El Tribunal Oral Federal I de La Plata había absuelto al integrante de la Concentración Nacional Universitaria Juan José “Pipi” Pomares en noviembre de 2017, pero en abril de este año la Cámara Federal de Casación objetó esa resolución y le ordenó emitir una nueva sentencia. Organismos de derechos humanos advirtieron sobre el sospechoso retraso del TOF I en realizar un nuevo fallo y repudiaron que el represor continúe libre
El pasado 30 de abril la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal emitió un fallo en el que por un lado confirma la sentencia a prisión perpetua para Carlos Ernesto “Indio” Castillo y por otro revoca la absolución dictada para Juan José “Pipi” Pomares, ambos integrantes del grupo parapolicial denominado Concentración Nacional Universitaria (CNU), que fueron juzgados y finalmente sentenciados en noviembre de 2017.
La resolución unánime de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carbajo, indicaba para el caso de Pomares que no hacía falta la realización de un nuevo juicio “puesto que el mismo resultó válido en todos su términos, sino solamente el dictado de una nueva sentencia al respecto de los hechos que los acusadores le endilgan (…) en donde se incluya y valore razonablemente la prueba que fue indebidamente excluida”.
Es decir, la Cámara de Casación afirmaba que el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, integrado por Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazzo, había realizado “una errónea interpretación de las normas procesales vigentes” y que correspondía “dar razón a los impugnantes”.
Sin embargo, ya pasaron más de dos meses y eso todavía no sucedió. Mientras, Pomares sigue libre. Esto fue lo que advirtieron y denunciaron a través de un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos nucleados en el colectivo Justicia Ya.
“Cuarenta y dos años tardaron en hacer el juicio a la banda para-estatal de la CNU y vergonzosamente se juzgó a solo dos de sus miembros y por una cantidad mínima de los crímenes que cometieron, pero allí la impunidad sumó un nuevo blasón a su interminable escudo, absolvió a uno de los dos, condenando al Indio Castillo y liberando a Pomares. El Estado a través de la fiscalía profundizó aún más la impunidad negándose a apelar este vergonzoso fallo, por lo que las querellas tuvimos que recurrir en soledad ante Casación”, recordaron los organismos.
En es sentido, remarcaron: “más de sesenta días pasaron desde que Casación emitiera esta resolución y lo que el Estado hizo en este lapso fue agigantar la impunidad mediante la tardanza al nuevo dictamen y la negativa a poner preso al Pipi Pomares hasta que ese nuevo fallo se dicte: (impunidad+impunidad)”.
“Qué esperan los jueces Castelli, Esmoris y Vega: ¿Que pasen otros 42 años? ¿Que Pomares, con probados vínculos en altas esferas políticas de la ciudad y la provincia, se profugue y haga imposible su encarcelamiento? ¿Que la impunidad biológica haga su obra?”, se preguntaron.
Cabe recordar que este juicio fue el primero en el que se investigaron los hechos cometidos por la CNU en La Plata, previos al golpe militar de 1976 y durante la dictadura. Según había indicado HIJOS La Plata tras la sentencia de Casación, ese fallo significaba “un nuevo impulso para completar las investigaciones, juzgar y castigar la totalidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante el tercer gobierno peronista. Recordemos que en el juicio de 2017 se juzgó a solo 2 represores de la CNU por 7 víctimas. Y a esta altura de los acontecimientos es harto conocido que este grupo paraestatal en la ciudad de La Plata estuvo conformado por al menos 40 represores que asesinaron a 68 víctimas cuyos casos están debidamente denunciados hace décadas”.
Tras denunciar la demora del TOF I, Justicia Ya finaliza el comunicado de prensa reclamando que “los jueces Castelli, Esmoris y Vega cumplan con su deber y emitan un nuevo fallo”, “castigo con cárcel común perpetua y efectiva para Pomares, y “juicio y castigo a toda la CNU”.
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