Asociaciones de defensa al consumidor se reunieron hoy en la ciudad para coordinar acciones que permitan frenar el incremento, que podría llegar hasta un 146%. Afirman que se trata de una “estafa” y que “la economía familiar no resiste otra suba”. Pedirán la nulidad de la audiencia pública.
Por David Barresi
“Es un incremento tarifario impagable. La economía familiar, que está en una virtual quiebra, no resiste otro aumento”, afirmó hoy con preocupación Roberto Daoud, Secretario de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), al abrir la conferencia de prensa que realizaron en conjunto varias de las entidades que participaron el martes de la Audiencia Pública en la que se debatió sobre la suba semestral de las facturas de gas que debe aplicarse a partir de octubre.
Según indicaron, la propuesta de aumento de los valores presentada por las empresas distribuidoras (entre ellas la que opera en la región, Camuzzi Gas Pampeana) es lisa y llanamente una “estafa”. La razón es que al estar dolarizadas las tarifas, por la Resolución 212 emitida por el Gobierno en 2016, las compañías buscan que la devaluación registrada en las últimas semanas la terminen pagando los usuarios. Sin embargo, en la audiencia esto fue ocultado.
Camuzzi presentó un aumento del 29% en lo referente al segmento de la factura que involucra la distribución y el transporte. Sin embargo, el mayor componente que pagan los usuarios dentro de la boleta no es este, si no el que está vinculado al valor del gas en boca de pozo. En ese rubro, la empresa informó que el incremento oscilará entre el 62% para el sector de menor consumo y de 20% para los usuarios que más consumen (que son un 5% del total). Pero acá está la trampa.
“Este cuadro tarifario es anunciado por Camuzzi en la audiencia pública pero no está acordado con los productores de gas”, explicó el titular de Deuco, Pedro Bussetti. Esto es porque según el convenio semestral, las distribuidoras tienen que pagar a las petroleras (productoras) el precio del gas al valor dólar vigente al momento de abonar el pago, que se realiza 75 días después de adquirido el producto. El último acuerdo de precios realizado en abril pesifica el valor del gas a un valor de $20,34 por dólar, pero ahora cuesta el doble, y esa diferencia genera una deuda acumulada que es la que busca que paguen los ciudadanos.
“Camuzzi presenta este cuadro que es menor al que realmente presenta en el expediente donde incluye el valor del gas en boca de pozo de acuerdo al contrato vigente, donde incluye la deuda acumulada, que se la quiere hacer pagar a los usuarios. Ese cuadro tarifario da como resultado que el metro cúbico en la categoría más baja pasa a ser de $12,84, lo que significa un aumento para ese segmento que alcanza el 170%”, afirmó e indicó que ese precio puede llegar a tener una influencia en la factura de hasta un 146%, y no de 62%.
A modo de ejemplo, un usuario de la categoría más baja, con un consumo relativamente menor, que en agosto pagó por mes $377, si se aplica este incremento pasará a abonar una factura de $927,42. “La imposibilidad que tiene la gente para pagar cada día es más grande. Esto es una decisión política, este Gobierno convirtió a los servicios en un lujo”, afirmó a su turno Andrea Manzi, representante de la Red Nacional de Multisectoriales contra el Tarifazo.
Por su parte, el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, destacó: “La dolarización nos puso en una situación crítica. El cuadro tarifario se fija semestralmente, y la última vez se hizo con un dólar a $20,34, pero las distribuidoras van pagando el gas día a día en base a la cotización del cierre del día anterior. Esto significa que las distribuidoras han pagado el gas al valor del dólar y han acumulado lo que se llama Diferencias Diarias Acumuladas, y ese es el paquete que tratan de transferir a los consumidores. Para ellos la gran discusión es si nos cobran esa diferencia a valor dólar en 6 meses o 24 meses”.
Una audiencia que hizo agua
Todas las asociaciones presentaron pedidos para que se declare nula a la audiencia del martes, dado que las irregularidades estuvieron a la orden del día. “Se vivió la ausencia total del Estado nacional. No contamos con la presencia del Ministro, ahora Secretario, de Energía Javier Iguacel. No hubo ningún informe de situación del Estado nacional como sucedía en todas las audiencias públicas, llegando al extremo de que tampoco fue el representante de YPF, la petrolera de bandera y principal productora de gas del país”, remarcó Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
El ahora ex juez Luis Arias, también presente en la conferencia de prensa, y que supo en su momento fallar contra aumentos de tarifas considerados injustos, afirmó que mientras buscan que los usuarios paguen el costo de la dolarización y la devaluación “las empresas energéticoas están ganando sumas exhorbitantes. Sus acciones han crecido en algunos casos hasta un 600%”.
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