El organismo criticó duramente al operativo de las fuerzas de seguridad, que actuaron “por fuera de cualquier margen razonable”
La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe a la Cámara de Diputados de la Nación en la cual, entre otros pedidos, reclamó que se tomen medidas para impedir la reiteración de lo que denominó “un verdadero operativo represivo”, en relación a los violentos hechos sucedidos durante la última semana en inmediaciones del Congreso cuando se debatía la Ley “Bases” impulsada por el gobierno.
“Frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el Gobierno Nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación. Sin embargo, el registro de los hechos de represión demuestran que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”, señalaron desde la CPM.
En el marco de las tareas desplegadas con el objetivo de monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad durante los tres días de manifestación, el organismo relevó “una gran cantidad de hechos de violencia contra manifestantes, ocasionados principalmente por el uso indiscriminado de gas pimienta u otros químicos, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones o ‘tonfas'”.
De acuerdo al informe, el operativo desplegado por la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires finalizó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; y al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos agredidos.
Particularmente en relación a los ataques a trabajadores de prensa y defensores y defensoras de derechos humanos, la CPM calificó a estos hechos como “particularmente graves y contrarios a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal”.
Por último, la Comisión alertó que en caso de aprobarse el capítulo de la Ley “Bases” que propone modificaciones en el Código Penal previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, “se consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes”.
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