Desde el Instituto de Cultura Jurídica de la UNLP, se presentó un informe que detalla las limitaciones del beneficio otorgado por el Estado en el contexto de pandemia, respecto a su diseño, monto y ejecución. Los datos de 1065 encuestados en todo el país
Desde el área de “Estado, políticas públicas y derechos” del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, se realizó un informe respecto al Ingreso Familiar de Emergencia. A través del abogado y miembro del CONICET, Mauro Cristeche, se publicó dicha investigación que contiene una encuesta a 1065 personas que se inscribieron para recibir el beneficio en todo el país y, a partir de allí se concluye que “si bien el alcance de la medida fue buena, es una respuesta precaria, en el diseño, en el monto y en al ejecución”.
Esa fue una de las conclusiones del informe “El Ingreso Familiar de Emergencia: una política necesaria pero insuficiente”, donde se analizan particularidades de la política de transferencia de ingresos que lanzó el gobierno el 23 de marzo hacia los sectores informales y desocupados para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos por la situación de emergencia sanitaria”.
“Ayudar a los sectores vulnerables era imprescindible y una responsabilidad estatal de primer orden. Pero si bien el alcance de la medida fue bueno, es una respuesta precaria, en el diseño, en el monto y en la ejecución”, introduce el estudio que se detiene a analizar las condiciones que se estipularon para acceder al beneficio, en el cual se rechazaron 3,7 millones de solicitudes (el 31%).
Las condiciones para el acceso
Como se supo, una condición excluyente para cobrarlo es la incompatibilidad con otros ingresos en el hogar, “sin considerar su situación económica”. Es decir, si algún integrante de la familia percibe una jubilación mínima (que ronda los $17.000) o algún ingreso “formal” por más mínimo que fuera, eso ya fue motivo de rechazo. Lo mismo si algún integrante del hogar percibe un plan social, que rondan entre los $5.000 y los $8500, se explica en el informe.
También se estableció un requisito de residencia legal en el país que, para Cristeche, implica “una discriminación para la mayoría de les inmigrantes, que registran altos niveles de precariedad y pobreza”. Según el CELS, más del 80% de los migrantes no pudo acceder al beneficio.
Para el informe, la deficiencia “más evidente” del IFE es su monto y la falta de periodicidad, el pago de $10.000 “por única vez” equivale al 59% de un salario mínimo vital y móvil ($16.850) y al 47% del salario promedio del sector informal (alrededor de $21.000): “Es un monto insuficiente en este contexto, para cualquier tipo de familia. En muchos casos, la ayuda vino a compensar la pérdida total o parcial de dos o tres ingresos mensuales en el hogar”, opinó y agregó que el criterio de un beneficio por hogar “afecta especialmente a las familias numerosas, y con niños menores, que reciben menos ayuda por persona”.
Comparación con la Canasta Básica
El cálculo que se establece en este informe que surge desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, expresa que para un hogar tipo (dos adultos y dos menores), contando que además recibe una Asignación Universal por Hijo de $3100 por cada hijo, la ayuda representa 35,7% de los $42.500 que necesita para alcanzar la Canasta Básica y superar la línea de pobreza. Pero teniendo en cuenta que el IFE no es mensual sino, al menos, bimensual, la suficiencia de la ayuda estatal es de hecho todavía más baja: para una familia tipo representa el 25% de la línea de pobreza y el 65% de la línea de indigencia.
Cristeche también señaló la demora en el pago del IFE, que “afectó aún más la calidad del beneficio”. En el decreto se señaló que se abonaría en el mes de abril, pero este objetivo se cumplió solo con el 29% de los beneficiarios. Y al finalizar el mes de mayo alrededor de 2 millones (el 25%) todavía no lo había percibido.
“En el mes de junio comenzó el proceso de un segundo pago del beneficio, con un cronograma de pagos menos caótico que el observado en el primer pago, pero bastante laxo considerando las necesidades de las familias. Y la falta de previsibilidad para las familias sobre los pagos ha sido otro dato saliente de la medida”, señala el informe.
La responsabilidad constitucional del Estado
Para el doctor en ciencias jurídicas, estos señalamientos sobre el abono del IFE atenta contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Estas características de la precariedad de la medida van más allá de los errores y problemas esperables de una política que tuvo que ser diseñada y ejecutada en un contexto de emergencia como el que atraviesa nuestro país”, introduce la idea.
