La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunciaron “la persistencia y desarrollo de acciones de inteligencia ilegal” de la Policía provincia de Buenos Aires
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) le enviaron una nota al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para denunciar “la persistencia y desarrollo de acciones de inteligencia ilegal” de la Policía provincia de Buenos Aires contra organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop).
La nota, a la que tuvo acceso Pulso Noticias, señala que “estas prácticas policiales ilegales, ya denunciadas por la CPM en los últimos años, continúan desplegándose en todo el territorio provincial y consisten en la toma de fotografías de las personas que participan de esos encuentros, aunque las mismas solo agrupen a un número muy pequeño de asistente”.
Entre los casos en cuestión, la CPM y la APDH hicieron referencia a algunas ocurridos en “los encuentros públicos de conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia celebrado el pasado 24 de marzo en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires”. Uno de ellos se dio en Balcarce, en horas del mediodía.
Asimismo, detallaron que “otro episodio ocurrió en el marco de la ‘Caravana de la Memoria’ convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza” realizada el 4 de marzo de 2023”. En este caso, las organizaciones que participaron de la manifestación señalan que fueron filmadas antes, durante y después de la misma.
Otro de estos hechos tuvo lugar en una asamblea gremial de la Cicop en la localidad de Chivilcoy, realizada el pasado 15 de marzo en las puertas del Hospital Municipal. Allí, “móviles policiales y autos de civil fotografiaron a los participantes sin justificación ni orden judicial alguna, cuestión que fue planteada a las autoridades correspondientes”, indicaron la CPM y la APDH.
Y agregaron: “En algunos casos, las autoridades policiales de los lugares en donde se ha detectado tal accionar han reconocido expresamente el proceder, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad”.
Fuera de la ley
En la nota presentada, la CPM y la APDH señalaron que “la vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional, se producen de manera permanente y recurrente”.
También indicaron que estas maniobras “significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático” y que “la policía bonaerense actúa fuera de la ley al ejecutar estas conductas”.
La nota además hace referencia a casos de “inteligencia ilegal” registrados durante 2019 (en la gestión de María Eugenia Vidal), contra los familiares de la Masacre de Monte y del joven Germán Gómez (encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn); y durante la actual gestión de Axel Kicillof, en el juicio por el asesinato en manos de la Policía de Lucas Verón.
Sobre este último caso señala que “policías bonaerenses fotografiaron a familiares y referentes de organismos de derechos humanos y sociales” en el predio de la Universidad de La Matanza, que es “de jurisdicción federal”.
La CPM y la APDH mencionaron además otro caso similar que se dio este año cuando “organizaciones de familiares y víctimas de violencia policial que se movilizaban, fueron víctimas de esa misma vigilancia ilegal en los Tribunales Orales de Avellaneda”.
Pedido de cese
La nota habla de “una continuidad de estas acciones en los últimos años” que “las aleja de prácticas individuales para transformarlas en prácticas institucionales avaladas por quienes tienen capacidad de decisión”.
En este sentido, las organizaciones pidieron que “se disponga el cese urgente de estas tareas de seguimiento y espionaje ilegal realizadas sobre las organizaciones sociales, políticas y gremiales”.
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