Lo acusan de apología del delito, racismo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Guillermo Montenegro encabeza una campaña contra los “trapitos” e instala las armas químicas
A fines del año pasado, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dirigió su política represiva para con las personas que cuidan coches en la “feliz”. En la misma línea del gobierno PRO de la Ciudad de Buenos Aires de querer “limpiar las calles” comenzó una cacería y persecución contra las personas que viven en situación de calle y/o cuidan coches. La patrulla municipal es la encargada de acercarse y desalojarlas. En los últimos días se conoció un video donde un integrante del área de seguridad golpea a un cuidacoche que habían detenido.
Ante el incremento de la violencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata se presentaron en la Fiscalía General de la ciudad balnearia. Allí denunciaron penalmente a Montenegro y sus funcionarios de la secretaria de Seguridad local y solicitaron una investigación exhaustiva sobre la posible comisión de delitos y su apología, racismo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según afirmaron desde la CPM, hubo varios funcionarios municipales que ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Los funcionarios, con la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales como requisar en la vía pública y demorar a las personas.
A ello se le suma los dichos de Montenegro a través de sus redes sociales quien expresó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos. El 21 de enero difundió el video de la detención de un joven en situación de calle detenido y agredido por personal de la patrulla municipal y aseguró: “Cuando se dice basta, es basta. Andá a boquear a la autoridad en otro país… Terminás preso o abatido”.
“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales”, señalaron desde la CPM y la APDH Mar del Plata en su denuncia penal.
A su vez, agregaron que “la exaltación (por parte del intendente) de este tipo de accionar de los agentes municipales, que implica la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales, es una provocación fundada en el odio y desprecio a las personas en una situación de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Mar del Plata”.
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“A esas personas son las que el estado municipal debe prestar aún más atención y velar por el cumplimiento de sus derechos básicos”, subrayó la CPM en su denuncia en la que define lo que viene sucediendo en Mar del Plata como violaciones de derechos humanos y de violencia estatal.
USO DE ARMAS QUÍMICAS
Otra política represiva del intendente Montenegro es la habilitación del uso de armas químicas para sus agentes de la patrulla municipal. A mediados de diciembre, el municipio formalizó la compra de 40 armas químicas que portaran estos trabajadores de la Secretaria de Seguridad, quienes no están aún preparados para manipularlas.
Se tratan de pistolas que disparan proyectiles químicos que supuestamente paralizan a las personas, aunque tienen una potencia mayor que el conocido gas lacrimógeno. El municipio gastó $58 millones de pesos para la compra de 30 pistolas cortas, 10 armas largas y unas 1.000 municiones.

El 28 de noviembre Montenegro encabezó la presentación de las armas donde aseguró que las mismas serán utilizadas exclusivamente para “combatir a los violentos en nuestra ciudad”. Al mismo tiempo sostuvo que quien no respete las normas en los espacios públicos “van a tener consecuencias”.
Las pistolas fueron compradas a la empresa estadounidense Byrna, son de la misma compañía de la firma Bersa. El intendente afirmó que estas armas iban a empezar a usarse en la segunda quincena de enero con un protocolo de uso. Sin embargo, todavía no se difundió cómo se deberían usarse. Entre medio de las denuncias y polémicas de la violencia de los agentes de la patrulla municipal hubo un fuerte cuestionamiento porque son ellos mismos quienes portaran las armas químicas.
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