La entidad afirmó que existe una “histórica e insostenible indefinición del marco regulatorio” que impide establecer parámetros visibles tanto para la preservación del patrimonio de la ciudad como para orientar dónde y cómo construir
Hace quince días, en la última reunión del Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT), se volvió a poner sobre la mesa la tensión entre la preservación del patrimonio urbano de la ciudad y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, ante la presentación de expedientes que pedían desafectar inmuebles que figuran dentro del catálogo de bienes a proteger para desarrollar construcciones en altura.
El CUOT es el órgano consultivo previsto en el Código de Ordenamiento Urbano (COU), que tiene la misión de asesorar al Poder Ejecutivo con respecto a la actualización y mejoramiento de dicha legislación. Está integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo, cinco miembros de distintos bloques del Concejo Deliberante y representantes de cuatro colegios profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores y Técnicos).
Tras el último encuentro del organismo, el Colegio de Arquitectos emitió un comunicado en el que expresa: “Si bien resaltamos la importancia de la participación institucional en dicho espacio, revalidando su competencia y trascendencia en el tratamiento de las problemáticas urbanísticas y de ordenamiento territorial, volvemos a destacar que el objetivo fundamental del Consejo es la formalización de acuerdos participativos e interdisciplinarios para la definición de estrategias generales y la revisión normativa, y no el tratamiento de expedientes aislados y en forma absolutamente discrecional”.
Justamente, en la última reunión fueron siete los expedientes presentados en los que distintos desarrolladores inmobiliarios pedían la desafectación de inmuebles del catálogo de preservación patrimonial. Desde el Colegio se niegan a opinar sobre esos emprendimientos sin antes resolver la cuestión de fondo: la normativa que regula la conservación de áreas o sectores de la ciudad y los criterios integrales de planificación urbana.
“En los casos específicos propuestos a tratar, la dificultad radica justamente en la ya histórica e insostenible indefinición del marco regulatorio para tales intervenciones y por tanto instamos a su impostergable resolución. La misma no podrá eludir que la preservación del patrimonio no es un tema aislado ni separable del proceso integral de planificación y sólo será efectiva o de utilidad para la comunidad si se encuentra vinculada a las restantes variables a atender al respecto”, afirmaron los profesionales.
A su vez, explicaron que, “al momento de hablar de la protección de su patrimonio edilicio, se continúa discutiendo sobre la consideración de piezas aisladas, cuya conservación en un contexto que pretende su voraz renovación no logra sostenerse. Esta ‘distracción’ y la falsa dicotomía entre edificaciones ‘intocables’ y ‘para demoler’ aviva tanto sistemáticos intentos de desafectar inmuebles protegidos de alto valor para liberarlos a las leyes del mercado inmobiliario como el mantenimiento forzado de piezas o porciones de edificio en forma poco razonable, en un laxo e impreciso marco legal vigente”.
En ese sentido, proponen al Municipio “la constitución de un instituto u observatorio de la planificación para la ciudad, donde los Colegios Profesionales, la Universidad, las organizaciones intermedias y los especialistas independientes puedan brindar aportes conceptuales y desarrollos temáticos a las áreas técnicas municipales”.
“Interesa destacar que la experiencia demuestra que cualquiera de las acciones que históricamente se dejaron en manos de consultores individuales tuvieron serias fallas en su implementación al no ser concebidas dentro de un marco referencial integral”, remarcaron.
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