Escuela de Sanidad de La Plata investigada como posible centro clandestino en dictadura

Una exempleada de esa dependencia del Ministerio de Salud bonaerense afirma que ese edificio puede haber sido usado por los genocidas como calabozo y morgue. Piden pericias y declaraciones testimoniales

Por Daniel Satur y Estefanía Velo*

La ubicación, desde el punto de vista militar, es estratégica. La esquina de 4 y 51 queda a 200 metros (hacia el este) de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a 100 (hacia el oeste) de la vieja Jefatura de la Policía (hoy sede del Ministerio de Seguridad) y a 250 metros del edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la temible Dippba manejada en dictadura por Miguel Etchecolatz.

El edificio, desde el punto de vista represivo, tiene todas las condiciones para que allí pudiera haber funcionado un centro clandestino de detención. Al día de hoy el sótano sigue guardando enigmas que nunca el Estado se encargó de dilucidar. En ese lugar, por ejemplo, hay una placa de concreto en el piso, similar a la de una tumba, cuya existencia no se explica salvo que se haya puesto allí para “tapar” algo.

Desde hace muchas décadas, allí funciona una sede del Ministerio de Salud provincial. Hoy lleva el nombre de Escuela Superior de Sanidad y en los años 70 se la llamaba Escuela de Técnicos. En ese lugar, entre los años 1975 y 1978, trabajó en la parte administrativa la entonces estudiante de psicología Liliana Ester Rodríguez, quien fue echada por razones políticas por la gestión del gobierno de facto.

Tras muchos años de armar un complicado rompecabezas, juntando retazos de recuerdos, logrando nueva información a partir de encuentros fortuitos y escuchando tantas historias confluyentes, Rodríguez decidió que era el momento de denunciar, de pedir explicaciones al Estado y de exigir que se sepa toda la verdad sobre ese lugar.

La mañana del 10 de septiembre de 2018 se presentó junto a una abogada de su confianza en la sede de la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en procesos por violaciones a los derechos humanos. Allí brindó un extenso testimonio en el que detalló su terrible experiencia en la Escuela de Técnicos durante la dictadura, particularmente con su jefe Miguel Ángel Maldonado.

Hasta la publicación de este artículo, la denunciante había preferido mantener su identidad en reserva, “por una cuestión de seguridad personal y familiar”, según ella misma pidió en su declaración testimonial.

Esa decisión se modificó luego de conocer públicamente, hace pocos días en La Plata, otra denuncia tenebrosa ligada a la dictadura: un vecino del barrio de Hernández testimonió sobre el funcionamiento de la fábrica Fasacal, donde podrían haber sido quemados muchos cuerpos de personas detenidas desaparecidas. Ese reflejo, en un clima de época de no callarse nunca más, ayudó a Liliana Rodríguez a tomar impulso, aceptar que se publique su nombre y empezar a ser patrocinada por el colectivo de organismos de derechos humanos Justicia Ya! La Plata.

Recuerdos y heridas abiertas

En su declaración testimonial, a la que accedió este medio, Rodríguez recuerda que tras el golpe del 24 de marzo de 1976, en la Escuela de Técnicos donde trabajaba desembarcó como interventor el psiquiatra Miguel Ángel Maldonado.

La mujer cuenta que el médico de la Policía Bonaerense la obligó a ser su secretaria privada. “Me hace saber que conoce mi situación familiar, a qué se dedican, qué hacen, mi condición socioeconómica. Asimismo me hace saber lo que piensa de la carrera que yo estudiaba, él considera a la facultad de Psicología la ‘cuna de la subversión’. No tuve ninguna posibilidad de negarme” a ser su secretaria, recuerda.

Rodríguez relata detalles de esas jornadas cargadas de miedo: “Lo esperaba parada frente a la oficina para ir tocando los escritorios para ver si había algún micrófono, abriendo los cajones para ver si había alguna bomba, al menos eso era lo que él decía”.

Desde el ventanal de la oficina de Maldonado, que estaba en el primer piso, se veía en línea recta la construcción de las bases de hormigón del actual Correo Argentino. “Según lo que él decía desde ahí iba a tirarle tiros la subversión, por lo que me hizo cambiar los muebles de lugar, poniéndome a mí de espalda a esa ventana”, recuerda Rodríguez. 

La mujer también atendía todos los llamados telefónicos y recibía todos los correos de papel. Entre esa correspondencia recuerda claramente el decreto del gobernador Saint Jean “con el listado de los libros considerados subversivos, entre la cual estaba la mayor cantidad de bibliografía que usábamos en la carrera de psicología”.

“Una frase diaria o frecuente ante llamados o recepción de esa correspondencia era ‘el día que yo me entere que algo de lo que aquí llega o se habla salga de esta oficina, ese día me vas a conocer’”, la amenazaba Maldonado.

