La CPM denunció dos nuevas muertes en manos de la Bonaerense

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria, durante el mes de junio esta fuerza policial mató a una persona cada 40 horas. En las últimas horas se registraron las muertes de Lucas Verón, en La Matanza, y de Raúl Dávila en una celda de Chascomús

En plena cuarentena y búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido en Villarino, donde todas las miradas están puestas en la Policía Bonaerense, se conocieron en los últimos días dos nuevos casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El jueves por la noche Raúl Davila murió luego de que su cuerpo fuera quemado un 50% en una celda de la Comisaría 1ra de Chascomús. Raúl tenía 22 años, estaba detenido desde el 27 de junio por “resistencia a la autoridad”, un hecho menor totalmente excarcelable. Cuando se entera de que la justicia rechaza su excarcelación y dicta la prisión preventiva, comienza con una señal de protesta a incendiar parte de su colchón. La causa está en investigación.

El viernes por la madrugada, Lucas Verón de 18 años recién cumplidos hacía horas, salió con un amigo en moto al quiosco de su barrio, Villa Scasso, La Matanza, luego de haber festejado su cumpleaños, y se cruzó con un patrullero que comenzó a perseguirlos y dispararles. A Lucas le atraviesa una bala en su pecho, muere en el lugar y los policías se dieron a la fuga.

Rápidamente los organismos de derechos humanos de La Matanza salieron a denunciar un nuevo caso de gatillo fácil, y por orden de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo de Juan Pablo Tahtagian, fueron detenidos los policías de la Bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía había avalado este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.

“También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora”, remarcaron desde el organismo provincial.

Una persona cada 40 horas

Teniendo en cuenta estos dos últimos casos, la CPM informó que “en el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.

“Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”, aseguró el organismo.

Además, agregó que “al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar”.

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