La CIDH ordenó al Estado argentino que garantice atención médica para un detenido de la U9

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Se trata de una resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo de amputación que sufre Mariano Javier Oteiza Hernández

Ante la falta de atención médica del Servicio Penitenciario Bonaerense para con Mariano Javier Oteiza Hernández, alojado en la Unidad 9 de La Plata, y una posible amputación de su pierna, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio 15 días al Estado argentino para que adopte las medidas necesarias.

El hombre de 40 años tiene un diagnóstico, desde 2021, de pseudoartrosis en la pierna izquierda y osteomielitis crónica, entre otras graves afecciones, y la falta de atención sanitaria, entrega de medicamentos, atención de profesionales adecuados hizo que su salud empeorara. Por tal motivo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó intervención y /realizó diversas presentaciones judiciales y administrativas que no tuvieron la respuesta que la gravedad del caso amerita, y el pasado 27 de mayo presentó el caso ante la CIDH.

Luego de varios meses de análisis, el último 11 de septiembre la CIDH confirmó -a través de la Resolución 63/2025- que Oteiza Hernández se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable”.

Según informó la Agencia Andar, la CIDH ordenó al país que se le proporcione el tratamiento médico prescrito de forma oportuna y adecuada, así como la gestión efectiva de los turnos médicos requeridos; que se acuerden las medidas a adoptarse con Oteiza Hernández y su representante; y se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

Para el cumplimiento de esta resolución, la CIDH dio al Estado 15 días consecutivos para que informe de manera fehaciente sobre la adopción de medidas cautelares requeridas y actualice esa información de forma periódica.

¿CUÁL FUE EL TRATAMIENTO BRINDADO?

Andar relató que Oteiza Hernández tuvo un accidente que le provocó fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. En enero de 2021 le realizaron tres cirugías en el Hospital Sanguinetti de Pilar pero luego ya no fue trasladado para distintos turnos de tres cirugías adicionales que habían sido programados en el mismo hospital.

Al no recibir el tratamiento correspondiente, atravesó momentos donde él mismo debía hacerse las curaciones con escasos insumos médicos, y su cuadro clínico empeoró. Tuvo infecciones recurrentes, osteomielitis crónica y fístulas con tejido óseo visible por donde le empezó a salir gran cantidad de pus. El 17 de enero de 2023, después de dos años de espera, fue internado en el Hospital Sanguinetti y sometido a nueve intervenciones quirúrgicas que mejoraron la salud de su pierna pero, por falta de medicación y asistencia médica en la UP 46 de San Martín a la que había sido trasladado luego de las operaciones, volvió a deteriorarse su situación.

El 19 de julio del mismo año la CPM alertó que Mariano fue trasladado al Hospital Bocalandro, donde le advirtieron que la infección había comprometido el tejido óseo por lo que la pierna, una vez más, corría riesgo de amputación. Por eso, a finales de 2023 fue trasladado a la Unidad Penal 9 con el objeto de que pudiera recibir atención médica integral. Sin embargo, en esa unidad carcelaria no se resolvió la provisión de medicamentos y la asistencia médica sino que empeoró ya que no tenía una cama. Además, sufrió agresiones físicas y verbales por parte del subjefe de la UP 9.

En las últimas semanas, la CPM realizó una nueva visita donde constató la persistencia de su afección principal en la pierna izquierda, sumado a otros problemas como la aparición de sangre en sus heces, hemorroides, “manchas blancas” en la visión y entumecimiento y calambres en ambas piernas.    

Según el último Informe Anual 2025 de la CPM, “El Sistema de la Crueldad XIX” presentado recientemente, de las 286 personas fallecidas en cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y con monitoreo electrónico, 9 de cada 10 fueron por esta causa. Una de los principales reclamos del organismo al Gobierno de la provincia de Buenos Aires es el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la órbita del Ministerio de Salud bonaerense para integrarse en un pie de igualdad con la política sanitaria pública.

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