De la redacción de Ombelico
El pasado 30 de septiembre el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el cierre del Congreso Nacional y el llamado a nuevas elecciones legislativas previstas para el próximo enero. Contrariamente a lo que se podría esperar en otras latitudes, donde el cierre del legislativo por parte de un presidente sería visto como un acto autoritario, en Lima no solo se consagró la legalidad y legitimidad de la decisión, sino que en las calles centenares de personas acogieron la noticia con verdadero júbilo.
Por un lado, el Congreso es ya asimilado en la memoria colectiva como un antro de corrupción, totalmente alejado de los problemas de la gente. Desde las elecciones de 2016, es controlado por el partido Fuerza Popular, ligado al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Sus hijos y los dirigentes partidarios han querido utilizar su mayoría para forzar al gobierno a garantizar una amnistía para el anciano Fujimori e impunidad para los dirigentes del partido vinculados a casos de corrupción.
Por el otro, un puñado de partidos como Peruanos por el Cambio –del actual presidente Vizcarra–, Bancada Liberal, Frente Amplio y Movimiento Nuevo Perú lograron aunar fuerzas para activar el artículo 134 de la Constitución, que faculta al presidente a disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones en caso de que este se niegue a dar el respaldo –la “cuestión de confianza”– a su gabinete de ministros por dos veces. Gracias a esta atribución, el fujimorismo y los conservadores perdieron el control del Congreso, aunque dieron pelea hasta último momento: tras el anuncio de Vizcarra, destituyeron al presidente y proclamaron a la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, como “presidenta encargada”. Una decisión que no duró más de 24 horas. Con el solo apoyo de los industriales, el fujimorismo debió retroceder ante el respaldo de las Fuerzas Armadas, la OEA y las calles a la decisión del presidente Vizcarra.
Tania Pariona Tarqui, excongresista del Movimiento Político Nuevo Perú e integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, habló con L’Ombelico del Mondo acerca de esta situación y el futuro político del país.
–¿Cuál es la situación institucional en el Perú hoy?
–En el Perú tenemos un solo presidente, el señor Martín Vizcarra, un Congreso disuelto constitucionalmente, una Comisión Permanente que debería estar funcionando, según lo que manda la constitución cómo se procede después de una disolución constitucional; y ya hay un decreto supremo que define la fecha del 26 de enero de 2020 para un proceso de elecciones congresales. Sin embargo, las bancadas políticas, especialmente la del fujimorismo junto con el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaychea, han emitido pronunciamientos a través de medios internacionales para decir que en el Perú habría ocurrido un golpe de Estado, hecho totalmente falso.
Aquí en el Perú la ciudadanía en general ha respaldado esta disolución constitucional. El lunes 30 la gente ha celebrado con algarabía la decisión tomada por el presidente de la República. Nosotros desde la bancada de Nuevo Perú y otras fuerzas políticas democráticas hemos respaldado esta decisión porque asistíamos a una situación de desmantelamiento de la legislación y las normas, pero, sobre todo, la captura de los poderes del Estado por parte de una fuerza política totalmente cuestionada, vinculada con actos de corrupción y procesos de investigación. Su lideresa Keiko Fujimori hoy cumple prisión preventiva. Y entonces en nuestro país lo legal, lo legítimo y lo real es que ya no tenemos Congreso. Y todas las acciones que vienen haciéndose y emitiéndose desde aquellos congresistas que dicen aún tener el cargo, la verdad, que son ilegítimas e ilegales y no tienen ningún respaldo social.
–La bancada del Nuevo Perú, junto con otras bancadas, son claramente opositoras al gobierno de Peruanos Por El Cambio. Es decir que esta decisión de apoyar el cierre del Congreso por parte de Vizcarra no significa un apoyo político al presidente, ¿no es así?
–Nosotros siempre nos hemos declarado en oposición al gobierno. Tenemos grandes críticas a la política de Estado en materia económica, laboral, entre otros. Hay puntos bastante cuestionables respecto a los derechos laborales, de pueblos indígenas, ambientales y económicos en los cuales no vamos a coincidir tal vez. Pero en este contexto lo que ha mermado permanentemente desde el parlamento es una correlación de fuerzas que, basándose en la mayoría de integrantes que detiene Fuerza Popular, y teniendo los votos, lamentablemente en estos tres años no ha sido sino casi una dictadura parlamentaria por parte de la mayoría.
