A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial se instauró un sistema de protección y asistencia interdisciplinaria que garantiza cobertura de salud y educación, además de una beca de asistencia económica
A través del Decreto Nº694 publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal creó el Programa de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de víctimas de femicidio, con el fin de garantizarles a los afectados una cobertura que contempla la salud, educación y asistencia económica.
En los considerandos de la medida se explica que, “en el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió la elaboración de un Registro Nacional de Femicidios, de cuyo resultado surge que en el citado período fue en la Provincia de Buenos Aires donde se registró el mayor número de casos del país, lo que conlleva la necesidad de implementar políticas activas a los fines de abordar las consecuencias que trae aparejado para los niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de víctimas de femicidio”.
En ese marco, se aclara que “las diferentes intervenciones diseñadas en el programa son plenamente compatibles con el principio de no revictimización, toda vez que se parte de la base del consentimiento informado, manifestando aquellos su voluntad de recibir la protección referida, asegurándose que se brindarán las condiciones para el desarrollo de todas sus potencialidades, permitiendo que tomen el control de sus acciones y decisiones conforme a su autonomía progresiva”.
El sistema plantea el involucramiento de una serie de organismos del Estado provincial que abarcan el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye), el Ministerio de Salud, IOMA y el Instituto de Previsión Social.
Según se explica en el decreto, una vez que la cartera de Justicia tome conocimiento “por cualquier medio” de un hecho que “a prima facie” pueda ser calificado como femicidio, funcionarios del organismo contactarán “al niño/a o adolescente hijo/hija de víctima de femicidio y a sus familiares, a efectos de asegurarle asistencia y protección”.
Se les brindará “asistencia interdisciplinaria mediante la participación activa de un equipo técnico profesional conformado por al menos un/a psicólogo/a, abogado/a y trabajador/a social. A su vez, se realizará un seguimiento intensivo a lo largo de todo el proceso de acceso a derechos por parte del niño/a o adolescente hijo/a de víctima de femicidio y a sus familiares”.
A su vez, el Ministerio deberá dar inmediato conocimiento del caso al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que definirá si el niño, niña o adolescente descendiente de víctima de femicidio tiene parientes con obligación alimentaria y/o referentes afectivos con los cuales pueda satisfacer integralmente sus derechos, o si, por el contrario, resulta procedente una medida de abrigo en los términos de los artículos 35 y 35 bis de la Ley N° 13.298 y evaluará la posibilidad de solicitar medidas de protección.
Por su parte, la Dgcye deberá garantizar una vacante en una escuela del barrio de origen
y/o de manera excepcional, en caso de corresponder, de la nueva residencia, así como la justificación de la inasistencia durante el período de tiempo que resulte necesario. “Asimismo, se les otorgará beca, subsidio o medida que, según el principio del interés superior del niño, resulte más adecuada para garantizar su acceso a la educación”, remarca la medida.
Por otro lado, se establece que “el Instituto de Previsión Social, en el marco de la Ley Nº 10.205, artículo 5º, que regula un beneficio no contributivo a favor de los huérfanos o menores desamparados, orientará tal pensión a los niños, niñas o adolescentes, hijos o hijas de víctimas de femicidio siempre que no existan parientes con obligación alimentaria”. En tanto, el IOMA “otorgará una cobertura integral a fin de garantizar el pleno goce de los derechos para la asistencia médica conforme los términos de la intervención a cargo del Instituto de Previsión Social”.
Este decreto aparece en escena en un año en que las políticas de la Provincia en torno a la violencia hacia las mujeres vienen siendo puestas en cuestión por parte de las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, más específicamente de la Subsecretaría de Género, de la cual depende la línea de atención telefónica 144. Allí fueron despedidas cinco trabajadoras a principios de junio, tras lo cual se denunció la situación de precarización laboral que sufre el personal a cargo del call center, que se encuentra tercerizado a través de un convenio con la empresa Provincia.net, lo que les impide ejercer sus derechos laborales como empleadas del Estado provincial.
Según denunciaron, la capacidad de atención integral a las víctimas de violencia se ve desbordada a causa de las pobres condiciones de contratación (que genera trastornos en la salud de las trabajadoras) causando una serie de dificultados para desarrollar una política pública efectiva que aborde una problemática tan compleja.
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