Son más de 500 las detenidas que se encuentran en las unidades penitenciarias N° 8 y N° 33 de la ciudad de La Plata, quienes reclaman mejores condiciones de bioseguridad. Las trabas de un sistema judicial y carcelario que avala la sobrepoblación y el hacinamiento en tiempos de pandemia mundial
Por Estefanía Velo
“La situación no varió mucho por la pandemia. Las unidades provinciales del Servicio Penitenciario pasamos hambre, no hay insumos, no hay comida, no hay nada”, manifiesta M desde uno de los pabellones de la Unidad Nº 8 a Pulso Noticias. A casi un mes del decreto de aislamiento obligatorio y la expansión de la pandemia, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad exige medidas de limpieza y sanidad para resguardar sus vidas. En la provincia hay 2.151 mujeres detenidas en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La crisis del sistema carcelario no es nada nuevo. En octubre del año pasado el Tribunal de Casación Penal exhortó al Ejecutivo bonaerense a buscar medidas alternativas para no seguir sobrepoblando las cárceles. Según un informe brindado por Casación, la población detenida en dependencias del SPB aumentó entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 de 42.564 a 45.020 personas privadas de su libertad para un sistema que cuenta con unas 20.000 plazas.
Recién asumido, el gobernador Axel Kicillof creó a través de un decreto una mesa de diálogo para analizar las condiciones carcelarias y proponer políticas para resolver lo que es una bomba a punto de estallar. Las unidades penitenciarias de la provincia tienen una sobrepoblación del 120% en donde la gran mayoría tiene prisión preventiva y no una condena efectiva.
Ante la alerta del alto nivel de propagación del Covid-19, rápidamente se suspendieron las visitas a las unidades carcelarias y desde Casación permitieron el uso de celulares para comunicarse con sus familiares. También desplegaron un protocolo de contingencia basado en el uso de barbijos, guantes y alcohol en gel dentro de las cárceles, controles de síntomas y limpieza de la ropa antes de que ingrese cualquier persona y ventilación, entre otras. Según confirmó una fuente oficial del SPB a este medio, hasta la fecha se confirmaron dos casos positivos de una agente que realiza tareas en conserjería del penal de Olmos, y otro de Campana; mientras tanto no se registran casos confirmados entre las personas detenidas.
Sin embargo, M relata que recién esta semana comenzó a ver a las agentes penitenciarias usando barbijos y guantes. “No tenemos atención médica, no tenemos agua y jabón, lavandina, cosas básicas”, cuentan. Se sienten expuestas a ser afectadas en su salud. “Nosotras estamos acá privadas de la libertad, pero ellas no –por las agentes penitenciarias-. Se van a sus casas y vuelven, y estuvieron quince días sin aplicar el protocolo”, afirman.
“¿Vos creés que alguien va a pagar por mí?, ¿quién va a pagar por mí? No tenemos una sanidad digna. No hay ni un ibuprofeno. No tienen nada para curar a una persona en esta unidad”, relata M con voz de indignación. Y agrega: “Estamos esperando que vengan a limpiar, nos dicen que no tienen nada. Solicitamos que nos provean desinfección por cada celda, acá somos 50 en el pabellón”.
Con música de fondo, M, que lleva dos años y dos meses en la Unidad Nº 8 a la espera de una condena firme, relata que lo único que varió con la cuarentena en la cárcel fue la restricción de visitas. “Al no tener visitas no ingresa alimentos porque dependemos de las visitas para que muchas podamos comer algo ‘normal’. Esta Unidad no permite ingresar comida cruda, solo precocida, entonces te dura uno o dos días, capaz que en invierno un día más, sino empieza a largar olor”. Y aclara: “Este pabellón no tiene heladera, el de al lado tampoco. No tenemos cocina, dependemos de un fuelle”.
M. también relata las necesidades básicas que debe tener cubierta cualquier humano pero dentro de las cárceles pareciera que no existen. Agua, comida, salud, educación, limpieza, elementos esenciales para vivir. Por ejemplo, M. asegura que “la mayoría de las veces no se puede comer, te dan tres piezas de pan chico para que aguantes el hambre con un mate”.
La mayoría de las personas detenidas provienen de los sectores más pobres y son acusados por delitos menores. Según el informe Casación, hay 21.538 internos procesados. Casi la mitad de las personas detenidas no tienen una condena firme. M es una de ellas, una de las tantas procesadas. “Llevo dos años y dos meses esperando la resolución del Tribunal de Lomas de Zamora. Así como estoy yo hay muchísima gente”, dice.
