El oficialismo presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que busca sancionar a los padres de los alumnos de Berisso que hayan realizado este tipo de llamados intimidatorios
El bloque de concejales de Cambiemos presentó un proyecto en el Concejo de Deliberante de Berisso para sancionar a los padres de alumnos que hayan realizado amenazas de bomba, como forma de cortar con la seguidilla de llamados intimidatorios que afectan a las escuelas del distrito desde hace dos meses.
La presentación de la iniciativa se dio un día después del acalorado encuentro que se realizó ayer en el Club Almafuerte de dicha ciudad, donde la fiscal Cecilia Corfield de la UFI 15 junto al juez de Garantías Juan Pablo Masi y funcionarios municipales intentaron brindar explicaciones sobre las tareas que se estaban llevando adelante tanto para identificar a los responsables de las amenazas como para implementar planes de evacuación, a más de un centenar de padres y madres que expresaron su enojo ante la falta de soluciones.
Cabe destacar que, según la información brindada por la fiscal, la semana pasada hubo 56 llamadas intimidatorias en tres días entre La Plata, Berisso y Ensenada. El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Berisso, Hugo Dagorret, ya había adelantado el pasado 13 de junio en una conferencia de prensa que la intención del municipio era iniciar acciones legales contra los padres de los alumnos involucrados.
Según establece el proyecto, las multas a implementar irían entre 30 y 500 módulos, lo que según fuentes oficiales significa un monto de entre $5.000 y $84.000. Este último valor es el que ronda el precio de los operativos cada vez que se produce un hecho de este tipo. En los considerandos de la medida se plantea que “es necesario sancionar este actuar culposo y negligente de los padres, tutores, curadores, y/o guardadores, que son quienes deben evitar y prevenir este tipo de conducta, bregando por un desarrollo físico, psicológico y social óptimos del menor a su cargo”. A su vez, se señala que “se pretende dar un escenario claro y preciso como prevención y docencia”.
El texto estipula una serie de hechos que serían pasibles de sanción, que exceden de todas formas a los llamados intimidatorios a las escuelas, ya que se multaría al que “con propósitos de hostilidad o burla perturbe de cualquier forma una reunión, espectáculo, fiesta, ceremonia religiosa o política, establecimiento educativo o instituciones tanto públicas como privadas”; “los que efectúen amenazas de bomba a los establecimientos educativos; y “los que produzcan hechos de vandalismo, daños, desmanes, desórdenes y agresiones en la vía pública”
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