La UTT creo un innovador sistema de certificación agroecológica, y avanza con su aplicación. Se trata de una herramienta participativa, construida colectivamente. Mucho más que un sello de confianza
Por Walter Amori
Producir sin pesticidas es posible e implica todo un cambio social, una decisión política, la transición a un sistema más justo y hacia una mejor calidad de vida. Así lo entendió un grupo de productoras y productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) hace 8 años, quienes comenzaron a producir verduras y frutas de manera agroecológica.
“Todas las cosas que fuimos haciendo se gestaron desde la base. Un día una compañera se sentó y dijo ‘esta manera de producir no me gusta más’, porque justo había dado a luz a una niña, Lorena, que hoy tiene 8 años. Había nacido con síndrome de Down, la compañera les echaba la culpa a los agroquímicos y tenía mucha razón. A raíz de eso empezamos a ver cómo cambiar la manera de producir, empezamos a leer, a conocer experiencias. Todas las propuestas fueron surgiendo de un compañero o una compañera a quien le incomodaba algo en la manera de producir, algo en la manera de vivir, en la manera de comercializar, entonces en base a todo eso se fue trabajando en asambleas para poder concretarlo”, relata a Pulso Noticias, Rubén Gutiérrez Maquera, productor e integrante de la Secretaría de Producción de la UTT.
Esa manera de decidir fue la que determinó hace dos años atrás que la organización necesitaba avanzar hacia una certificación de sus producciones. Y encontraron en el Sistema Participativo de Garantía (SPG), la forma que más se adaptaba a su filosofía.
Hoy existen normativas vigentes para los productos orgánicos. Y si bien tanto alimentos orgánicos como agroecológicos responden a la lógica de escapar de las formas de producción tradicionales o hegemónicas, son sistemas responsables con el ambiente y generan productos sin venenos, no son lo mismo.
Cualquiera que haya intentado la experiencia de consumir productos orgánicos sin duda sintió rápidamente los efectos en su bolsillo. Y ello se debe a lo costosa que es su certificación, pero no necesariamente a cómo fue producido. Ese tipo certificación responde más a procesos técnicos y a una lógica del mercado.
El elevador valor de los productos orgánicos los hace exclusivos para sectores de alto poder adquisitivo, excluyentes de la mayoría de los productores e inalcanzables para buena parte de la población. Como dice la referente en Soberanía Alimentaria, Miryam Gorban, somos uno de los principales productores de alimentos orgánicos, pero para el resto del mundo.
A diferencia de los que ocurre con la certificación de lo orgánico, los SPG son procedimientos que se construyen colectivamente, sin encarecer los productos. Implican un reconocimiento de las condiciones de producir y de comercializar, incorporan una mirada social y política que prevalece por sobre la del mercado.
Así cuenta el inicio de ese proceso Rubén: “Hace dos años empezamos a tener curiosidad acerca de qué eran las SPG, porque los consumidores de los distintos almacenes nos consultaban si estábamos adheridos a alguna certificación. Empezamos viendo lo que eran las certificaciones orgánicas, pero nos dimos cuenta que estaba lejos de nuestro alcance porque muchos de los compañeros alquilan, se quedan en lugar fijo tres años y después la mayoría elige irse porque los costos de alquiler se elevan muchísimo”.
“Así que empezamos a leer experiencias de Brasil, del MST, de una cooperativa que se llama Terra Libre; también experiencias de Estados Unidos; de varios países de América Latina como Chile, Colombia, México. A partir de ahí, hicimos asambleas con el cuerpo técnico de la organización y con los productores. A medida que fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta de que nuestras propuestas se iban alejando un poco de lo que eran los SPG tradicionales. Empezamos a contemplar el ámbito social de las personas, cómo ellos empezaron a cambiar su manera de vivir, cómo viven ahora en comparación a cómo vivían a antes de empezar con la agroecología, cómo es la relación con los consumidores”.
El paso siguiente fue buscar apoyo técnico y lo lograron por medio del SENASA, el INTA y a través del programa de extensión de Agricultura Familiar de la UNLP. Representantes de estas instituciones, junto a integrantes del cuerpo técnico de la UTT y de las áreas de Género y de Juventud de la organización, participan de las visitas a los distintos campos para el proceso de certificación que tuvo su bautismo en marzo pasado. También están presentes representantes de los nodos que acceden a los alimentos y de pequeñas pymes agroecológicas que se están iniciando.
