La familia se movilizó buscando justicia, la Bonaerense reprimió y detuvo a tres personas liberadas esta tarde. Hubo un imponente despligue policial para blindar a la Comisaría 1° donde murió Gonzalo Tamame.
Este jueves se movilizaron familiares y amigos de Gonzalo Tamame, el joven de 29 años que fue detenido el miercoles por la madrugada y a las pocas horas murió dentro de la Comisaría 1° de Olavarría. La primera versión policial fue que el joven ingresó aprehendido a las 2 am y a las 4am se ahorcó con su propio buzo dentro de la celda. Un justificativo que se reitera en el accionar de la Policía Bonaerense para encubrir(se), el caso más cercano a Olavarría es lo sucedido en Laprida con Daiana Abregú.
“A mi hijo lo mataron como un perro”, expresó la mamá de Gonzalo durante la marcha por pedido de justicia. Y allí una de sus hermanas contó que alrededor de las 8 a.m personal de la DDI se acercaron a su casa para pedir el DNI de Tamame, sin embargo, no les dijeron de la terrible noticia. Los oficiales estaban “drogados” y “con olor a alcohol”, aseguró una de las hermanas de Gonzalo.
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La familia enseguida apuntó contra la policía ya que recibieron videos del momento de la detención de Gonzalo, en donde se observan los golpes propiacidos hacia el joven que estaba tirado en la calle. También despues apareció otro video registrado en el patio de la Comisaría 1° donde se lo escucha a Gonzalo gritar: “No puedo respirar. Me están ahorcando”.
La causa, a cargo de la fiscal Micaela Viceconte, está caratulada como “averiguación de causales de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”. Y hay cuatro policías imputados: el subcomisario titular de la Comisaria, Juan Alberto García; Claudia Campos, ayudante de Guardia; Daiana Astrada, oficial de Guardia; y Juan Bortoloti, imaginaria.
Aún queda esperar los resultados de la autopsia realizada en la localidad de Junín. Y recabar más indicios para arribar a la verdad.
COMISARIA VALLADA
La movilización comenzó a las 18 horas y recorrió las calles céntricas porque la convocatoria a concentrarse en la Comisaría no pudo desarrollarse ya que estaba vallada al estilo Congreso, los miércoles de protesta de jubilados.
Al mismo estilo de la Policía Federal y de la Ciudad, la Bonaerense reprimió con balas de gomas a los manifestantes cuando estaban llegando a su punto final. Y cuando comenzaron a retirarse del lugar, salieron a cazar. Decenas de policías corrieron por una zona céntrica, a la vera del arroyo Tapalque y detuvieron a tres personas: Agustín Mestralet, primer candidato a concejal por el FIT-U; Lautaro Méndez, candidato suplente a consejero escolar por el FIT-U; y Katerina Pereyra, una estudiante de 22 años.
Según informaron los militantes que estuvieron presentes en el lugar de la detención, no había ningún argumento porque ya se estaban retirando. “Nos dijeron que los detenían por disturbios en la vía pública, lo que significa una contravención”, aseguraron militantes del Partido Obrero Olavarría.
Entre tanto despliegue policial en Olavarría, los detenidos fueron trasladados a diferentes dependencias policiales: Agustín Metralet pasó la noche en la comisaría de Azul, ubicada a unos 45 kilometros del lugar de detención; Lautaro Méndez fue trasladado a la Comisaría 2° de Olavarría; y a Katherina la trasladaron a la Comisaría de Loma Negra, ubicada a unos 12 kilometros.
Diversos organismos de Derechos Humanos y organizaciones como SUTEBA Olavarría, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Olavarría, el Partido Obrero y PTS exigieron la inmediata liberación de las tres personas detenidas.
Luego de 16 horas detenidos, las tres personas declararon en la fiscalía y finalmente fueron liberados. Afuera hubo una concentración de militantes que reclamaron su liberación.
“SUICIDIOS” EN COMISARÍAS
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó este viernes que se presentó como particular damnificado en la causa, en su carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, para “promover una investigación judicial objetiva que aparte a las fuerzas policiales del proceso y que se enfoque en investigar hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos incluyendo la muerte de Gonzalo en un lugar de detención”.
A través de un comunicado señalaron que los “suicidios” en comisarías son informados como hechos recurrentes. Desde 2012, año en que la CPM comenzó un registro riguroso de muertes en dependencias policiales bonaerenses, hasta 2023, se registraron 89 muertes por ahorcamiento. Es la causa que más muertes produce. “Todas estas muertes se producen bajo custodia y cuidados del estado, y es indudable la responsabilidad de los funcionarios públicos, ya sea por haberlas provocado, por no evitarlas o por faltar al deber de cuidado”, resaltaron.
El organismo exigió: “es indispensable que el Ministerio de Seguridad inicie actuaciones administrativas y aparte preventivamente a todos los policías intervinientes y las autoridades de la dependencia. Solo la justicia investigando con imparcialidad, celeridad y de manera adecuada, y la decisión del Gobierno para reconocer y erradicar prácticas violentas y crueles, que ya son parte de la cultura institucional de la policía, podrán revertir este cuadro de situación que deriva en graves violaciones de derechos humanos y genera fuertes reclamos por parte de la ciudadanía. No es con represión. Es con escucha atenta, con políticas que reviertan el despliegue policial violento en los territorios, que terminen con su involucramiento en la regulación del delito y con la práctica sistemática de la tortura en su intervención cotidiana”.
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