El trabajo denuncia el estado crítico en que se encuentra la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y los programas de salud reproductiva en la Provincia de Buenos Aires
Las mujeres y personas con capacidad de gestar de la provincia de Buenos Aires no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo aun cuando corre peligro su vida, su salud o el embarazo es producto de una violación. Así lo revela un duro informe presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional provincial en la Cámara de Diputados, luego de realizar un estudio pormenorizado de la región junto a la Red de Profesionales a Decidir, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la diputada Lucía Portos y el diputado Guillermo Kane.
El Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal de un embarazo o ILE se basa en el artículo 86 del Código Penal y fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo en el año 2012. La normativa es de aplicación obligatoria en Argentina por parte de todas las instituciones sanitarias públicas, privadas y de las obras sociales; y establece que el aborto no es punible si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación.
A pesar de ello, los registros del informe enumeran una serie de problemáticas en relación a ILE que tienen que ver mayormente con que se reciben negativas de resolución por parte de los profesionales de los servicios de ginecología de hospitales provinciales como así también de las secretarías de salud municipales poniendo como argumento una “negativa informal”. También ocurre que en situaciones de gesta de más de 12 semanas, se solicita la intervención del Programa Provincial de Salud Sexual para que concretice la respuesta de resolución pero sucede todo lo contrario: las respuestas se dilatan y los embarazos llegan a más de 19 semanas, poniendo en riesgo la salud de la persona que solicitó el acompañamiento ILE.
Además, el informe detalla que es frecuente la falta de misoprostol para los equipos que realizan consejerías y acompañamientos ambulatorios en el marco de las estrategias para la implementación de ILE.
Desde la Campaña denunciaron que en La Plata por ejemplo, ya no hay anticonceptivos de ningún tipo, ni siquiera preservativos, al tiempo que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva fue vaciado y no hay ninguna persona responsable que pueda garantizar una interrupción legal del embarazo.
Fundadas en la premisa de que “quienes decidan abortar lo harán aunque tengan que recurrir al sistema clandestino aun poniendo en riesgo su vida y su salud”, las voceras de la Campaña en la Cámara Baja expresaron: “El no cumplimiento ILE es una violación a los Derechos Humanos de las mujeres y personas gestantes”. Exigimos que se impulse y gestione la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Protocolo Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo emitido por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015”.
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