La Asociación Platense de Inquilinos advirtió por numerosos casos de familias que están siendo forzadas a dejar las casas que alquilan en medio de la crisis económica. Además, cuestionó las políticas de créditos hipotecarios que continúan aumentando la especulación del sector inmobiliario
El violento desalojo ocurrido en Guernica es apenas una expresión del grave problema de acceso a la vivienda que existe a lo largo y ancho del país. Pero esta situación también se expresa en otros casos, como el de miles de inquilinos que ya no pueden seguir pagando los lugares que alquilan, y terminan siendo forzados a irse de sus casas.
Sobre ese tema alertó la Asociación Platense de Inquilinos (API) a través de un comunicado de prensa en el que señalan que los desalojos de familias están ocurriendo “bajo diversas formas: muchas de manera ilegales y otras, aunque ‘legales’, cuestionables como política de Estado para enfrentar el déficit habitacional. Siendo ambas, parte de un sistema que lejos de garantizar nuestra constitución nacional y pactos internacionales, nos exprime y utiliza a las cientos de familias como herramienta de la especulación meramente mercantil del sistema inmobiliario”.
En ese sentido, ejemplificaron: “Hace una semana, una mujer junto a su hermana y nueve hijos (dos de ellos con discapacidades), encontraron sus cosas en la calle cuando dos individuos, a nombre del propietario, violentaron la propiedad y rompieron sus pertenencias. Aun con la presencia policial, estos individuos no se movieron del lugar, y actuaron con total impunidad. Por la presión de la inquilina, la policía le permitió volver al lugar pero sin darle la contención necesaria. Inclusive, llegaron a acusarla de usurpadora, cuando ella era la víctima. Hoy vive con miedo a ser violentada nuevamente”.
“No son raros estos desalojos violentos e ilegales en nuestra ciudad y sobre todo en los sectores más vulnerables, donde muchas veces termina siendo una pelea de pobres contra pobres, mientras que la acumulación de riquezas pasa por manos de los de siempre”, afirmaron.
A ese caso, sumaron otro ejemplo de desalojo vestido de “legalidad”. “Este 4 de noviembre a las 12hs, la “justicia” dejará una familia en la calle, (127 entre 65 y 66). Este conflicto deriva de un alquiler vencido, y el mismo que debería cursarse en el fuero civil, fue llevado adelante por el supuesto propietario, como delito penal. En un proceso viciado y sin garantizar la debida defensa de los ocupantes, los mismos serán desalojados por la fuerza, algo que el actual inquilino hoy nos comunicó a la Asociación”.
“Estos casos, que son muestra de una realidad, hacer entre ver que el Estado no está dando una respuesta acorde a los derechos garantizados por nuestras leyes. Muestran que en la defensa de la “propiedad privada”, todo es permitido y siempre se termina criminalizando a las víctimas. Estas políticas o desidias, son prácticas que no pueden ser la única respuesta de un Estado de Derecho. Y que, lamentablemente, son más cotidianas”, explicaron desde la API.
La asociación expresó su preocupación por este contexto remarcando: “nos toca las vísceras de una pelea que venimos dando desde hace ya más de una década, no solo en lo que respecta al sector de las y los inquilines, sino a la cadena que significa el acceso a la vivienda digna en Argentina”.
“Esta semana hemos podido ver distintos tipos de créditos hipotecarios, que sin un fuerte proceso de redistribución y control, solo seguirá concentrando el capital, en reservas de valor mediante el ladrillo para los sectores pudientes, especuladores financieros, inmobiliarias y constructoras”, señalaron y agregaron: “entendemos que la política del actual gobierno sea inyectar capital, y fomentar la construcción de segundas viviendas en sectores de un buen pasar económico, pero a un mediano plazo solo agudizará la especulación en nuestro sector. Un ejemplo claro es nuestra ciudad, que tuvo su boom inmobiliario pero es la ciudad con más asentamientos precarios nuevos. Entonces… ¿A dónde van a ir los fondos estatales mediante los nuevos créditos hipotecarios? ¿Por qué se siguen repitiendo viejas recetas?”.
“Pedimos a los poderes del Estado, principalmente al nuevo Ministerio de Hábitat, que se tenga real conciencia y políticas que aborden lo que acaece en nuestra Argentina”, reclamaron sobre el final del comunicado.
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