Juicio Brigadas Quilmes, Banfield y El Infierno
Se tomaron las declaraciones indagatorias a los represores imputados. La mayoría se negó a declarar. Cuando Miguel Angel Ferreyro –a quien Nilda Eloy había señalado como su violador sistemático– escuchó la lista de las víctimas que pasaron por El Infierno, sonrió y dijo: “Esos no están en la lista mía”. También habló Miguel Etchecolatz
Ayer fue la segunda audiencia del juicio unificado de las brigadas de investigaciones de Quilmes, Banfield y El Infierno, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ubicado en Avellaneda. Fue el momento de la toma de declaraciones indagatorias a 16 de los 18 imputados. Si bien pueden declarar en cualquier momento del juicio, ayer se abrió la posibilidad formal. Ricardo Fernández y Eduardo De Lío no fueron llamados a declarar porque su defensa pidió que se los apartara del juicio por incapacidad. El martes pasado, en la primera audiencia, De Lío dormía.
Uno a uno, el tribunal interrogó a todos. “Yo no maté, yo batí en combate, que es distinto”, dijo el genocida Miguel Etchecolatz cuando inició la ronda de declaraciones indagatorias. “¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la Patria pero no lo puedo hacer ante ustedes”, dijo y agregó: “¿Ustedes creen que estarían ahí de haber triunfado los jóvenes idealistas que pretendían tomarlo todo? Murieron muchos de los nuestros y muchos jóvenes mal orientados. Yo me voy sabiendo que nadie puede señalarme. Me siento orgulloso de haber defendido a la patria”, remarcó el genocida.
En septiembre el TOF1 había decidido unificar en la etapa del debate oral y público las causas de los crímenes cometidos en el Pozo de Quilmes y el de Banfield, dos de los centros clandestinos de detención más importantes del Circuito Camps, con la causa que investigó los crímenes de El Infierno, la Brigada de Investigaciones de Lanús, en Avellaneda.
La unificación se dio a partir del pedido de la defensa de Miguel Ángel Ferreyro, a cargo de Gastón Barreiro, que argumentó que el genocida tenía problemas de salud. Como los dos juicios estaban en la misma etapa procesal, las querellas aceptaron la unificación.
Miguel Angel Ferreyro fue policía de la Provincia de Buenos Aires y participó de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Está detenido en su casa y es la primera vez que va a juicio como imputado. Por eso, las querellas pidieron que se le leyera la lista de víctimas que pasaron por El Infierno. Nilda Eloy fue una de ellas. El cuerpo médico forense lo había declarado incapaz para participar en el juicio, pero los peritos de parte lograron revocar la decisión. Cuando escuchó los nombres, sonrió y dijo: “Esos no están en la lista mía”.
–No entiendo pero escucho. No estoy bien. Yo necesito volver a la cama–, balbuceó el ex oficial de Inteligencia del Ejército Carlos Hidalgo Garzón cuando lo interrogó el tribunal.
–¿Quiénes fueron sus padres?
–No sé porque están en el cielo.
–¿Es argentino?
– No lo sé.
–¿Recuerda su DNI?
–No sé de qué se trata.
–¿Recuerda de qué trabajaba?
–No sé, fue hace mucho tiempo.
Pero pese a su forzada dificultad para hablar, el cuerpo médico forense dictaminó que está en perfecto estado de salud. Los peritos por parte de la querella fueron contundentes: “Comprende su situación, está en condiciones de comunicarse y expresar lo que le pasa y piensa, o sea, tiene capacidad para defenderse. Simula o sobresimula un cuadro psiquiátrico, lo cual permite afirmar que tiene recursos psíquicos para desarrollar una estrategia defensiva. Y desarrollar una estrategia defensiva muestra conciencia de su situación judicial”, dijeron.
Durante la audiencia, Barreiro también pidió que no se muestren las fotos de las víctimas en las cámaras mientras se tomaban declaraciones y se basó en una supuesta “falta de decoro”. Muchxs de lxs asistentes a la audiencia virtual cuelgan fotos en las paredes detrás de ellxs o cambian las fotos de perfil del zoom para poder mostrar a las víctimas y personas detenidas desaparecidas. La virtualidad tiene una complejidad enorme: “Quedamos presente sólo las partes jurídicas, perdemos de vista por qué estamos haciendo estos juicios. Y uno de los grandes logros de los organismos de Derechos Humanos es poner en escena a las víctimas”, dijo Guadalupe Godoy, abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al cierre de la audiencia. El tribunal decidió acotar la posibilidad de mostrar fotos de quienes fueron las víctimas de esos tres centros clandestinos de detención. Si el juicio fuera presencial, las fotos estarían colgadas en las sillas o impresas en remeras.
“Este debe ser el juicio número 7 u 8 al que asisto”, dijo Di Pasquale. “No saben quién soy pero estoy imputado. Están inventando o desconocen la causa”, agregó el ex capitán del Ejército Argentino que era jefe de la sección Operaciones Especiales en el Destacamento de Inteligencia 101 y Capitán del Destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén. Di Pasquale está detenido, junto con Miguel Etchecolatz, en la Unidad 34 de Campo de Mayo y condenado en los juicios de La Cacha y La Escuelita III.
Herrero Anzorena, condenado en La Cacha, también se despachó. Llamó “presuntas víctimas” a las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, negó el robo sistemático de bebés y pidió que se quitaran de la causa.
La semana que viene empiezan los testimonios: se escucharán las voces de Nilda Eloy, Adriana Calvo y Cristina Gioglio, que fallecieron antes de que iniciara el juicio. Se van a incorporar sus voces a través de las grabaciones cuando declararon en el juicio contra Miguel Etchecolatz en 2006 y en el juicio del Circuito Camps en 2011.
La mayoría de los 18 imputados ya fueron condenados en otros juicios y 16 de los 18 cumplen condena en prisión domiciliaria; sólo Etchecolatz y Di Pasquale están detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. “El cuerpo médico forense está alegremente dictaminando las prisiones domiciliarias. Hay casos en los que nos impresiona y mucho. En el caso de Smart es llamativo, pensé que estaba en una situación calamitosa. Y están sumamente distendidos, atentos y sin problemas”, sostuvo Godoy.
Se les imputan los crímenes de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de privación ilegal de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas e indignas de las personas detenidas y las madres parturientas, homicidios calificados con alevosía y delitos sexuales.
El juicio lo está llevando adelante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers (subrogantes). Por el MPF intervienen los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, integrantes de la Unidad Fiscal Federal.
Traficante de stikers. Julia no se acuerda cuando decidió convertirse en periodista, pero a los 11 años escribió un cuento: un fideo de barrio armaba una revolución en la alacena para no morir en la olla. Ella cree que ahí empezó todo, y puede que tenga razón. Nació en Bahía Blanca, una ciudad donde hay demasiado viento, Fuerzas Armadas y un diario impune.
En 2012 recibió un llamado: al día siguiente se fue a Paraguay a cubrir el golpe de Estado a Fernando Lugo. Volvió dos meses después, hincha de Cerro Porteño y hablando en guaraní. Trabajó en varios medios de La Plata y Buenos Aires cubriendo géneros, justicia y derechos humanos. Es docente de Herramientas digitales en ETER y dio clases en la UNLP y en la UNLZ.
Tiene una app para todo, es fundamentalista del excel e intenta entender de qué va el periodismo en esta era transmedia.
