El gremio de los judiciales presentó un proyecto ante las autoridades provinciales para elevar la participación del presupuesto judicial en el corto plazo. Conoce el detalle de su análisis
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), liderada por Hugo Russo, planteó que la provincia debe fijar un sendero de recuperación presupuestaria que garantice al menos el 7% del total provincial para el Poder Judicial. A través de los informes elaborados por su Centro de Investigación y Formación (CIyF) realizó la presentación ante autoridades provinciales de un proyecto de presupuesto 2026 en el cual advierte que resulta imprescindible elevar la participación del presupuesto judicial al 5% en el corto plazo y recuperar el histórico 7%. Éste último rigió durante los años 80, y hoy lo proponen como un horizonte mínimo para revertir la crisis estructural que afecta al servicio de justicia.
Según detalló la AJB, en los años 2002 y 2003 el presupuesto judicial representaba algo más del 5% del total provincial, en el trienio 2021-2023 cayó por debajo del 4%. “Este retroceso no es una cuestión meramente contable: se traduce en oficinas colapsadas, trabajadores y trabajadoras sobrecargados, salarios cada vez más deteriorados y un acceso a la justicia que se vuelve progresivamente más restringido para millones de bonaerenses”, aseguraron.
En paralelo, subrayan que se consolidó un patrón de gasto en el que más del 90% de los recursos se destinan a salarios, con una caída del salario real.
En esa línea, la falta de inversión en infraestructura y en personal profundizó los problemas. “El congelamiento en los ingresos de nuevos trabajadores judiciales contrasta con un incremento constante de la litigiosidad y de las exigencias procesales, en buena medida impulsadas por la digitalización del expediente electrónico”, afirmó el gremio. Y agregó: “El resultado es más causas, la misma cantidad de personal y salarios que transitan un deterioro progresivo”.
Por ejemplo: “En el fuero laboral, la cantidad de causas creció un 256% en las últimas dos décadas, mientras la dotación de personal apenas aumentó un 30%; en el fuero de familia, los expedientes se multiplicaron un 626% entre 2010 y 2024, pero la planta creció solo un 143%”. Mientras que, en algunos departamentos judiciales, agregaron, los juzgados de garantías están al borde del colapso, con una sobrecarga que no se corresponde con la planta de personal disponible. Además, hay dependencias creadas por ley que aún esperan su puesta en funcionamiento.
PROYECCIONES
Con datos de ejecución al 31 de mayo de 2025, el presupuesto judicial se estima en 1,5 billones de pesos, de los cuales el 95% se destina a salarios, según informaron los judiciales. Para 2026, la proyección del CIyF, tomando parámetros para estimar la inflación proyectada alcanza los 2,49 billones de pesos, cifra que incluye la recomposición salarial, la cobertura de cargos vacantes, la extensión de las subcategorías, un refuerzo en mantenimiento edilicio y la inflación estimada para el próximo año.
“Esta proyección, sin embargo, representa apenas un punto de partida. No resuelve ninguno de los problemas estructurales: salarios que perdieron poder adquisitivo, oficinas saturadas, falta de personal y edificios en condiciones deficitarias”, denunciaron.
RECLAMO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
Según señaló la AJB, la situación de los jubilados y pensionados judiciales es otro aspecto que refleja la inequidad actual. A pesar de que los trabajadores activos realizan aportes sobre el concepto de sub categoría —un adicional remunerativo que hoy representa un 27% del salario—, ese monto no impacta en los haberes previsionales. Como consecuencia, los jubilados perciben entre un 55% y un 63% del salario de un trabajador activo, cuando por normativa deberían cobrar entre el 70% y el 80%.
Un informe del CIyF elaborado en septiembre de 2025 estima que la extensión del pago de las subcategorías a los jubilados y pensionados implicaría un incremento de $5.607 millones mensuales a valores de agosto de 2025 para el conjunto de los 7.240 beneficiarios previsionales del Poder Judicial. Aunque significativo, gran parte de este monto ya se encuentra cubierta por los aportes que realizan los trabajadores en actividad, lo que relativiza el impacto fiscal adicional que demandaría al IPS.
UNA DISCUSIÓN POLITICA Y URGENTE
“Sin presupuesto no hay justicia posible”, manifestaron. Por ello, la AJB plantea en el informe una agenda mínima que incluye la recomposición del salario real de los trabajadores, la cobertura de cargos vacantes, la apertura de nuevas dependencias, el refuerzo del mantenimiento edilicio y la extensión de derechos a jubilados y pensionados. Todo ello requiere discutir con seriedad el presupuesto 2026 y fijar un horizonte de recuperación que, en el corto plazo, lleve la inversión judicial al 5% del total provincial y, en el mediano, a recuperar el 7% histórico.
Asimismo, la AJB señaló: “La discusión que se abre en torno al presupuesto no es técnica ni contable: es política. Está en juego la posibilidad de que la ciudadanía bonaerense acceda a un servicio de justicia eficiente y de calidad, y que los trabajadores y trabajadoras judiciales, activos y pasivos, vean garantizados sus derechos”.
Y reiteró: “El desafío es grande, pero el reclamo es claro. Sin una inversión real en el Poder Judicial, no hay justicia posible”.
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