El asesinato de grupos de civiles desarmados es una constante en el historial de violencia política que atraviesa la última centuria en Colombia. Durante los pasados 15 días 36 personas – en su mayoría jóvenes- han sido masacradas. El gobierno lo atribuye a organizaciones “narco” mientras la oposición sospecha de una forma de extorsión paramilitar que busca la liberación del ex presidente Uribe
Por Adolfo Rocha
Del relato de testigos, fundamentalmente de sobrevivientes de una de las masacres, la acontecida en Nariño, se tiene la precisa descripción y el “modus operandi”. En el caso de esa localidad, los asesinos – todos varones- entraron a una finca en las afueras de la ciudad donde unos 50 estudiantes – chicos y chicas – se encontraban celebrando un cumpleaños. Encapuchados y vestidos de jean, fuertemente armados, encerraron a los concurrentes para luego separar a 8, que fueron ejecutados a sangre fría.
Una de las características que más llama la atención de estas masacres es que mayoritariamente sus víctimas son jóvenes. La juventud ha tomado un papel protagónico en las movilizaciones, muchas veces multitudinarias, que se produjeron en ese país hasta antes de la pandemia, motivada por reclamos educacionales, socioeconómicos y por violaciones a los derechos humanos.
Es que los acuerdos de paz que lograron la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una de las guerrillas más antiguas del continente, que ahora se incorporó a la vida política, parecen haber creado un espacio para que los conflictos que atraviesan a la sociedad colombiana se diriman por la vía de la movilización social y la lucha electoral. En ambas, la participación juvenil viene siendo clave.
Podría encontrársele una similitud con las movilizaciones que sacudieron a Chile durante el año pasado, en el sentido que una nueva generación entra al ruedo sin cargar con la parálisis que el miedo genera en los mayores, junto con una ideas más participativas respecto de la acción política y social.
El contexto en que explotaron esta serie de masacres en agosto es el de un cumplimiento limitado de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016. El actual presidente, Iván Duque, el un “delfin” del ex presidente Álvaro Uribe, firme opositor al diálogo y los acuerdos. De hecho, el cumplimiento de muchas de las cláusulas – que tienen que ver con la reinserción de ex guerrilleros en la vida laboral, económica, social y política- viene siendo demorada, a pesar de las declaraciones del presidente Duque.
Particularmente durante los últimos 2 años arreciaron asesinatos de dirigentes sindicales, de DD.HH. y políticos, en este último caso a quienes desde las filas de las FARC pasaron a la contienda electoral. A esto se puede agregar que el 60% de las víctimas mencionadas vivían en 5 Departamentos asolados por la pobreza y que concentran la mitad de la superficie dedica al cultivo de coca: Putumayo, Chocó, Cauca, Valle de Cauca y Nariño.
Ante el vacío dejado en esa zona por la desmovilización de las FARC, estaría entrando en disputa por el control del territorio el mexicano Cartel del Golfo, enfrentado con actores más antiguos, como disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares.
El presidente Iván Duque anunció el envío de un grupo de elite para tratar de dar con los asesinos. Lo que resulta notorio en esas regiones es la ausencia del Estado, tanto por la imposibilidad de los cuerpos de seguridad de lograr el control del territorio – precondición para la existencia de cualquier forma de Estado -, como la falta de servicios de educación, salud y seguridad social garantizados para toda la población.
Desde la oposición de centroizquierda construyen una hipótesis un tanto distinta. A partir de la juventud de las víctimas, franja etaria mayoritariamente enfrentada al uribismo, plantean que este uso del terror es un chantaje para conseguir la liberación del ex presidente y ahora ex senador Álvaro Uribe, detenido luego de que la justicia concluyó que existen pruebas suficientes del intento de sobornos a testigos en una causa que le había iniciado a un parlamentario de la izquierda colombiana.
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