Entonces, fuerzas políticas distintas, entre ellas un grupo pequeño de Peruanos por el Cambio –que quedaron después de un quiebre, incluso– y otras fuerzas políticas, hemos actuado en un bloque democrático para defender al país y la voz de los ciudadanos que clamaban dar un pare de una vez a la corrupción y un conjunto de personajes que no han hecho otra cosa que desacreditar al Congreso. Congresistas vinculados con investigaciones por el caso Lava Jato, o con otros actos de corrupción y delitos, algunos inclusive con sentencia. La verdad que el prontuario del Fujimorismo es largo. En un Congreso tan desacreditado, que no ha hecho sino desmantelar un conjunto de marcos legales y tomar decisiones en permanente confrontación contra el Ejecutivo, no es lo que merece Perú. La salida, como una decisión ante esta crisis política, una crisis de régimen, lo que ameritaba era tomar una decisión de esta naturaleza. No daba para más. Todos nos vamos a casa y ojalá haya un proceso de elecciones para renovar la clase política y evitar la consumación de la impunidad por parte del fujimorismo.
–La Secretaría General de la OEA ha instado al Tribunal Constitucional del Perú a que se pronuncie en cuanto a la legalidad y legitimidad de estas decisiones. ¿Cuál va a ser el rol de ese Tribunal en los próximos días?
–La OEA ha recomendado, en efecto, que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que dirima si efectivamente esta disolución del Congreso es legítima, si se han respetado los procedimientos y requisitos frente a un escenario de incertidumbre. Pero nosotros creemos que es solo una posición de la OEA, que también saluda que se haya convocado a elecciones y que sea el voto popular el que defina la situación de nuestro país, pero el TC no puede actuar como hace la fiscalía, de oficio. En este caso, el TC va a tener que responder a un petitorio, una demanda de competencia desde el parlamento y, como no hay parlamento, no ameritaría una intervención del TC, sino ir a elecciones. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el padrón de electores y se debe tener un cronograma para la presentación de candidaturas. Sin embargo, esta posición de la OEA ha sido un motivo para que el que cree ser todavía presidente del Congreso, el señor Olaychea, diga que sea la Comisión Permanente la que apruebe esta acción competencial del TC. Pero una Comisión Permanente tiene funciones muy limitadas y no tiene esa atribución.
Nosotros creemos que en nuestro país se ha seguido todo el procedimiento constitucional de manera legal para la disolución del Congreso. La Comisión Permanente se debe remitir a sus funciones reconocidas dentro de la Constitución y no demos cabida a esta mafia corrupta, porque eso es lo que son, a que nos den discursos de confusión de tergiversación e incluso de intromisión. En el Perú estamos viviendo una situación de crisis pero no generada por Ejecutivo o por falta de consenso, sino porque hay una fuerza política que se ha atrincherado, que se amarra a sus curules y no quiere dejar el cargo. Y están inclusive recurriendo a acciones de carácter ilegal, de la cual deberán responder. Pero ya es una cosa forzada, la población ya ha determinado que el Congreso está disuelto. Y legalmente ya se está avanzando en el cronograma hacia el proceso electoral. Tenemos un nuevo primer ministro. Aquí no les queda otra cosa sino truncar y obstruir un mecanismo legal ya decidido, y algunos por supuesto temen que de aquí en adelante, a raíz del caso Odebrecht, se puedan revelar un conjunto de nombres, los “codinomes”, los nombres en clave que serían congresistas de este periodo concluido que han financiado su campaña gracias a Odebrecht. Hay ciertos temores seguramente de parte de esos personajes a enfrentar a partir de ahora la Justicia.
–¿Cómo analizan y cómo se preparan desde Nuevo Perú para las elecciones de enero?
–Nosotros creemos que este año y medio que quedará de periodo congresal es clave. Todo lo que se ha avanzado en la reforma política y en la reforma del sistema de Justicia no puede retroceder. Dar pasos para atrás ya no. Más bien dar pasos adelante para fortalecer nuestro sistema de Justicia, para hacer que los avances se implementen, se cumplan y desde la labor de fiscalización y de control político, eso es clave. Pero además, este año y medio puede ser determinante para renovar esa clase política y recuperar la confianza de los peruanos. Lamentablemente, periodo tras periodo de gobiernos y congresos hemos tenido políticos que han dado mucho que desear con sus antecedentes, sus desempeños, los actos de corrupción. Un conjunto de hecho que ha logrado desprestigiar al parlamento. Este año y medio donde entren, esperamos congresistas con un perfil ético, honesto, que no tengan vínculos con un conjunto de actos delictivos. Eso es importante. Y que podamos recuperar una verdadera democracia, que podamos recuperar la confianza del ciudadano hacia el político, la independencia de los poderes del Estado, la institucionalidad.
