La comunidad teatral exige la derogación del Decreto 345/2025, que reformó por vía administrativa el Instituto Nacional del Teatro. La medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, elimina su carácter autárquico y federal. Actores y actrices advierten que la estructura cultural está en riesgo.
Desde la publicación del Decreto 345/2025 el pasado 22 de mayo, el sector teatral argentino se encuentra en estado de alerta. La norma firmada por el presidente Javier Milei reestructura el Instituto Nacional del Teatro (INT), creado por la Ley 24.800, y desmantela los pilares que garantizaban su autonomía, representación federal y funcionamiento participativo.
Entre los cambios principales se encuentran la eliminación del Consejo de Dirección —integrado por representantes de todas las provincias—, la designación directa del Director Ejecutivo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y la sustitución de las delegaciones provinciales por coordinaciones regionales subordinadas a la gestión central. También desaparecen menciones clave a funciones como la formación, la investigación y la producción editorial.
La comunidad teatral sostiene que estos cambios violan el espíritu de la ley sancionada por unanimidad en 1997 y ponen en peligro una estructura que ha sostenido la actividad cultural en todo el país durante casi tres décadas. Han presentado una juntada de firmas digital.
Un sistema federal que llega donde el Estado no está
El INT es un organismo autárquico que se financia con fondos específicos provenientes de los juegos de azar, lo que le permite funcionar de forma independiente del presupuesto general. A lo largo de su historia, ha ejecutado políticas federales con impacto territorial concreto: más de 7.400 subsidios otorgados entre 2022 y 2023, apoyo a salas independientes en 267 localidades, programas de formación que alcanzaron a más de 10.000 personas, y más de 300 festivales realizados.
Además, mantiene una línea editorial gratuita con más de 260 títulos publicados y desarrolla proyectos teatrales en contextos de encierro, hospitales y pueblos originarios. Estos datos reflejan un entramado cultural vivo que excede al teatro como expresión artística y se vincula con el derecho a la cultura y la construcción comunitaria.
“Un 65% del presupuesto se iba en sueldos”: la versión oficial
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida al señalar que el INT era un organismo “sobredimensionado” y con “funciones duplicadas”, donde “el 65% del presupuesto se destinaba a sueldos y funcionamiento y solo el 35% llegaba al teatro”.
Para sostener su decisión, el Ejecutivo citó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de octubre de 2023. Sin embargo, desde el sector teatral cuestionan el uso parcial y sesgado de esos datos y remarcan que el INT cuenta con una Unidad de Auditoría Interna que cumple con todos los controles exigidos por ley.
“El problema no es el control, sino la voluntad de vaciar una política pública que funciona”, advierten desde la red INTervención Federal.
Represión, visibilidad y resistencias
En medio de las protestas, una imagen recorrió las redes sociales y los noticieros: los actores Carlos Belloso, Soledad Villamil, Raúl Rizzo y Georgina Barbarossa discutiendo con la Policía de la Ciudad durante una manifestación frente al INT. Fue el domingo 1º de junio, cuando una concentración pacífica fue rodeada por un operativo policial desproporcionado que incluyó la aplicación del protocolo antipiquetes.
Aunque ya pasaron más de dos semanas de aquel episodio, su impacto persiste como síntoma del clima político actual. “Vinimos a defender el teatro, nos encontramos con la represión”, expresó uno de los artistas en redes.
La escena dejó en evidencia que el conflicto no se limita al plano administrativo, sino que está atravesado por una lógica de disciplinamiento más amplia. La cultura, como otros sectores, no está exenta del recorte y la criminalización de la protesta.
Firmas, pronunciamientos y lucha parlamentaria
El sector teatral impulsa una campaña de recolección de firmas dirigida al Congreso Nacional. En el petitorio, se exige la derogación urgente del Decreto 345/2025 y se denuncia el intento de destruir una herramienta federal que genera trabajo y garantiza el acceso a la cultura.
“El INT no es un gasto: es inversión cultural. Sostiene más de 9.500 puestos de trabajo directos y forma parte del entramado que mantiene vivo el teatro en cada rincón del país”, advierten.
Organizaciones artísticas, universidades, salas independientes, festivales, actores y actrices de todo el país se sumaron a la iniciativa. La presentación formal del reclamo en el Congreso buscará frenar el avance del decreto por la vía legislativa.
¿Qué está en juego?
Para la comunidad del teatro, el desmantelamiento del instituto implica una regresión de décadas: “Es volver a un país donde la cultura es privilegio y no derecho”. Aseguran que lo que se discute hoy no es solamente el futuro del INT, sino el sentido mismo de las políticas culturales públicas.
A casi treinta años de su creación, el Instituto Nacional del Teatro enfrenta una de las amenazas más graves de su historia. Y la comunidad artística, una vez más, sale a escena para defenderlo.
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