Ante la falta de una certificación estatal surgió una fórmula construida de manera colectiva. “Los compañeros del INTA nos dieron una mano con la elaboración de los protocolos. Dentro de ese proceso muchos de nosotros no sabíamos manejar una computadora, así que tuvimos que aprender a usar el Excel, una hoja de cálculo, fue aprender todo eso también. Por eso es que nos llevó casi dos años. La semana pasada cerramos el primer ciclo de certificaciones con 16 campos y afortunadamente todos han pasado”, manifiesta con gratitud Gutiérrez Maquera.
Rubén Gutiérrez Maquera, durante el proceso de certificación
La meta es llegar a 42 campos antes de fin de año, se trata de aquellos que tienen mayor cantidad de años en esta forma de cultivar, aunque la pandemia obligó a reformular algunos planes. “Tuvimos que organizar bien a las familias, ver cuántas personas podemos ir y tomar todas las precauciones necesarias. Antes de la pandemia la idea era hacer una vez por semana un campo a la mañana y uno a la tarde, hacer también un taller de aprendizaje y de compartimiento de saberes, la pandemia obligó a acortar los tiempos y a reducir la cantidad de gente”.
La importancia del COTEPO
Cuando desde la UTT decidieron comenzar a producir agroecológicamente, uno de sus pilares fue el Consultorio Técnico Popular (COTEPO) de la organización. Desde allí los productores se transforman en técnicos que enseñan a recuperar los suelos, elaborar y utilizar bioinsumos (a partir de materiales como estiércol, hierbas y cenizas) y fertilizantes naturales, y es desde donde se realiza un acompañamiento a quienes se inician en la práctica. Desde aquí también se otorgan los certificados.
“Nosotros como COTEPO tenemos sistematizado un proceso de formación de agroecología, que son 5 talleres, de un promedio de 4 a 8 horas todos los fines de semana. Empezamos con encuentros de 15 o 20 y llegamos a tener hasta 40 familias. Hoy con la pandemia estamos haciendo encuentros de 5 o 10, en lugares muy abiertos”.
La importancia de este espacio radica en que el aprendizaje se genera de productor a productor, donde se intercambian conocimientos y se recuperan saberes, además de dialogar con las teorías del ámbito científico.
Mucho más que un sello
La certificación agroecológica excede ampliamente las prácticas netamente productivas y sus protocolos son más exigentes que los utilizados para la certificación orgánica. Implica convivencia entre los distintos trabajadores de la tierra, viviendas dignas, ausencia de trabajo infantil, escolarización de niños y niñas, acceso a centros sanitarios, productores en condiciones dignas y bien pagos. Además, se preocupa por la diversificación de los cultivos, el estado de los caminos, el cuidado de las semillas y el manejo del agua.
Otro elemento que incorpora, tal como se promueve desde la propia organización, es la perspectiva de género. Rubén manifiesta al respecto que “antes los compañeros andaban a las corridas y llegaba el marido sacado, porque tenían mil deudas, estaba todo el tiempo molesto porque le habían puesto en la cabeza que el hombre era el sostén de la familia. No tenían tiempo de preocuparse del bienestar propio ni del bienestar de la familia. Los que empezaron a producir de manera agroecológica se dan cuenta de que es otra la calidad de vida. Si bien siguen teniendo los mismos gastos en lo que es el alquiler, ahora las compañeras hacen los bioinsumos y van empezando a notar ese trabajo que hacen las compañeras, entonces también hay una mejor relación dentro de cada familia y empiezan a tener más contactos con les hijes”.
También garantiza una cadena corta de negociación, eliminando intermediarios a través de negocios de cercanía, nodos de consumo y de la red propia de Almacenes de Ramos Generales. Aquí aparece otro elemento central: el precio lo definen los productores.
“Nosotros cada seis meses nos sentamos con todas las familias que están produciendo de manera agroecológica, aprendimos a hacer los números, a decir ‘mi acelga vale esto porque invertí equis cantidad de tiempo, equis cantidad de fertilizantes, las semillas me costaron tanto, le eché tanto de agua y es tanto de mano de obra’. También tomamos en cuenta altas y las bajas del mercado convencional. Al principio fue un dolor de cabeza aprender eso, muchos compañeros no tienen educación primaria ni secundaria, hubo que aprender a pasos agigantados y en conjunto”, indica a Pulso, Rubén Gutiérrez Maquera.
