El Senado de la Nación debatirá hoy viernes la reforma del régimen penal juvenil que propone el gobierno, para la bajar la edad de punibilidad a los 13 años. En paralelo, se terminará de tratar y aprobar la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Marchas en todo el país y el análisis de la Mesa de Articulación de Niñez
Organismos de derechos humanos, especialistas y organizaciones sociales advierten que se trata de un nuevo avance punitivo en un contexto de fuerte recorte social, respecto al intento del gobierno de aprobar hoy la baja de edad de punibilidad.
En la previa del debate, Amnistía Internacional Argentina se pronunció públicamente contra la iniciativa oficial. A través de su cuenta en la red social X, el organismo sostuvo que “bajar la edad de punibilidad contradice principios básicos del derecho penal y excluye a adolescentes”, y advirtió que el encarcelamiento temprano “cierra oportunidades educativas y laborales y, lejos de prevenir, profesionaliza la violencia”, en un país donde “la mitad de niños y niñas vive en la pobreza”.
Un proyecto cuestionado por especialistas y organizaciones
El dictamen que se tratará en el recinto retoma proyectos de régimen penal juvenil que incluyen la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente fijada en 16 años. Según el Gobierno, la reforma permitiría “dar respuestas” frente al delito juvenil. Sin embargo, distintos sectores señalan que el diagnóstico es erróneo y que la iniciativa no se apoya en evidencia empírica.
Desde la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia —un espacio que nuclea a organizaciones sociales, académicas y activistas— advirtieron que durante 2024 solo el 0,01% de niños, niñas y adolescentes tuvo intervención judicial por causas penales, y que la participación de menores de 16 años en delitos graves es estadísticamente marginal. “El delito adolescente no constituye una emergencia nacional”, señalan, y remarcan que ya existen herramientas legales para intervenir en casos de conflicto con la ley penal.
Hace semanas atrás armaron un video donde profundizaron los stándares mìnimos para pensar el régimen penal juvenil.
Más Estado penal, menos Estado social
Uno de los puntos más criticados del proyecto es el sesgo presupuestario. La implementación del nuevo régimen punitivo prevé una partida superior a los 23 mil millones de pesos, un monto que, según las organizaciones, contrasta con el desfinanciamiento de políticas de protección integral de derechos. En los últimos dos años, programas vinculados a salud, educación y niñez sufrieron fuertes recortes, mientras aumentaron las partidas destinadas a seguridad e inteligencia.
En ese marco, distintos organismos advierten que bajar la edad de punibilidad no solo no previene el delito, sino que profundiza la criminalización de la pobreza y expone a adolescentes a sistemas de encierro que ya fueron cuestionados por organismos internacionales por sus condiciones de detención y vulneración de derechos.
Un debate exprés y un clima de avance regresivo
El tratamiento de la reforma penal juvenil se dará en sesiones extraordinarias, una modalidad que también fue cuestionada por especialistas debido a la sensibilidad del tema y a la falta de un debate amplio y profundo. Para las organizaciones firmantes de la carta elevada al Senado, la iniciativa tiene un fuerte componente mediático y funciona como “cortina de humo” frente a los problemas estructurales que atraviesan a las infancias y juventudes.
La jornada parlamentaria se completa con la aprobación de la reforma laboral, otra de las iniciativas centrales del Gobierno, que también genera rechazo en sindicatos y sectores sociales por su impacto sobre derechos adquiridos.
En este contexto, las críticas convergen en una misma idea: el avance de un modelo que prioriza el castigo y el ajuste antes que la ampliación de derechos. “Los derechos de las víctimas y los de las infancias no son derechos en conflicto”, sostienen desde las organizaciones. “Los pibes no son peligrosos: están en peligro”.
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