La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual, donde denuncia la existencia de un récord en la cantidad de detenidos que se encuentran en total hacinamiento, y con un severo agravamiento de las condiciones de detención. Por primera vez, el Ministerio de Justicia no informó la cantidad de muertes de personas privadas de su libertad
Los informes anuales del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) suelen mostrar desde hace 12 años la dura realidad que se vive en las cárceles bonaerenses. Sin embargo, las propias autoridades del organismo reconocieron que el de 2017 es el registro más cruento, ya que los datos dan cuenta de una aguda crisis humanitaria dentro de las prisiones de la Provincia.
“Si se violan los Derechos Humanos la democracia se debilita y deja de ser democracia”, afirmó hoy el premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel, al abrir el acto de presentación del mencionado documento, realizado ante una multitud en el edificio anexo del Senado de la Provincia. En ese marco, reconoció que “es cierto que aumentó el delito, no tenemos que negarlo. Pero el propio jefe de la Policía Bonaerense (Fabián Perroni) dijo que tiene que ver con que aumentó el hambre. Y el hambre es un crimen. Tenemos que terminar con el hambre, la desocupación y la pobreza”.
Por su parte, la directora general de Áreas e integrante de la Mesa Ejecutiva del organismo, Sandra Raggio, señaló que la situación en la que se encuentran las cárceles bonaerenses es “consecuencia de las políticas de seguridad basadas en el manodurismo, que se instaló en la Provincia de Buenos Aires desde hace 20 años. No ha habido ningún gobierno que tenga la decisión política de revertirlo. Es una política que encarcela a los pobres, más específicamente a los jóvenes varones pobres”.
Hacinamiento, tortura y muerte
Según los datos del informe, en diciembre de 2017 la cantidad de personas detenidas ascendía a 43.094, ya sea en cárceles, alcaidías, sistema de monitoreo electrónico o comisarías (un 10,4% más que el año anterior). Esto significa un índice de prisionización de 253 personas cada 100.000 habitantes, el más alto desde 2007 (que expresa un 9% más que el año pasado). De los 78 puntos que creció la tasa de detención en los últimos 10 años, 37 corresponden al periodo 2016-2017.
A su vez, en la presentación se señaló que el nivel de prisionización sigue en aumento durante este año, dado que en junio de 2018 – es decir, en apenas seis meses- aumentó a 45.782 la cantidad de personas detenidas, lo que significa 266 cada 100.000 habitantes.
Volviendo a los datos de 2017, del total de los detenidos, hay 38.320 que se encuentran en cárceles y alcaidías que en total reúnen 20.071 plazas. Esto marca un 91% de sobrepoblación, la más alta desde 1996.
Por otro lado, en comisarías hay 3.097 detenidos en apenas 1.040 camastros, lo que implica un 197% de sobrepoblación. Cabe recordar que la resolución 642 emitida durante el gobierno de Daniel Scioli en 2014 autorizó el uso de comisarías (incluso las ya inhabilitadas) para alojar personas. El documento de la CPM señala que entre mayo de 2016 y diciembre de 2017 la cantidad de personas detenidas en estos espacios se incrementó en 858, lo que significa un aumento del 38,3% (en los mismos meses la ocupación en cárceles y comisarías alcaidías creció un 14%).
En tanto, también se remarca que “la sobrepoblación en comisarías se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100% y con una tendencia al aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200%. El hacinamiento crítico se conjuga con la poca o mala calidad de la alimentación, nulo suministro de elementos de higiene y abrigo, falta o deficiente acceso a la salud”. Además, se registraron 1.269 personas detenidas en comisarías inhabilitadas.
El informe aborda la situación de las mujeres destacando que entre 2002 y 2017 creció el 197,6% la cantidad de detenidas, alcanzando el número récord de 1.744. “La persecución penal a mujeres y personas trans nunca implicó adecuar las condiciones de detención considerando sus necesidades específicas”, señala.
En otro orden, de los 1.424 jóvenes detenidos, el 5,3% son niños de entre 13 y 15 años. Pero mientras esto sucede, desde la CPM advierten que casi la mitad de los municipios de la Provincia no tienen programas propios para niñez y adolescencia, y que sería necesario que existieran 2,5 veces más servicios locales (órganos dedicados a atender las problemáticas de este sector de la población) que los que existen en territorio bonaerense.
El coordinador de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García, informó además que por primera vez el Ministerio de Justicia de la Provincia, a cargo de Gustavo Ferrari, no informó la cantidad de muertes sucedidas en cárceles y alcaidías. En ese sentido, señaló que el relevamiento realizado por el organismo arroja un número de 134 para 2017, a las que se agregan 22 personas fallecidas dentro de las comisarías.
En cuanto a las denuncias registradas por la CPM, el coordinador señaló que se duplicaron el año pasado, registrándose 16.900 situaciones que expresan el agravamiento de las condiciones de detención: agresiones físicas, falta de acceso a la salud, aislamiento, frío y hambre, requisas permanentes y vejatorias, y traslados constantes.
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