El pacto señalado, que tiene rango constitucional en nuestro país, establece que los Estados asumen el compromiso de tomar todas las medidas necesarias, especialmente económicas, para asegurar la efectividad del derecho a un nivel de vida adecuado, a la más amplia protección y asistencia posibles a las familias, y a la especial protección de los niños.
“El Ingreso Familiar de Emergencia implica concretamente 2 pagos de $10.000 en alrededor de 4 meses, es decir $5.000 mensuales por hogar. Es una protección mucho menor a la que recibieron los sectores formales de la clase obrera. Y no parece suficiente para compensar la caída de los ingresos de los hogares vulnerables que se vieron impedidos de mantener sus actividades laborales y carecían de un fondo de reserva. Los resultados arrojados por nuestra encuesta y los de otras instituciones dan cuenta de ello”, esboza en la conclusión del informe, luego de presentar los datos.
Expresan además que “nos permitimos dudar de la efectividad de la medida para contener la pobreza y la indigencia”, aunque aun no esten publicados los datos del INDEC del segundo trimestre del año, “a juzgar por las características del beneficio, los problemas en la ejecución, y los resultados provisorios”.
El Estado -opina el informe- tiene la responsabilidad de utilizar al máximo las herramientas y recursos disponibles para proteger más intensamente a los sectores vulnerables, y garantizar un ingreso que cubra los bienes y servicios esenciales de cada hogar, que se pague periódicamente y llegue a todas las personas en situación de necesidad. Por eso -se concluye- “nuestra comprensión es que, más allá del esfuerzo fiscal que implica, en este contexto tan complejo el IFE es insuficiente para combatir la expansión y profundización de la pobreza”.
Algunos datos de la encuesta
En la introducción al informe, pero como otra opinión resultado de las estadísticas creadas, se expresa que la llegada del COVID19 “expuso con claridad los problemas estructurales del mercado laboral argentino”. Se refiere a que alrededor de la mitad de la clase obrera trabaja bajo relaciones laborales informales, precarias y de bajos salarios: “buena parte del universo informal, aun contando con trabajo y salario, e incluso recibiendo ayuda estatal, se encuentra bajo la línea de pobreza”, que en diciembre de 2019 (última medición oficial disponible) alcanzaba al 35,5% de la población total y al 52% de los niños menores de 14 años (INDEC 2020), y sufre múltiples vulneraciones de derechos humanos (ODSA, 2020).
La encuesta sobre el IFE, a la que accedió Pulso Noticias, realizada por el área de Estado, políticas públicas y derechos del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, tuvo como objetivo conocer más de cerca la situación socioeconómica de las familias potencialmente beneficiarias del IFE y los posibles efectos del beneficio.
Dicha medición fue realizada online y fue respondida de manera anónima por 1065 personas que se inscribieron para recibir el beneficio, de los cuales el 49% había sido aceptado y el 51% había rechazado para recibirlo.
En el informe se establece que “la mayoría de les encuestades vive en barrios de clase media baja (31%) o de clase baja (31%). El 14% vive en asentamientos precarios o “villas””. Respecto a la pobreza, se expresa que el 64% no llegaba a fin de mes antes de la cuarentena. De los hogares que ya recibían ayuda estatal, a casi dos de cada tres no le alcanzaban los ingresos.
Respecto al pago del alquiler, el 16,5% de los hogares no pudo pagarlo en abril. El 47,1% de los hogares no llegó a cubrir los gastos básicos y el 65% de los hogares encuestados sufrió una reducción de sus ingresos en abril, y mayormente fue una reducción significativa, mayor al 40%.
El 80% de les encuestades declaró que en abril los ingresos totales de su hogar fueron menores a $20.000. En ese sentido más de la mitad de los hogares tuvo que contraer deudas en el mes de abril, incluso deudas importantes. Para el 64% de los hogares el mayor problema de la cuarentena es que “el dinero no alcanza”, para el 24% es una combinación de insuficiencia de ingresos con un hogar sin las comodidades suficientes.
Respecto a la representatividad federal de la encuesta, se dio a conocer que el 36% de les encuestades en la muestra residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), el 10% en el interior de la Provincia de Buenos Aires, y el 54% en otras provincias.
El 60% de les encuestades cuya solicitud fue rechazada declaró no conocer la razón del rechazo; el 19% porque en el hogar hay otros ingresos; el 12% porque en el hogar reciben un plan social; y el 9% por problemas con el domicilio.
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