Rodríguez entonces decidió dejar de estudiar en grupo y de frecuentar casas de compañeros. Hasta que el 31 de octubre de 1978 le enviaron un telegrama a su casa donde el Ministerio de Salud le anunciaba que prescindía de sus servicios por razones políticas inhabilitándola a trabajar por cinco años en cualquier lugar del Estado. “El despido ocurrió luego de que naciera mi hija y a posteriori de haber estado internada en la misma en la Clínica del Niño, que era frecuentada por Maldonado para controlarme”, agrega.

Compañeras y compañeros

Hay algunos recuerdos que pesan más que otros. Para Rodríguez hay tres nombres incrustados en esta historia a los que permanentemente convoca su memoria: Rubén Rocca, Nora Formigo y Elena Arce, sus compañeras y compañero que al día de hoy permanecen desaparecidos.

“Poco después del feriado del 17 de agosto de 1977 tuve conocimiento, estando trabajando allí, de la desaparición de Rubén Rocca, un compañero de trabajo. Y presencié la entrevista entre el padre de Rubén y Maldonado, donde el primero le pedía ayuda porque no sabía dónde estaba su hijo”, recuerda la denunciante. Y agrega que “la respuesta de Maldonado al padre de Rubén fue que no sabía nada. Lo terrible era que yo recibí a ese padre y no podía decirle que ese no era el lugar para pedir ayuda”.

Tras salir del paso con el padre de Rocca, Maldonado hizo un “careo” entre todo el personal de la Escuela de Técnicos para saber si habían tenido contacto con el joven en el último tiempo. “Al día de hoy Rubén sigue desaparecido, no hay un relato de haber sido visto en ningún centro clandestino”, dice Liliana.

En el caso de Formigo y Arce, ambas eran trabajadoras del departamento de Enfermería de la Escuela. Junto a Margarita Delgado fueron detenidas y asesinadas a mediados de enero de 1978 en lo que se conocería como “el caso de las enfermeras”. “Pese a que estos casos siempre fueron vinculados con la Cruz Roja yo siempre tuve la sospecha que tenían vinculación con su trabajo en el Ministerio”, asegura Rodríguez.

Operativos nocturnos

Entre 1976 y 1978 la estudiante de psicología escuchó reiteradas veces a su jefe hablar por teléfono con terceros sobre “operativos nocturnos”. Ella recuerda que en esas conversaciones se decía que “saldrían de la escuela”, que “el operativo va a ser esta semana” y se preguntaban “si tenían el listado para el operativo”.

La psicóloga nunca pudo “tener precisiones y ni certeza de a qué se referían” en esas conversaciones. Pero con el paso del tiempo, “y en la constante búsqueda que hice para sacarme esta piedra que llevo”, pudo encontrarse con personas que trabajan en la Escuela Superior de Sanidad e integran una Comisión de Memoria de la institución.

Gracias a ellos confirmó no solo que esos operativos existieron sino que incluso le acercaron una investigación de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP que lo certifica.

La investigación (parte de una tesis de maestría) estuvo a cargo de la licenciada María Alejandra Parkansky, se titula Trabajo Social en la última dictadura cívico militar: mega operativo en Villa Jardín en el año 1978 y puede leerse a través del sitio web de la Universidad de La Plata.

Allí se reconstruye un hecho que, lógicamente, no fue excepcional en esos tiempos. Un operativo represivo conjunto entre el Ejército y el Ministerio de Bienestar Social bonaerense (actual Ministerio de Salud) utilizando la Escuela de Técnicos como base operacional (desde allí se salió una medianoche en micros hacia Lanús) y hasta reclutando bajo engaño a docentes y estudiantes que acompañaron las acciones. 

El sótano, el pozo

Como lo han demostrado infinidad de casos desde 1983 a la fecha, la verdad sobre hechos ocurridos en la dictadura genocida siempre fue obra de sobrevivientes, familiares y testigos que, con enorme esfuerzo, lograron reconstruir sus propias historias y convertirlas en acusaciones inapelables. Y siempre luchando contra las maniobras del Estado y su negativa a abrir los archivos del genocidio, más allá de los discursos y de limitadas políticas “reparatorias” que hayan tenido algunos gobiernos.

En este caso, además del testimonio de Rodríguez y de la investigación de Parkansky, hay posibles pruebas de delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Técnicos que no fueron relevadas por ningún Gobierno (al menos que se sepa públicamente) y que, por el contrario, sufrieron adulteraciones y pérdidas a lo largo de estas décadas. 

Hace poco más de un año Liliana Rodríguez volvió a sentir en carne propia los efectos de la impunidad. Fue el 28 de junio de 2018, cuando luego de años sin pisar su viejo lugar de trabajo realizó una visita a las instalaciones de la Escuela Superior de Sanidad acompañada de la Comisión por la Memoria de esa sede estatal.

Rodríguez, por primera vez, accedía a aquel sótano al que, por orden de su jefe Maldonado, todo el personal de la Escuela de Técnicos tenía terminantemente prohibido bajar. En su testimonio en fiscalía, ella asegura que esto también es “una piedra” que carga desde hace décadas. Allí recuerda específicamente que Maldonado designó personal policial al ingreso de ese sector del edificio.

