes y Lanús. 

Es 17 de noviembre de 2020. Cuarta audiencia del Juicio Brigadas. 

–Me comunico desde la Unidad 34 de Campo de Mayo. Quería comunicar que el interno Di Pascuale y el interno Etchecolatz se van a negar a estar presentes en la videoconferencia, –dijo una trabajadora del Servicio Penitenciario Federal ni bien arrancó la audiencia. 

Si bien los imputados tienen el derecho de no participar de las audiencias si los representa su defensa, el anuncio lo tendría que haber hecho el abogado que los patrocina, no una persona ajena al juicio. Guadalupe Godoy, una de las querellantes que representa a la Asociación por los derechos del Hombre, dijo que participar o no de la audiencia no era algo que podía quedar librado a la voluntad de los imputados. El juez dio lugar al anuncio de Etchecolatz y Di Pasuale. 

Antes de empezar, el Tribunal tenía que tomarle declaración indagatoria a Ricardo Armando Fernández. Fue el jefe del Grupo Actividades Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Argentino y, junto con Eduardo De Lío, no había participado de las indagatorias de las semanas anteriores porque alegaba no estar en condiciones físicas para poder hacerlo. El cuerpo médico forense hizo las pericias y determinó que podía participar del juicio. Pese a eso, y a tener detención domiciliaria porque fue condenado en el juicio de La Cacha, nunca se conectó. 

“En una audiencia presencial, esto no pasaría. Estaríamos esperando hasta que llegue el imputado”, dijo Godoy. Desde la querella de Justicia Ya!, también pidieron que el tribunal garantice la conectividad de Fernández, que sea trasladado a una comisaría cercana o al propio TOF1 para participar del juicio. “Estamos en DISPO, no en ASPO, teniendo los cuidados necesarios tendríamos que poder volver a la presencialidad de las audiencias”, dijo Pía Garralda, abogada querellante por Justicia Ya! “Queremos juicios reales. No se está garantizando un juicio real, apagan las cámaras o no están presentes. Años con juicios a cuentagotas y ahora, en este contexto de pandemia, lo sentimos con profunda preocupación”, agergó Luz Santos Morón. 

Muchos genocidas se quedan dormidos durante las audiencias. Otros leen el diario. Algunos apuntan las cámaras a cualquier lado; una vez vimos a un mickey de peluche. Otros directamente las apagan. 

Empieza la audiencia. Vamos a ver, de manera telemática, el testimonio que Nilda Eloy dio en el juicio Etchecolatz, en 2006. Nilda Eloy es caso de este juicio. Pero no está. Murió hace tres años. 

“Hoy llegamos a uno de los juicios por los cuales ella luchaba y esperaba de manera ansiosa. Me parece muy importante recuperar el testimonio de Nilda. Este testimonio que vimos hoy fue en un contexto muy duro;  fue el primer juicio en el que se juzgó a Etchecolatz. Fue la desaparición de López. En ese juicio se demostró cómo fueron los delitos sexuales para que se los tenga en cuenta como delitos de Lesa Humanidad, como parte del plan genocida”, dice Luz Santos Morón, abogada querellante de Justicia Ya! 

“Tuvimos el honor de ser sus abogadas, de formarnos con ella. Era nuestra confidente. Nosotras insistimos que, con protocolos, podemos participar del juicio de manera presencial y evitar todas las problemáticas que tuvimos por la virtualidad, que terminan siendo beneficiosas para los imputados”, dice su compañera, Pia Garralda. 

En ese testimonio Nilda cuenta que cuando la subieron al Dodge 1500 celeste, primero la llevaron a La Cacha, en La Plata. Que en el asiento de adelante iban Etchecolatz y Guallama. Después la trasladaron a Arana y al Pozo de Quilmes. Que la llevaron al Infierno, a -tal vez- el Vesubio en La Matanza, al Infierno de Avellaneda, a la Comisaría 3ª también de Avellaneda y la legalizaron en Devoto.  

