El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, convocado por la familia del joven, elaboró una serie de recomendaciones al Estado Argentino tras un detallado informe en el que explica que “emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación” realizada
A tres años de la desaparición el 1º de agosto de 2017 y el hallazgo del cuerpo del joven Santiago Maldonado setenta y ocho días después, el 17 de octubre del mismo año, la familia Maldonado convocó a un grupo de personas independientes que, por su formación profesional y experiencia en la investigación de asuntos relacionados con este tipo de procesos, contribuyera al análisis de las actuaciones judiciales hasta ahora realizadas.
En ese marco, se conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI), integrado por Federico Andrés Paulo Andreu Guzmán (Colombia); Dora Lucy Arias Giraldo (Colombia); Ana Carolina Guatame García (Colombia); Daniela Orozco Ramelli (Colombia); Eileen Buitrago Pérez (Colombia); Ginna Camacho Cortés (Colombia); Rossana Reguillo Cruz (México); Diego Arredondo Ortiz (México); Daniela Rea (México); y José Aylwin (Chile) (1).
La semana pasada el GIEEI presentó un detallado informe con las conclusiones del análisis que realizaron de todos los documentos de la investigación judicial (informes, pericias, rastrillajes, autopsia), el contexto de exigencia de derechos de los pueblos indígenas en la Patagonia, los procedimientos realizados en la búsqueda del joven, y la dinámica que tuvieron los medios de comunicación y las redes sociales en torno al caso.
En ese documento señalan que “de los elementos analizados por el GIEEI emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales”.
“De acuerdo a dichos estándares, la desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad”, destaca el grupo de expertos y expertas.
Además, puntualizan que “los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino. En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad”.
Sobre esa situación, agregan que “se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche. El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta”.
El hallazgo y los peritajes
Por otro lado, el GIEEI concluye que “la información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición”.
“Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo”, destacaron.
A su vez, explicaron que “la ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.
En tanto, el análisis de medios y de redes en torno al caso Maldonado, evidencia según este grupo de investigación “un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida”.
“En ese sentido a través de la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer ‘el accidente’ como explicación última de los acontecimientos.
Sobre el final del documento, el GIEEI desarrolla una serie de recomendaciones al Estado Argentino, entre las que figura la propuesta de “desarrollar una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyan todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada“ del joven.
Accedé al informe completo
(1) El perfil de los y las integrantes del grupo se puede leer en el informe completo.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