También señala que, tal como plantea una de las demandas centrales de la organización, es imperiosa una ley de Acceso a la Tierra (el 95% de las familias productoras no tienen tierras). “Muchos de los compañeros no se arriesgan a hacer agroecología por esta cuestión de que tienen contratos de arrendamiento de dos años o tres años, lo que no les da la posibilidad de proyectar a futuro, entonces eligen la facilidad que les da el mercado, que son los agroquímicos. Fortalecería mucho tener una tierra para cada productor porque en principio va a permitir no estar sujeto a una demanda que se impone desde el mercado”.
“El mercado convencional te dice ‘tienes que producir esto cueste lo que te cueste’. Por ejemplo, está la temporada de verano y todo el mundo tiene tomates. Al principio los primeros tomates valen una fortuna y después no valen nada. Y ahí tenés a un montón de compañeros que invirtieron un montón de plata y que se están fundiendo”, detalla.
En el sistema promovido por la UTT el 60% de lo que paga el cliente va a las familias productoras, un 20% a los fletes y un 20% a los almacenes, cuando en el mercado tradicional apenas se quedan, en el mejor de los casos, con el 10 %. Asimismo, le llega un producto con precio accesible y de calidad al consumidor.
“La cantidad de plata que pierden los productores en agrotóxicos es atroz y ahí está uno de los caballitos de batalla para que cada vez más compañeros se pasen a lo agroecológico”, le dijo Nahuel Levaggi, uno de los fundadores de la UTT y actual presidente del Mercado Central, a la Revista MU.
Por su parte, Rubén confía en que la certificación también servirá para que más familias se interesen por esta forma de cultivar. “Nosotros apostamos a que se va a reforzar muchísimo, porque al principio está el dicho ‘si no veo no lo creo’. Ahora hay compañeros que empiezan a ver que ya estamos certificando, que antes no les interesaba la agroecología, que estaban metidos en su modelo con agroquímicos y ven que la cosa va en serio. Así empezaron a llover llamados diciendo ‘quiero que me certifiquen, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que empezar’”.
Camino a los almacenes
Una vez otorgada la certificación, cada familia recibe un número que permite realizar una trazabilidad de los productos que van llegando a los almacenes, lo cual permite detallar si alguna verdura llegó mal o si algún paquete no llega con el peso correspondiente. Ello posibilita corregir y mejorar la calidad de la producción.
En este sentido cada agricultor debe firmar un contrato por medio del cual se compromete a continuar con su producción durante un determinado tiempo. En los casos que se detecten inconvenientes, se otorga un período de dos meses para corregirlos.
“Dividimos todo lo que es el cordón hortícola en zonas, a cada zona le asignamos una determinada cantidad de números. Entre La Plata y Florencio Varela tenemos cinco zonas fuertes de producción. Después tenemos pensado avanzar en zona norte, Mercedes, Cañuelas y General Rodríguez”, explica Gutiérrez Maquera, y añade: “Tenemos proyectado volver a todos los campos una vez por año. Vamos a estar seis meses certificando, viendo que el compromiso se esté respetando, y seis meses haciendo seguimiento a las familias que hayan tenido algún inconveniente y fortaleciendo a compañeros que se estén sumando”.
De abajo hacia arriba
Entre las políticas públicas reclamadas por la UTT al Estado están la promoción de la producción agroecológica y el reconocimiento de un Sistema Participativo de Garantía. Desde la organización confían en que el trabajo que realizan tendrá sus frutos y que el éxito de su propuesta será la que traccione a que se tomen definiciones en el plano dirigencial.
Rubén le cuenta a este medio que “hay compañeros de otros países que nos llaman para pedirnos consejos, desde otras organizaciones quieren saber cómo tienen que hacer para que los certifiquemos, eso nos da confianza para decirle al gobierno, ‘esto no es para nosotros sino para un pueblo que lo necesita’”.
“Si bien INTA, SENASA y la UNLP nos están acompañando, hay que buscar a futuro la legalidad de eso. Hoy por hoy es un programa de certificación interno de la UTT y nosotros tenemos la esperanza de que se establezca como una política pública para cualquier compañero que esté produciendo de manera agroecológica”, indica.
Y para finalizar asegura: “Siempre están las trabas burocráticas, la presión de los de arriba. Nosotros creemos que, si seguimos trabajando fuerte como hasta ahora, tarde o temprano el gobierno va tener que reconocer que esto sirve, porque no vamos a ser tres o cuatro locos diciendo queremos esto porque es necesario, va a ser un pueblo entero diciéndolo”.
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