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martes 02-07-2024

Condenaron a dos jefes de Ford por delitos de lesa humanidad

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín demostró con su sentencia histórica la complicidad empresarial en la dictadura cívico militar. Apuntaron contra la organización de los obreros del cordón industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires

La fábrica automotriz Ford, ubicada en Pacheco -zona norte del Gran Buenos Aires-, contaba con unos 7.000 obreros y una Comisión Gremial Interna muy fuerte desde principio de los `70 por lo que no fue casualidad el ataque a ese sector. Durante la última dictadura cívica militar de nuestro país, en el Quincho de la empresa funcionó un centro clandestino de detención, donde se secuestraba y torturaba a los trabajadores.

Cuarenta años después de los hechos se vislumbra la memoria, verdad y justicia. Esta mañana, a sala llena y calle copada por militantes, se festejó la condena a los dos jefes y un militar involucrado en los delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores, quienes figuran en la causa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín condenó a Pedro Müller, ex jefe de manufactura en ese momento a 10 años de prisión; al exjefe de seguridad de la empresa, Héctor Sibilla, a 12 años de prisión; y también al militar Santiago Omar Rivero, condenado a 15 años.

Más allá de ser penas bajas -25 años pidió la querella y la fiscalía-, se trata de una condena histórica porque por primera vez en la historia señalan civiles jerárquicos de una multinacional como participes directo en este genocidio, y no solamente como cómplices del plan sistemático.  Müller y Sibilla se les atribuye permitir la instalación de un centro clandestino en la fábrica y señalar a los trabajadores que debían ser secuestrados y torturados; los denominados “entregadores”.

A pesar de que los jueces pidieron el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes, por los años de los imputados fueron habilitados a domiciliaria. En el debate también se conocieron otros responsables que murieron impunes, como Nicolás Courard, expresidente de la empresa y Guillermo Galarraga, exgerente de Relaciones Laborales.

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