“Pasan los meses, a veces hasta años y los fiscales y jueces no son capaces de resolver las causas. El sistema judicial es absolutamente perverso en la provincia de Buenos Aires”, relata a Pulso Noticias Eugenia de 50 años, quien vive en Necochea desde octubre del año pasado bajo arresto domiciliario. Ella es abogada e integrante de la cooperativa Esquina Libertad -un proyecto de trabajo con detenides, liberades y sus familias-. Ella estuvo más de dos años detenida en la cárcel Federal de Ezeiza, y asegura: “Ahí estábamos en Disney. Son muy diferentes las condiciones del Servicio Penitenciario Federal que los de Provincia. Lo peor que te puede pasar es ir a Provincia”.
La burocracia por sobre la emergencia sanitaria
El Tribunal de Casación Penal de la Provincia ordenó el pasado 9 de abril el arresto domiciliario inmediato de todas las personas privadas de su libertad que integren el grupo de riesgo por el coronavirus (mayores de 65 años, con patologías preexistentes, y mujeres embarazadas y/o con niñes). La medida también alcanza a quienes hayan cometido delitos leves pero cuánto más tendrán que esperar para hacer cumplir lo recomendado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Pasaron casi diez días y la burocracia judicial no avanza con esa orden. Ni en tiempos de pandemia mundial la justicia permite acelerar las resoluciones para resguardar a las personas más expuestas, a aquellas que viven hacinadas, encerradas, y sin lavandina para desinfectarse. Hoy se conoció que el Ministerio Público Fiscal de la provincia apeló la resolución de Casación; y su titular Julio Conte Grand llamó “miserias humanas” a los pedidos de las defensorías.
Según confirmó una fuente oficial del SPB, el alcance llegaría a unas 400 personas detenidas. Sin embargo, la experiencia de M. demuestra la poca voluntad de los jueces para resolver de manera inmediata todas las causas penales donde solamente la persona acusada está procesada sin condena firme.
En la Unidad Nº 8 hay alojadas 241 mujeres y lesbianas. Mientras que en la Unidad Nº 33 son 279, entre las cuales hay mujeres embarazadas y con niñes. Ambas están ubicadas en Los Hornos. Según informó la agencia de noticias Andar (de la CPM), en la provincia hay un total de 77 madres con sus hijes (según las instituciones judiciales y ministeriales son consideradas “madres” aquellas mujeres que tienen hijes de menos de 5 años), 70 están en la Unidad Nº 33. De las 77, en los últimos meses accedieron a la morigeración de su pena unas 25. Todavía queda un largo listado.
“Yo solicité la morigeración, y el juez me respondió que estoy más a resguardo del Covid dentro de la unidad que saliendo al mundo exterior, extramuro. Si vamos por la ley, yo ya debo haber sido liberada o enjuiciada porque llevo 26 meses a la fecha”, cuenta M. En su pabellón liberaron con arresto domiciliario a una señora con Epoc y una chica con HIV. “Hay tres que están siendo evaluadas pero todavía nada. A una le falta un pulmón, la otra tiene perforado un pulmón por una pelea acá dentro del sistema penitenciario, y por la falta de atención se le traspasó al bazo que lo tiene complicado. Y la otra chica sufre de problemas cardíacos y de presión”, explica.
Hasta el mismo ministro de justicia bonaerense, Julio Alak, aseguró a las semanas de asumir que la infraestructura penitenciaria “está en una grave crisis, en muchos casos es obsoleta y en otros hay situaciones de riesgo” y agregó que “hacen faltan más espacios”. La Comisión Provincial por la Memoria viene asegurando desde hace años que en las cárceles bonaerenses hay una “crisis humanitaria” gravísima. ¿Será el momento de resolverlo verdaderamente o sólo seguirán siendo discursos en mesas de diálogo? La bomba puede estallar.
M. señala que “están todas descreídas acá dentro de que nos den algo”. Ella siente que poco les importan sus vidas a los fiscales, jueces y funcionarios, al igual que los agentes penitenciarios quienes las violentan constantemente. “Este es un sistema arcaico”, dice.
Ante tal situación, las detenidas están unidas entre ellas para no generar un mayor desborde en esta situación de emergencia y crisis por la pandemia mundial. Mientras tanto, afuera de los muros también crece la unidad: se lanzó una convocatoria para juntar alimentos, artículos de higiene (jabón, lavandina, toallitas, papel higiénico) y ropa de abrigo en solidaridad con las presas de las Unidades Nº 8 y Nº 33. Se pueden alcanzar al centro de acopio Casa Zaragoza, 53 N° 435 entre 3 y 4, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 15 horas.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
