El gremio de las y los judiciales denunció la “grave situación” que atraviesa el país, y advirtió: “las presiones políticas sobre el Poder Judicial representan una amenaza directa al sistema democrático”
Esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich cumplió lo que tanto amenazó días atrás: judicializar a la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenides de la última feroz represión en el Congreso. La denuncia penal, firmada por el abogado Fernando Soto (defensor de Chocobar), la acusa por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
“Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresamos nuestro más enfático rechazo a las presiones políticas y amenazas que el Gobierno Nacional de Javier Milei está ejerciendo contra la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade”, señalaron desde el gremio liderado por Hugo Russo. Al tiempo que subrayaron el viernes pasado: “Estas maniobras buscan condicionar sus decisiones judiciales para alinearlas con los intereses políticos del oficialismo, atentando gravemente contra la independencia del Poder Judicial”.
Para las y los judiciales bonaerenses, la jueza Andrade ejerció su magistratura con estricto apego a la ley, garantizando el respeto de los derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a manifestarse y a expresarse contra el avasallamiento de derechos humanos básicos. Sin embargo, resaltaron: “desde el Gobierno Nacional se están desplegando acciones coercitivas con el claro objetivo de forzarla a fallar en sentido contrario a la legalidad y la justicia”.
En ese marco, la AJB advirtió que las presiones políticas sobre el Poder Judicial representan una amenaza directa al sistema democrático y al Estado de derecho. “La independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales”, señalaron.
“Esta grave situación se inscribe en un contexto de acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, donde se han registrado abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales”, manifestaron. Un ejemplo de ello fueron los excesos represivos perpetrados el pasado miércoles contra la movilización en apoyo a los jubilados y jubiladas, que dejaron un saldo de más de 130 personas detenidas, 650 heridos y múltiples denuncias de violencia y abuso policial.
Por último, el gremio liderado por Russo exigió: “Basta de presiones”. Y expresó: “Defendemos la independencia judicial y el respeto de las garantías constitucionales”.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
