El expediente ingresará hoy en el Concejo Deliberante. La Municipalidad tiene planeado realizar una serie de jornadas abiertas a vecinos y organizaciones. Los cortes de calle, la venta ambulante, los grafitis, la publicidad en vía pública, la zona roja, el tránsito, el acoso callejero, los residuos y la problemática ambiental, entre los principales puntos que aborda de la normativa
Tal como había anunciado el intendente Julio Garro en el inicio de las sesiones del Concejo Deliberante de este año, uno de los objetivos de su gestión para 2018 era sancionar un nuevo Código de Convivencia (que reemplace al actual Código Contravencional), en la búsqueda de establecer una serie de políticas sobre la utilización del espacio público.
Después de varios meses de girar por los despachos de distintos secretarios del gabinete, el proyecto será ingresado hoy en el cuerpo deliberativo para su tratamiento en las comisiones. Al mismo tiempo, el Municipio anunció que desarrollará una serie de debates públicos, con la intención de que los vecinos de la ciudad intervengan con aportes a la iniciativa.
Estas charlas tendrían la modalidad de talleres y se realizarán dividiendo la ciudad en cuatro: Casco Urbano, norte, sur y oeste. Se desarrollarán de martes a viernes, separando los temas que aborda el código en tres ejes: convivencia sana; contaminación ambiental, sonora y visual; convivencia en calles y espacios públicos; y convivencia con animales y vegetación.
El proyecto que presentará la gestión municipal, al que tuvo acceso Pulso Noticias, contiene 244 artículos separados en tres partes. Algunos de los puntos que aborda tienen que ver con los cortes de calle, la venta ambulante, los grafitis, la publicidad en vía pública, la zona roja, el tránsito, el acoso callejero, los residuos y la problemática ambiental.
En lo referente a las manifestaciones, el artículo 144 establece que las mismas deben realizarse por las veredas, y afirma que “cuando por la cantidad de personas participantes” (sin especificar un número) se necesite utilizar la calle, se deberá dejar un carril libre. En ese sentido, prohíbe expresamente cortar totalmente la circulación de autos. En caso de que la protesta se dirija a la Municipalidad, se deberá solicitar permiso 48 horas antes, y la administración comunal garantizará el acceso a la explanada con una tarima y un sonido. El incumplimiento de estas normas puede tener una pena de entre $8.650 y $173.000, o también el arresto de hasta 30 días.
A su vez, los artículos 179, 180 y 209 prevén sanciones para la venta callejera o ambulante que oscilan entre los $3.460 y los $346.000. De hecho, la Secretaría de Espacio Público y Gestión Ambiental abrió la convocatoria para incorporar 50 nuevos inspectores previendo la sanción de la nueva normativa, ya que implicará el crecimiento de los controles en la calle. Estos nuevos agentes también tendrán que observar los incumplimientos a los puntos referidos a la poda de árboles, que quedará prohibida sin la autorización correspondiente y pasible de ser sancionada con hasta $346.000 de multa.
Además, el proyecto prohíbe la oferta de “servicios sexuales” en la vía pública, estableciendo sanciones de entre $17.300 y $155.700 o la pena de arresto por 15 días, lo que afectará directamente a las personas trans y travestis que trabajan en la zona roja. También la normativa apuntará contra los limpiavidrios, ya que sanciona a quien “ofreciera cualquier servicio a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos”.
De la misma forma, el trabajo de los cartoneros será otro de los ejes de debate ya que el Código prohíbe totalmente la “tracción a sangre”, cuestión que ya es motivo de controversia con el sector, que hoy denunció los operativos municipales que les secuestran los caballos sin darles otras alternativas para realizar sus labores .
Los grafitis o cualquier tipo de pintada también estarán terminantemente prohibidos, con penas que pueden llegar hasta los $259.500 y/o arresto de hasta 15 días; de la misma forma que las pancartas o pasacalles en la vía pública (incluyendo la referida a la propaganda electoral).
La iniciativa también establece sanciones para locales, comercios e industrias que incumplan con las normativas vigentes en términos de seguridad y ambientales, como así también para los organizadores de eventos en espacios públicos. Incluso, en este último caso se los obliga a dejar el lugar utilizado en “perfectas condiciones de higiene y limpieza”.
También el proyecto prevé multas para quienes ejercieren prácticas de acoso callejero que van desde los $173.000 hasta los $432.500, y pueden incluir el arresto de hasta 35 días en caso de que la persona agredida sea una mujer, que la agresión haya sido realizada por dos o más personas, o que se realice mediante la propagación de imágenes o grabaciones no consentidas.
En otro orden, la nueva legislación apunta a incrementar multas al transporte ilegal, además de establecer reglas precisas para la circulación de taxis, remises y colectivos. A su vez, en lo referente al tránsito, se prevén sanciones para la “doble fila”, marcha a contramano, incumplimiento de estacionamiento medido, entre otros aspectos.
Se espera que la iniciativa genere una profunda discusión dentro del Concejo Deliberante pero también por fuera, ya que habrá presentaciones de organismos de derechos humanos por la posible vulneración del derecho a la protesta, así como también de gremios, organizaciones sociales y colectivos representativos de los sectores que la normativa afecta.
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