–¿Cuáles son las diferencias entre esta última disolución del Congreso y la perpetrada por el gobierno de Alberto Fujimori en 1992?
–En 1992 lo que ocurrió es un golpe de Estado. Tuvimos desde tanquetas a Fuerzas Armadas interviniendo dentro del parlamento, se cometieron violaciones a los derechos humanos, se coparon las instituciones del Estado, se secuestraron a periodistas, no había seguridad pública. Solo imaginar las imágenes del contexto que tuvieron que vivir nuestros padres en el año 92, no tiene para nada punto de comparación con la disolución constitucional de este año. El 30 de septiembre ha sido un día de triunfo popular, de celebración de los ciudadanos. Las imágenes eran de emoción. Incluso hubo personas que lloraban de emoción, porque veían que el parlamento estaba verdaderamente capturado por una mafia que hacía y deshacía lo que le pareciera. Hubo un conjunto de leyes aprobadas para beneficiar a grupos de poder económico y político. Entonces, la celebración del 30 de septiembre significa un respiro para tener un nuevo parlamento y parar la corrupción. No hay ningún punto de comparación con el golpe del 92. En este caso, además, las Fuerzas Armadas y policiales respaldaron la decisión del presidente, y ese respaldo –en el sentido de proteger, de resguardar, no de reprimir– ha permitido mayor seguridad.
Los hechos del 92 mantienen viva la memoria en nuestro país de políticas lesivas hacia la propia soberanía de los peruanos. Una política además neoliberal, que arrastramos desde esa época. Las empresas que teníamos se privatizaron, se privatizó la salud, la educación, se recortaron derechos laborales, se criminalizó el acceso a la Justicia. Después de la década de los 80, los crímenes de lesa humanidad que cumplieron hasta el 2000, terminó generando una discusión de memoria, desde la oficialidad y el poder del Estado, frente a una memoria que fue secuestrada, que fue desaparecida y nunca pudo obtener justicia plena. Ese es otro tema frente al cual Perú aún no tiene una reconciliación todavía alcanzada.
–Hay una foto que se ha tomado ese mismo 30 de septiembre adonde aparece junto con otras tres dirigentes, Marisa Glave, Indira Huilca y la fundadora del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza. Llama la atención el protagonismo de mujeres dirigentes en los movimientos sociales y partidos políticos del Perú, y especialmente aquellas que, como usted, tienen un vínculo profundo con el movimiento indígena. ¿Cuál es el rol de los movimientos de mujeres e indígenas en la construcción del escenario político peruano de cara al futuro?
–Nosotros desde el Nuevo Perú apostamos por una democracia paritaria; con igualdad sustantiva, verdadera. Pero también apostamos ser un país plurinacional, que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su autodeterminación. Y las mujeres hace muchísimos años hemos venido enarbolando un conjunto de luchas sociales y políticas por tener mayor participación en los espacios de toma de decisiones. En el Nuevo Perú tenemos un comité sectorial bastante activo con mujeres lideresas del campo y la ciudad, con mujeres que reivindican sus derechos laborales, sexuales y reproductivos. Y también con mujeres de pueblos originarios que cada vez somos más visibles. Hemos podido lograr desde nuestra labor parlamentaria que se aprobara la paridad como un requisito para las elecciones congresales. Esto se hará vigente desde el año 2021, pero este logro es bastante importante para el país, siendo en Perú el 50,8% de mujeres sobre toda la población, y la paridad es la representación justa que amerita tener la mujer en los espacios de poder y en los estamentos que tiene nuestra estructura estatal. Creemos que la paridad es posible. Y la visibilidad de rostros femeninos también es un ejemplo claro para la futura generación. Para que las niñas sientan que pueden tener roles políticos, pueden tener aspiraciones para ser congresistas, para ser presidentas de su patria, para ser lideresas de sus espacios organizativos. La verdad que yo estoy muy contenta, porque además la interculturalidad como un enfoque que transversaliza esta aspiración política, nuestro programa de cara al bicentenario de 2024 y más allá aún, para mí como mujer quechua indígena es sumamente importante, ya que los pueblos indígenas hemos estado muy excluidos e invisibilizados. Aún creemos que nuestra agenda indígena sigue siendo la última rueda del carro en un estado de marginalidad y muchas veces no se logra hacer prioridad en las políticas de Estado. Pero vamos fortaleciendo justamente las bases organizativas y los liderazgos para que no sientan que los indígenas reivindicamos solo lo cultural, lo musical y artístico, sino que también podemos ser actores políticos de cambio y transformación de nuestros países.
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