El Secretario de Seguridad Darío Ganduglia le había armado una causa el año pasado por supuesta “intimidación pública” y “coacción”, junto a otros 10 integrantes de movimientos sociales que habían participado de una reunión con funcionarios en el marco de una protesta por reclamos laborales. “La Justicia nos dio la razón y dejó expuestas las estrategias del Intendente”, señalaron
El 11 de julio del año pasado una decena de movimientos sociales que nuclean a cooperativistas municipales se movilizaron al Municipio para reclamar la continuidad de los contratos de cooperativas, aumento salarial, nuevos puestos de trabajo y más recursos para los comedores comunitarios. Fueron recibidos por funcionarios de Desarrollo Social, Planeamiento y Espacios Verdes, y la negociación derivó en un cuarto intermedio hasta la siguiente reunión pautada para dos días después. Sin embargo, al salir de la sede comunal se enteraron -por los medios- que los 11 representantes que habían ingresado terminaron denunciados por “intimidación pública”.
La denuncia la había realizado el Secretario de Seguridad municipal Darío Ganduglia y había recaído en la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7 de La Plata, Virginia Bravo. Las organizaciones afirmaron inmediatamente que se trataba de una “causa armada”, realizada tras una protesta pacífica, que apuntaba a “reprimir y disciplinar cualquier expresión que se muestre contraria a la grave situación económica que atraviesa el pueblo”.
“Rechazamos rotundamente los intentos de Cambiemos de querer silenciar nuestros legítimos reclamos . Exigimos que el Poder Judicial no sea cómplice de este intento de criminalización de nuestro reclamo y llamamos a todas las organizaciones del campo popular y a la comunidad en general a repudiar la denuncia que pesa sobre los/as integrantes de los movimientos sociales por pelear un trabajo y salario digno”, habían afirmado las organizaciones en aquel momento a través de un comunicado.
Sin embargo, la Justicia les dio la espalda, al menos en primera instancia. La fiscal, si bien no avanzó contra los 11 acusados, sí lo hizo sobre uno, Nicolás Salas del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), a quien además le agregó la imputación de “coacción”. Sin embargo, casi un año después, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones confirmó su sobreseimiento.
“La Justicia nos dio la razón y dejó expuesto las estrategias del intendente Julio Garro de armarle causas a quienes salen a la calle a ejercer el legítimo derecho a la protesta”, aseguró el militante social, que fue patrocinado por el Colectivo de Abogados/as Populares “La Ciega”.
Las denuncias por intimidación pública mencionadas -que de
todas formas no habían avanzado- habían alcanzado también a militantes del
Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana
Socialista, Corriente Surcos, La Falcone y Coppesy/Addhes. Pero además, en el
marco de otras protestas realizadas el año pasado también habían sido
denunciados referentes cartoneros del MTE y de la Coordinadora William
Cooke-Surge. Por esta razón los movimientos afirmaban que existía una práctica
sistemática de la comuna de buscar “criminalizar” la protesta social.
“No es menor la persecución a las organizaciones sociales en La Plata, ya que
es una ciudad donde ha crecido la pobreza en los últimos años. Según la
Encuesta Permanente de Hogares, en 2017 había en la ciudad un 23,14% de pobres
y 2,52% de indigente, mientras que un año después esos índices subieron a un
28,11% de pobres y 6,2% de indigentes”, remarcaron desde el FOL en un
comunicado emitido ayer.
Tras la sentencia favorable, las organizaciones señalaron:
“Repudiamos la actuación de la Fiscal Virginia Bravo quien no sólo dio curso a
una maniobra tan burda imputando a nuestro compañero, sino que una vez
sobreseído en primera instancia, insistió obstinadamente con su postura
apelando el fallo. Esto sólo puede entenderse desde el más evidente
alineamiento con el gobierno de Garro”.
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