También cuenta sobre delitos sexuales. Que la manoseaban con pancután. Que tenía el cuerpo ennegrecido, quemado por la picana y con el pancután la curaban. Que la torturaban si necesitaban que otros detenidos escucharan gritos de mujer, haciéndola pasar por sus esposas o hijas. Que desde el 1 de noviembre de 1976 hasta el 31 de diciembre de ese año fue la única mujer detenida desaparecida en El Infierno. Que la violaron muchas veces. Que en el Juicio por la Verdad reconoció la voz de la persona que la violaba; el cabo de guardia. Que era Miguel Ángel Ferreyro. Que tenía un anillo cuadrado muy grande y que con eso le pegaba. Que en el juicio, cuando fue a decirle a los jueces que lo había reconocido, se dio cuenta que tenía el anillo puesto. Y que en la audiencia siguiente se lo sacó, pero seguía teniendo la marca. 

Alguna vez de todas las veces que declaró Nilda dijo: “Es necesario juzgar los delitos sexuales como prácticas sistemáticas, no subsumidas a los delitos generales. No creo que nadie tenga una erección y pueda violar a una detenida sólo porque lo dice un superior”. 

*

2021. Juicio Garachico. Decidimos nombrarlo así porque creemos que hay que visibilizar al imputado y porque no es Arana 2. Garachico es una causa residual.   

Es la n° 61/2013: “Garachico, Julio Cesar y otro sobre privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, homicidio agravado por ejercicio de 2 o más personas”. Y el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, está conformado por los jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris. Durante 17 audiencias se juzgan los hechos que sucedieron en los predios de Arana cercanos al Destacamento, que fueron excluidos del juicio cuando la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que de acuerdo a los testimonios, habrían funcionado en Arana cuatro centros clandestinos: el  Destacamento de Policía, ubicado en 640 y 131; “Campo de Arana” o “La Casona”, que está en lo que hoy son las instalaciones del Regimiento de Infantería 7; “Cuatrerismo” cercano al aeropuerto que habría estado en inmediaciones de la 610 y 16, distante unos 500 mts de la calle 7 y  “El Pozo”, que se encontraría en los terrenos del hoy Vivero “Ferrari Hnos”. 

En el juicio Garachico vemos la declaración de Nilda en el juicio Circuito Camps, en 2011. Y dice: 

“En Arana tenía la sensación de que el calabozo daba a un lugar central más grande, donde escuchaba las torturas. En ese lugar había mucha gente. Sentía los gritos de la tortura en forma permanente. Pero fueron liberando a todos y me quedé sola. En ese lugar se decidió lo que pasaría con mi vida en los siguientes tres años. Un día alguien vino y me dijo: 

–Decí alpiste. 

Cuando logró que yo lo dijera, me dijo: 

–Perdiste. 

Y me contó que me habían tachado de la lista, o algo por el estilo. El asunto es que yo no salí. 

En estos días recordé mucho estas palabras. Creo que la justicia me está diciendo lo mismo, a mí, a Jorge López o a las más de 95 personas que están identificados con nombre y apellido, que pasaron por el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de Arana y que no son caso en esta causa. 

Nos dijeron perdiste y quedamos para otra oportunidad. 

Nos dijeron perdiste y quedamos para otro juicio”. 

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Traficante de stikers. Julia no se acuerda cuando decidió convertirse en periodista, pero a los 11 años escribió un cuento: un fideo de barrio armaba una revolución en la alacena para no morir en la olla. Ella cree que ahí empezó todo, y puede que tenga razón. Nació en Bahía Blanca, una ciudad donde hay demasiado viento, Fuerzas Armadas y un diario impune.
En 2012 recibió un llamado: al día siguiente se fue a Paraguay a cubrir el golpe de Estado a Fernando Lugo. Volvió dos meses después, hincha de Cerro Porteño y hablando en guaraní. Trabajó en varios medios de La Plata y Buenos Aires cubriendo géneros, justicia y derechos humanos. Es docente de Herramientas digitales en ETER y dio clases en la UNLP y en la UNLZ.
Tiene una app para todo, es fundamentalista del excel e intenta entender de qué va el periodismo en esta era transmedia.

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