La Comisión Provincial por la Memoria realizó una inspección en la Comisaría 1ª en la que constató la grave situación en la que se encuentran las personas detenidas. El lugar tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la comisaría 1ª de Florencio Varela, dependencia policial que tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas.
Luego de una inspección donde constató las graves condiciones de detención, el organismo reclamó el traslado de todos los detenidos y la efectiva clausura del lugar. También envío un informe preliminar para notificar la situación al Comité nacional de prevención de la tortura, y denunció que las autoridades policiales quisieron impedir el trabajo de monitoreo que el organismo realiza, desde hace más de 15 años, en su carácter de mecanismo preexistente en la provincia de Buenos Aires.
“El jueves de la semana pasada, las personas detenidas en la comisaría 1ª de Florencio Varela realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias, y denunciaban también amenazas y maltrato policial. El día de la protesta, había 42 detenidos a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin. En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. En la última, de junio del año pasado, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso”, informó la CPM a través de un comunicado de prensa.
Según indicaron desde el organismo, ese día “los detenidos iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por bomberos locales. Luego de ese conflicto, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. Las restantes 35 personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes”.
La Comisión tomó conocimiento del hecho y se presentó en la comisaría para realizar una inspección del lugar. “La zona de calabozos de la comisaría 1ª de Varela tiene dos sectores que cuentan con tres celdas; un sector tiene dos calabozos contiguos: uno de 2,20 por 2 metros aproximadamente, otro de 3 por 3 metros y un espacio común de 2 por 2 metros en los que se alojaban 19 personas. El otro sector tiene un calabozo de 6 por 3 metros donde permanecían otras 16 personas”, señalaron
“Quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas. Algunos detenidos denunciaron que llevaban más de tres meses reclamando a los guardias una comunicación con su defensor oficial”, indicaron.
El organismo provincial denunció que el comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Departamental, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo. “Las autoridades no permitían el ingreso a la zona de calabozos y la realización de entrevistas confidenciales con los detenidos, exigiendo la presencia de los agentes policiales”, explicaron, y recordaron que “estos condicionamientos violan las reglas de actuación sustentados en el Protocolo facultativo y la ley nacional 26.827 de prevención de la tortura”.
Luego de la inspección, la CPM presentó un habeas corpus al juzgado de garantías de turno solicitando el resguardo físico de las personas detenidas en la comisaría 1ª de Varela, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial.
“Esta nueva denuncia de la CPM vuelve a exponer la crítica situación en las comisarías bonaerenses, donde no sólo se han naturalizado las violaciones a los derechos humanos sino también la desobediencia a resoluciones judiciales y las vulneraciones de las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad. Los principios republicanos y de obediencia a la ley y las resoluciones judiciales se han convertido en ficciones que afectan gravemente las instituciones democráticas”, manifestaron desde el organismo.
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