En lo que va del año ya son 26 los días de clases interrumpidos por llamados anónimos que llegan al 911. Multas por mal estacionamiento, evacuaciones peligrosas e inconvenientes en el trabajo de los padres de los estudiantes, algunos de los trastornos que arrastra la problemática
Por Ezequiel Franzino
Corre la mitad de agosto y la cooperadora del jardín Normal 1 pretende cambiar la mala racha de la primera parte del año, en donde sufrieron incontables amenazas de bomba. Para eso deciden contratar un Minion, que será el encargado de entregar los regalos a los más chicos. En el ambiente hay algarabía y felicidad. Justo antes de empezar a romper los paquetes, un llamado anónimo avisa sobre la supuesta presencia de un explosivo en el edificio de calle 15 y 50. Todos salen evacuados, incluso el Minion, en una escena que parece graciosa pero que es tristísima: es la vigesimoquinta vez, en lo que va de este ciclo lectivo, que las actividades se suspenden por este motivo. La número 26 se produjo ayer. Y desde el regreso de las vacaciones de invierno, los estudiantes apenas pudieron completar siete días de clase.
Estos llamados telefónicos intimidatorios se han convertido en un verdadero drama para toda la comunidad educativa de esta institución. Cada vez que se produce una amenaza de bomba, los chicos son evacuados y trasladados hasta el Centro Cultural Islas Malvinas. El trayecto lo hacen a pie, con maestras, directivos y auxiliares que se ven desbordados teniendo que controlar a los grupos, y muchas veces también el tránsito, debido a que Control Urbano no siempre llega a cortar las calles. Hay alumnos con movilidad reducida o en silla de ruedas que son trasladados de un lugar a otro de manera caótica, y los días de lluvia los nenes quedan empapados hasta que los pasan a buscar por 19 y 51.
“Es un peligro total. Además, aunque en el Malvinas los reciban bien, los chicos se aburren. No pueden completar una actividad. Los tienen sentaditos ahí, cantando una canción”, explicó Luz, mamá de un nene que asiste al jardín en el turno mañana.
En este escenario, los padres hacen malabares para poder buscarlos ante los imprevistos. Se tienen que escapar de los trabajos, pedir permisos especiales, y muchas veces, en el apuro, estacionan en cualquier lugar. “El otro día dejé el auto en la ochava de 19 con las balizas puestas para buscar a mi hijo y cuando volví me habían puesto una multa”, dice con bronca Martín, padre de uno de los nenes que asisten al establecimiento.
Esta situación, que parece no tener solución, trae consigo una serie de alteraciones en las dinámicas familiares. “Cuando la amenaza es en el horario de ingreso ahí decido si me llevo a mi hijo a mi trabajo o si se lo dejo a mis suegros. Cuando son a media mañana, mi mamá se escapa del trabajo y lo va a buscar. Hubo un día en que de los 32 alumnos que completan la sala habían asistido sólo 6, porque los padres prefieren organizarse sin llevarlos”, explicó Luz.
Además, con tantas interrupciones, el proyecto pedagógico es imposible de sostener. De hecho, pese a la difícil situación económica que atraviesan muchas familias que llevan sus hijos a este establecimiento, algunos padres están pensando en cambiarlos a jardines privados.
“Estamos muy preocupados porque no se garantiza la continuidad de los contenidos, no se está desarrollando el derecho a la educación como tiene que ser, y no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación. Esto ha dejado de ser una broma de niños. Sospechamos y creemos que hay otras cosas detrás, y exigimos que se hagan las investigaciones correspondientes”, explicó otra madre, Elena.
La situación es crítica y parece no tener solución. Cada amenaza de bomba es tomada por una fiscalía distinta, dependiendo la que esté de turno, de modo que las denuncias no son unificadas. Por otro lado, tampoco prosperó la idea del fiscal Garganta de realizar las inspecciones con los niños dentro de la institución (por suerte para los padres que habían visto con malos ojos este oficio). “Estamos indignadísimos. Salvo por maestras y directivos no hemos sido convocados por nadie”, dijo Romina, otra mamá.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación, los padres ya no saben qué hacer para revertir esta situación: de nada sirvió el abrazo simbólico, ni las reuniones que mantuvieron con autoridades y docentes. En búsqueda de una solución, el viernes tienen pensado asistir a los Consultorios Jurídicos de la UNLP, para ver si pueden realizar una acción colectiva. En simultáneo, también están armando notas para presentar en el Municipio, en el Consejo Escolar y en el Ministerio de Educación.
Además, los padres aseguran que, pese a los esfuerzos de los docentes de mantener la calma, los chicos conocen que el motivo de evacuación se debe a amenazas de bomba, y que esta situación les provoca miedo, desgano a la hora de asistir a clases, y alteraciones en la conducta.
“Mi hijo viene manifestando algunos comportamientos extraños que nosotros los relacionamos directamente con todo lo que está pasando en el jardín. Hoy manifestó que le dolía la panza, pero después dijo que en realidad no quería asistir a clases”, dijo Germán, y agregó: “No hay nada que nos dé un indicio de que esto en algún momento se va a terminar. Uno piensa que esto es irreversible. El vínculo que tenía mi hijo con la institución está roto y no sé cómo se va a reconstruir”.
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