Tras los dramáticos episodios en la Comarca Andina, Pulso Noticias entrevistó a Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, quien cuenta detalles del proyecto que impulsa la ONG ambientalista para que el desmonte y la quema ilegal de bosques sean catalogados como delito penal
Por Lautaro Castro
Un par de semanas atrás los incendios en la Comarca Andina ocuparon un lugar destacado en la agenda nacional, con la viralización de impactantes imágenes de vastos territorios de bosques patagónicos devorados por el fuego. Esa visibilización masiva coincidió con el momento más dramático del desastre, cuando ocurrieron quemas simultáneas en la ciudad de El Bolsón (Río Negro) y las localidades chubutenses de El Maitén, Lago Puelo, Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, entre otras.
La espuma mediática bajó en los últimos días, pero eso no significa que los focos activos hayan desaparecido: al día de hoy, continúan los operativos en la zona para intentar controlarlos. Tampoco se trató de un fenómeno inédito: solo en 2021 se quemaron unas 30 mil hectáreas de bosques, lo que equivale a unos 9 millones de árboles arrasados.
¿Qué hay de las responsabilidades? No está del todo claro. Que el cambio climático jugó su parte no está en discusión aunque en estos casos, tal como afirma el Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social especializado en bosques, Hernán Giardini, el accionar humano suele ser un denominador común: “El 95 % de los incendios de este tipo son accidentales o intencionales. Naturales, como un rayo o algo por el estilo, solo un 5 %”.
En esa línea, la ONG ambientalista Greenpeace Argentina, donde Giardini se desempeña como Coordinador de la Campaña de Bosques, impulsa una iniciativa novedosa desde el punto de vista jurídico: catalogar como delito penal al desmonte ilegal y al incendio forestal y obligar a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente dañados.
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En esta entrevista con Pulso Noticias, Hernán cuenta, entre otros temas, cuán factible es que este proyecto prospere en el Congreso y por qué se llegó a una situación tan dramática como la ocurrida en la Comarca Andina, que dejó como saldo dos personas fallecidas y unas 800 viviendas afectadas.
—¿Qué lectura hacés de los incendios que en los últimos días afectaron gravemente a la Comarca Andina?
—Afortunadamente, luego de los focos simultáneos del martes 9 de marzo, las lluvias llegaron a la madrugada siguiente. Fue una catástrofe, pero creo que si no hubiese llovido el resultado sería diez veces peor. Al tratarse de una zona que mezcla bosque nativo y pinares plantados, el pino no contribuyó para nada, porque prende enseguida. Todo en un contexto de tremenda sequía y un calor que fue muy fuerte este verano, con semanas enteras arriba de los 30 grados. Diría que estamos inmersos en un círculo vicioso, porque deforestar genera cambio climático y, al mismo tiempo, el cambio climático incrementa las posibilidades de nuevos incendios. Esta situación nos complica, pero no es lo único que explica el fuego: también existen negligencias e intencionalidades.
—¿Existe algún indicio acerca de por qué pasó lo que pasó?
—La verdad que no soy optimista de que se sepa cómo fue. Me da la sensación de que una parte tuvo que ver con algunos accidentes y otra con un propósito concreto. Una colilla de cigarrillo que no se consumió, una fogata mal apagada o una quema de basura son situaciones bastante comunes en estos lugares. Al mismo tiempo, no podemos desconocer que el avance inmobiliario es uno de los factores que más incide en la quema de bosques, sobre todo en zonas donde no está permitido realizar loteos o deforestar con tales fines. En la zona patagónica los intereses inmobiliarios son muy grandes.
—¿Cómo explicarías esa relación entre el negocio inmobiliario y los incendios?
—Mucha de la parte que se incendió probablemente termine siendo vendida para urbanizar. El gran negocio inmobiliario de la patagonia consiste en comprar zonas rurales cercanas a la ciudad y lotear ahí. Se compra al valor rural y se subdivide en lotes. Cualquier persona que subdivide algo, gana dinero con eso. Muchas de estas zonas, que probablemente fueran codiciadas con fines de construcción, se quemaron.
—¿Qué chances concretas existen de que un incendio forestal sea considerado delito penal o al menos sea sancionado con mayor severidad?
—Lo que corre con posibilidades es una propuesta que está elaborando el Ministerio de Ambiente de la Nación para modificar la actual Ley de Bosques, que es bastante permisiva en cuanto a la deforestación en ciertas zonas. La idea es hacerla más restrictiva e incorporar en ella la figura de delito penal. Eso todavía está como borrador, no fue presentado ni por el ejecutivo ni por ningún legislador. En esa línea, senadores de la patagonia presentaron días atrás un proyecto de ley para crear el delito penal ambiental. Otra opción puede ser crear una ley específica de delito ambiental o delito forestal, como la que presentamos tiempo atrás, que se llamaba “Régimen penal de protección al bosque nativo”. Pero, más allá de cualquier idea, lo que en realidad falta es que el gobierno lo impulse con fuerza para que vaya más rápido.
—¿Qué pasó con aquel proyecto que habían presentado?
—Perdió estado parlamentario hace dos años. No avanzó porque la diputada María Gabriela Burgos (UCR-PRO), quien en ese entonces presidia la comisión de Legislación Penal, dijo que no iba a permitir que se discutiera cualquier proyecto que no fuera enviado por el presidente. Y ahí quedó trabado. De todas formas, tampoco es que hubo un gran interés de parte de los diputados de los otros partidos. No fue impulsado por el oficialismo ni hubo una gran presión del resto.
—¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
—Venimos hablando con todos los sectores políticos, así como con movimientos sociales, para que apoyen el planteo. También apelamos a la recolección de firmas, que siempre funciona como un mecanismo de presión. Ya sea en el caso de que volvamos a presentar nuestro proyecto o que el oficialismo impulse la modificación de la ley de bosques, lo que nos interesa es que se presente un proyecto que convenza y apoyarlo. Es fundamental que se vote rápido porque sabemos los intereses que hay detrás. Los sectores vinculados al desarrollo ganadero, agropecuario e inmobiliario son los que van a hacer lobby y ejercer presión para que la ley no camine. Incluso, si ven que el proyecto empieza a avanzar, seguramente salgan a quemar o a deforestar más, sólo por especulación. Hay que penalizar los incendios, sean intencionales o no: no puede ser que la única pena sea una multa.
—¿Las multas suelen ser elevadas o no? ¿Se pagan generalmente?
—Los recursos forestales son provinciales, por lo que las multas las aplican las mismas provincias. Para que el valor no quede desactualizado, muchas veces lo que se hace es un cálculo equivalente a una cantidad determinada de litros de nafta. Pero, en general, suelen ser bajas y no generan un efecto disuasivo. Y si son altas, siempre terminan judicializadas. Cualquier terrateniente al que le quieren cobrar diez millones de pesos de multa por destruir hectáreas de bosques, se gasta un millón en abogados para intentar frenar la medida y no pagar, algo que en general termina consiguiendo.
—¿Qué papel juega la justicia en este tipo de episodios?
—La realidad es que siempre juega tarde y no cuenta con suficientes herramientas. Faltan fiscalías ambientales y gente especializada que investigue este tipo de delitos. Por eso siempre se los termina considerando cuestiones civiles. Sería fundamental sacar nuevas leyes para que la justicia pueda actuar. Nuestro sistema jurídico todavía considera a los recursos naturales, aquellos que son comunes a todos nosotros, como bienes cuya destrucción no es penalizable. En ese sentido, estamos en deuda. También es lenta: cuando la minera Barrick Gold trató de voltear la Ley de Glaciares, mediante una presentación por presunta inconstitucionalidad, la Corte Suprema tardó diez años en decir que era constitucional.
—¿Qué capacidad de respuesta tienen los Estados, ya sea nacional o provincial, frente a un desastre de tal magnitud?
—Quedó demostrado que no estamos preparados para atacar incendios múltiples. Tal como está configurado el sistema de manejo del fuego actual, cada provincia tiene su propia dotación de brigadistas, así como sus aviones o helicópteros. El gobierno nacional, por su parte, suele brindar refuerzos ante casos como este, a través del envío de brigadistas de otros lugares. Hoy tenemos unos 120 brigadistas de todo el país ayudando en la zona, pero que no están en sus provincias. Mañana llega a desatarse fuego en Catamarca y los brigadistas de esa provincia tienen que salir corriendo para allá. Las responsabilidades, en cuanto a preparación previa y manejo de la situación, son compartidas, tanto de la Nación como de los gobiernos de Río Negro y Chubut.
—Según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2020 -año en el que 1,1 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios- solo se ejecutó un 54 % (396 millones de pesos) del total destinado al manejo del fuego (727 millones). Para la partida de este año se espera una caída presupuestaria del 43% en términos reales. ¿No es prioridad para el Estado financiar este área?
—Es algo que viene de varias gestiones, tanto a nivel provincial como nacional. El sistema de asignación de fondos muchas veces se traba en el propio poder ejecutivo y no avanza. No solo se trata del dinero en sí, sino también del armado de una infraestructura óptima. Para un país con 50 millones de hectáreas de bosques tenemos poco. Además de tener más brigadistas bien pagos, necesitamos que tengan toda la capacidad tecnológica a mano, más aviones hidrantes y helicópteros. Para este incendio, uno de los mayores de la historia de la patagonia, todo el refuerzo que hubo fueron 100 brigadistas. Se valora muchísimo su aporte, porque arriesgaron su vida, pero no alcanza.
—¿Cuánto tiempo llevará recuperar lo que se perdió en estos incendios?
—Gran parte de la reforestación va a ser natural, sobre todo en las zonas no urbanas, donde se va a tener que cerrar el campo para que el ganado no entre y se coma los brotes que vayan saliendo. Y otra parte será reforestada con algunas especies que se planten manualmente. De cualquier manera, los nuevos árboles que crezcan no los va a ver esta generación. Se necesitan 100 años, mínimo, para volver a decir “Esto es un bosque” y que no sean solo arbustos. También puede que haya zonas que nunca se recuperen porque ahora existe un nivel de erosión importante a causa del viento y cambios hídricos que se desprenden de esta situación. El impacto ecosistémico es completo, no solo en la parte vegetal.
—¿Creés que la aprobación de una ley que penalice los incendios forestales tendrá su efecto?
—Que salga una ley no implica que estos episodios no ocurran nunca más. Garantizar su implementación es otra historia. Los intentos de evasión van a existir igual, pero al menos se trata de establecer lo que conceptualmente un país considera como algo grave o no. Hoy es más grave robar una manzana que quemar un bosque. Entonces, en este sistema que penaliza ciertas acciones, estamos ante un problema de valores que evidentemente tenemos que resolver. Debería haber una figura similar a la del dolo eventual: si vas manejando borracho a 200 km por hora y matás a dos personas en la ruta, que se penalice. Algo similar podría correr para los incendios.
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