En 2009, Roxana Vega y Alejandro Disalvo preguntaron en una reunión si el cura tenía una causa penal. A los pocos meses recibieron un allanamiento en su casa y por orden del juez Mateos y el fiscal Romero les secuestraron la computadora familiar. Ahora, con la aparición de más denuncias, se desvanece impunidad y protección judicial que el párroco supo tener
El cura Eduardo Lorenzo no sólo abusó de menores, según ya relataron cinco víctimas en la causa judicial que se tramita en la UFI 1 a cargo de Ana Medina, sino que también amedrentó a quienes intentaban develar la verdad. Así les sucedió en 2009 a Roxana Vega y a Alejandro Disalvo, quienes tienen tres hijos que concurrían al Colegio Concilio Vaticano II de Gonnet y estaban en contacto con el cura de la parroquia de ese momento.
Tal como lo informó este medio en febrero del corriente año, al enterarse de la denuncia, lo platearon en una reunión de madres y padres del colegio y desde ese momento debieron lidiar con el poder judicial y con el mismísimo Lorenzo. El 26 de mayo de 2009 fue ese encuentro, y el 9 de julio Alejandro recibió una carta documento del párroco donde lo intimaba a que ratificara o rectificara los dichos planteados: “Ud. habría manifestado: ´El padre Eduardo tiene una causa por abuso de menores´”.
“No lo podíamos creer”, dijo Alejandro. Sorprendido por la situación, respondió con otra carta documento, rechazando que esas hayan sido sus palabras y manifestando sus palabras textuales de la reunión: “el padre Eduardo tiene una causa penal Nº 25.601 en la Fiscalía Nº1”.
Entonces, empezaron a enviar mails difundiendo lo grave y preocupante que era tener cerca de sus hijos a un cura denunciado por abusos sexuales agravados. Al año siguiente, el primer día hábil del ciclo lectivo recibieron patrulleros de la Policía Federal y la Policía Bonaerense en su casa, con orden de allanamiento en mano. En ese momento se enteraron que habían sido denunciados por el cura Lorenzo en la causa Nº 529 (IPP Nº 22899/09) radicada en el Juzgado de Garantías en lo Penal Nº5 de La Plata, a cargo del juez Jorge Mateos, quien ordenó al fiscal Marcelo Romero (gran amigo de monseñor Héctor Aguer) secuestrar “cualquier tipo de computadora desde donde se hayan enviado mensajes mediante correo electrónico de tono amenazante y extorsivo”.
“Justo nos devuelven la computadora hoy, cuando se conoce la aparición de una quinta víctima, lo que expresa que estábamos en lo cierto”, reflexionó Roxana ante Pulso Noticias. Y resaltó que “fue un apriete” lo que les hicieron. “Recién hace seis meses se peritó la computadora; hasta el día de hoy nunca me dejaron ver la causa”, remarcó.
En tanto, Alejandro manifestó que sufrieron “aprietes, allanamientos, amedrentamiento y persecución por decir la verdad. Verdad que hoy está a la vista, ya son cinco las víctimas que declararon en ´su causa penal´ y que son parte de cientos de víctimas de este monstruo”. Además, afirmó: “espero que la justicia actúe y caiga sobre él, con todo el peso, como lo hizo con nuestra familia”.
La pareja estuvo esta tarde presente en la conferencia de prensa de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina donde se detalló la declaración de la quinta víctima del excapellán penitenciario.
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