Se refiere al ingreso “por la puerta sobre calle 4, en el que hay un hall central en planta baja, y a la derecha tiene una puerta vaivén que fue la clausurada. Recuerdo que en este tiempo, y por debajo ya que tenía negada la comunicación con mis otros compañeros de trabajo, se decía que ese sector clausurado había sido entregado o lo manejaba Policía, y que existiría un lugar para traslado de personas o morgue”.

En su visita al lugar en 2018, Liliana pudo advertir “que ese sector prohibido incluía un patio con garaje y acceso de vehículos de manera independiente para los funcionarios, y también un sótano que se accede por una escalera”. Y asegura: “yo de este sótano en su momento no tenía conocimiento, sí fue impactante para mí descubrir las características de ese lugar. Cuando ingresé al sótano tuve un registro corporal, sentí en el cuerpo que era un lugar siniestro”.

Presentando fotos (sacadas por su marido en aquella visita) y hasta un croquis del enigmático lugar, Rodríguez le pidió a la Fiscalía que active cuanto antes los peritajes sobre ese sótano. Ya lleva casi un año esperando esa medida elemental de prueba.

Ella quiere saber si la curiosa placa de concreto ubicada en el sótano, elevada varios centímetros sobre el resto del piso, con tamaño similar al de una fosa para tumba, es en verdad una “tapa” de algo que puede estar escondido abajo. Y, además, si la fila de “cuadraditos” de cemento que, separados equidistantemente, van de una pared a otra detrás de la puerta prohibida, delatan la existencia previa de una reja.

Rodríguez reafirma ante este medio lo fundamental de saber qué pasó en ese sótano. “A la Fiscalía le exijo que ordene los peritajes y que se abra esa tapa, para saber qué hay allí abajo. Hace 42 años que no se sabe nada de mi compañero Rubén Rocca, ningún sobreviviente dijo haberlo visto en algún centro clandestino y su familia no tiene información. Desde el año pasado, que vi esa tapa de cemento, no se me va la idea de que debajo puede haber restos humanos, entre ellos los de Rubén”, sentencia.

Frente a esto, de mínima, quienes gobernaron la provincia desde 1983, empezando por el radical Alejandro Armendáriz y llegando a la macrista María Eugenia Vidal, pasando por los peronistas Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli; deberían rendir cuentas de qué hicieron en la Escuela Superior de Sanidad para aportar a la memoria, la verdad y la justicia.

Impulso a la denuncia

Esta semana Carlos Zaidman, en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, acompañado por las abogadas Pía Garralda y María Luz Santos Morón del colectivo Justicia Ya! La Plata, presentó ante la Fiscalía un pedido para que se les acepte ser querellantes en el proceso iniciado por Liliana Rodríguez. 

El escrito, ya en manos del fiscal Juan Martín Nogueira, solicita además que se ordene una “inspección ocular” en el edificio “a los fines de determinar la existencia de calabozos y/u otro lugar en el cual haya funcionado como lugar de detención clandestino durante la última dictadura militar”.

También que el Ministerio de Salud informe “si posee plano original de la dependencia” (y envíe una copia) y que la licenciada María Alejandra Parkansky sea convocada a dar una declaración testimonial sobre los operativos que investigó.

El psiquiatra de la Policía Bonaerense Miguel Ángel Maldonado murió impune. Pero su hijo vive y camina por las calles de La Plata. Se llama igual que él y le decían “El Cacique”, también es médico psiquiatra de la Policía y más de una vez se lo ha visto en programas de televisión hablando de su expertis y hasta ha brindado cursos del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque lo que más identifica a Maldonado padre e hijo es su pasado. El que sigue vivo fue nada menos que uno de los conductores de la banda parapolicial de la ultraderecha peronista Concentración Nacional Universitaria, la CNU, especializada en secuestrar activistas, matarlos y reventar sus cuerpos.

Tanto genocida suelto y tanta impunidad fueron condicionantes lógicos para Liliana Rodríguez durante años. Ahora, cuando se le pregunta por qué finalmente decidió denunciar, lo explica claramente. 

“Quienes vivimos el genocidio nunca dejamos de buscar a nuestros compañeros y compañeras, uniendo informaciones, historias y testimonios. En esa experiencia personal pude ir juntando los retazos de recuerdos y emociones que tenía. Creo que haber leído la tesis de Parkansky y haber visto ese siniestro pozo con esa tapa de cemento terminaron por darme el impulso para presentarme ante la Fiscalía”, relata Rodríguez.

Ella agrega un mensaje en medio de la investigación judicial: “Por trabajar en los temas en los que trabajo, lamentablemente estoy acostumbrada a ver cómo la Justicia deja libres en las calles a los genocidas, a los femicidas, a los abusadores. Por eso, por nuestras compañeras y compañeros, es necesario seguir luchando y exigiendo justicia”.

La memoria y puesta en palabras de los sobrevivientes de la dictadura saca ese manto de oscuridad que recubre rincones de La Plata.

*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias.