Pulso Noticias dialogó con el senador Francisco Durañona sobre el proyecto de ley ingresado en la legislatura bonaerense, que busca regular las condiciones de acceso a la vivienda para los inquilinos
La pandemia puso de relieve muchas de las problemáticas que atraviesan en su cotidianeidad los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, especialmente en los grandes centros urbanos. Una de ellas fue sin dudas el déficit habitacional y los inconvenientes en el acceso a la vivienda.
En este contexto ingresó en la legislatura bonaerense el proyecto de Ley de Alquileres, normativa que busca regular las condiciones para que las y los inquilinos, tanto de propiedades urbanas como rurales, tengan la protección del Estado a la hora del ingreso a una vivienda.
La propuesta, que contó con el acompañamiento de asociaciones de consumidores, de inquilinos, la Defensoría del Pueblo Bonaerense y el CELS, entre otras organizaciones, establece la obligatoriedad de la publicación de los honorarios y alícuotas en los locales y páginas webs de las inmobiliarias y martilleros públicos, como así también que la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de garantía, honorarios y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles urbanos o rurales será costeado por los propietarios.
La iniciativa también establece que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusivo de los propietarios.
En diálogo con Pulso Noticias, el senador del Frente de Todos y autor del proyecto, Francisco Durañona, señaló que “en la provincia de Buenos Aires se calcula que no menos del 20% de la población necesita recurrir a un alquiler”, lo cual “representa un número muy grande y se torna en una situación desesperante, sobre todos para los sectores de mayor vulnerabilidad”.
“El tema más importante que nosotros definimos con este proyecto es que todos los costos de intermediación, que son bastante grandes, quedan a cargo del propietario. Hoy para un contrato de alquiler de 30.000 pesos, que es un promedio bastante razonable, se requiere 150.000 pesos para entrar, ese dinero no lo tiene hoy una familia”, señala el legislador.
En la misma línea indica que “uno de los aspectos más relevantes que generan desarraigo, que expulsan a los jóvenes de sus comunidades, tiene que ver con la faltas de políticas en el acceso a la vivienda y la falta de regulación y de oferta para alquilar. Argentina es el país que tiene mayor concentración poblacional del mundo, la pandemia mostró las consecuencias de eso”.
Por otra parte, en relación al acompañamiento que recibió por parte de distintas organizaciones, remarcó que “todas trabajaron en este proyecto, lo acercaron, justamente Gervasio Muñoz (titular de la Federación Nacional de Inquilinos) se puso al frente de esto. Y ahora se inicia una serie de charlas y encuentros con todos los sectores interesados para tratar de conseguir lo más pronto posible el mayor consenso y que se apruebe”.
“También estamos trabajando en un proyecto de ley, complementario a este, vinculado a seguros de caución que reemplacen a las garantías y que esos seguros de caución sean garantizados por compañías públicas de seguros y por supuesto por el Banco Provincia”, agregó.
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