El ex juez se refirió al proceder de la Justicia en tiempos de Cambiemos, de los carpetazos, de la investigación sobre la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla y de su candidatura a la intendencia de La Plata
Texto y fotos: Juan Ignacio Aréchaga
El ex juez Luis Arias dialogó con el portal digital Socompa sobre el rol del Poder Judicial en tiempos de Cambiemos, y de su “metodología política” en la construcción de carpetazos contra dirigentes de la oposición.
Destituido en 2018, tras varios fallos que “atormentaron” a Cambiemos desde el comienzo de su mandato –contra la modificación de la ley de medios, el freno al aumento de las tarifas eléctricas en la provincia y a favor del gremio en el conflicto docente con Vidal–, afirmó que el avance de la causa del juez Ramos Padilla dependerá de “si cambia el gobierno o no”.
Alejado de los estrados y volcado a la actividad política como candidato a intendente de La Plata, expresó también su criterio de cómo debiera reformase el Poder Judicial.
-En relación a la causa Vialidad, desde el kirchnerismo entienden que se trata de una situación de acoso judicial hacia la ex presidenta; por el contrario, el ex fiscal Federico Delgado dijo que hasta ahora no había ningún elemento para entender que eso fuese así. ¿Cuál es su postura?
–Más que los aspectos puntuales de la causa, yo lo que observo es que esto está enmarcado dentro de una estrategia política. Siempre hemos conocido, dentro de quienes hemos estado en el Poder Judicial, diversas utilizaciones con finalidades partidarias, económicas, te diría hasta extorsivas del Poder Judicial. Pero creo que este gobierno ha hecho de esas prácticas una metodología política, en cuanto a la utilización de los servicios de inteligencia como proveedora de información del Poder Judicial. Cuando digo servicios de inteligencia hablo tanto de los formales y también de los informales, paraestatales, como proveedores de los juzgados y fiscalías con fines de persecución política. Eso ha sido una de las herramientas de los ejércitos que ha puesto este gobierno para combatir a sus adversarios. Creo que muchas de las causas se inician con una carpeta.
–Los carpetazos no son algo nuevo y existen desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la diferencia actual?
-Pero nunca como ahora. La diferencia es que este gobierno ha hecho de eso una metodología política. Es decir, condicionar a fuerza de carpetazos, algunos de los cuales llegan a la Justicia y otro no, según los destinatarios se avengan o no a las políticas de gobierno.
–¿Engloba esto dentro de la idea de un lawfare a nivel regional?
-Sí, lógicamente. No olvidemos que Macri ya había ido a pedir auxilio a la Embajada de Estado Unidos varias veces, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Esto está en “Argenleaks”. Y yo creo que está dentro de una estrategia global. Escribí hace muchos años un artículo en un libro que se llamaba “Sobre el Derecho a la Corrupción y otras miserias”, y ahí daba a conocer ciertas cuestiones que a mi parecer siempre fueron de metodología política. Porque cuando ciertos sectores a nivel internacional invocan la corrupción, es porque están abriendo la puerta a algún negocio. Pasó con la FIFA, el escándalo de Havelange-Grondona, el cual pocos hablan y se han olvidado. Pero ese escándalo de corrupción ¿cómo terminó? Terminó con Turner y Fox a cargo de los derechos de televisación del fútbol. Y, entonces, hoy vos en concreto tenes que pagar el servicio de cable y además el servicio del fútbol. Este es el resultado concreto de una denuncia de corrupción, es decir, apropiarse de un negocio.
Odebretch también fue producto de esas maniobras. ¿Qué empresa de obra pública en el mundo no ha realizado favores a ciertos funcionarios a cambio de devoluciones por parte del Estado? Todas, en Estados Unidos también y lo descuentan de los impuestos. Allá está legitimada esa política. Odebretch es la empresa transnacional más importante de América Latina, pero claro, era brasileña no era de capitales ingleses o estadounidenses, estaba fuera de la estrategia de negocios del imperio, entonces se la atacó para destruirla. Lo mismo con Petrobras, la empresa de bandera más importante de América del Sur luego de que Brasil haya descubierto unas cuencas petrolíferas muy importantes. Y yo creo que todo eso es apertura de negocios. La gran burguesía argentina que se presenta como arrepentidos a declarar que han dado sobornos para la obra pública. Es decir, si están imputados en una causa no pueden contratar nunca más una obra pública. Y los capitales offshore ya se frotan las manos para comprar las empresas. Siempre termina el negocio en manos de otro. La vulnerabilidad siempre es la corrupción.
–¿La causa de los cuadernos la ve como un intento del capital extranjero para bajarle el precio a las empresas argentinas?
–Sí, yo creo que hay una maniobra que tiene que ver con eso. El destino de América del Sur para el imperio, desde Yalta y Potsdam para acá, es producción primaria. Por eso, avanzamos nosotros en la primarización de la economía. Lo primero que hizo el gobierno fue quitar retenciones al campo y a la minería, sectores de producción primaria. Todo lo que tenga que ver con empresas, negocios, no le está permitido a los países del sur. Entonces, creo que Techint, que es una empresa importante dentro de América del Sur, por supuesto que también está dentro de los objetivos del gobierno imperial.
–Determinadas figuras jurídicas que se utilizaron en estas causas fueron impuestas en gobiernos anteriores. La delación premiada, una herramienta fundamental para el caso Odebretch, se implementó durante el gobierno de Lula. En Argentina, la Ley del Arrepentido la aprobó Macri pero Cristina, en otros parámetros, implementó la Ley Antiterrorista. Es decir, leyes que han sido implementadas por presión de EEUU y estos gobiernos las han utilizado. ¿No supieron ver cómo les podían jugar en contra o qué ocurrió con eso?
–Yo creo que hubo una subestimación del adversario. Creo que había otro contexto, otro gobierno en EEUU. Siempre las relaciones de fuerza son muy desiguales, a veces hay que ceder cuestiones. Y a mí me parece que dentro de este contexto, la causa de los cuadernos que mencionaste, demuestra el vínculo de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial. Porque un chofer tiene que ser un trastornado para anotar todo sobre una persona, con quién se reúne, son tareas de servicios de inteligencia. Es lógico que esos cuadernos, que además después son fotocopias porque esos cuadernos desaparecieron, las debe haber realizado algún servicio de inteligencia. Es muy probable que así sea. Y no un chofer, tendría que ser algo muy atípico que un chofer haga toda esa tarea de inteligencia. Yo creo que los servicios de inteligencia, en manos de los gobiernos de Lula o de Cristina, estaban contenidos. Pero en manos de gobiernos que de alguna manera son aliados de EEUU, es diferente, empiezan a operar para sus intereses, y esto fue el gran quiebre. No sé si esto fue que no lo supieron ver sino que hubo un cambio de manos en las tareas de inteligencia y en el Poder Judicial también. En el Poder Judicial, donde los jueces no tienen arraigo popular, al no ser electos como los otros poderes, son más permeables a las presiones de los poderes fácticos, como los medios de comunicación, y también a los restantes poderes constituidos como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir el poder político. El debilitamiento del Poder Judicial tiene que ver con esas presiones. Cuando Macri empieza a dictaminar DNU tratando de poner jueces en la Corte, estaba dando un mensaje. ¿Quería realmente poner magistrados por DNU? Yo no creo que haya sido así, quería dar un mensaje de autoridad, de poder… muchachos cumplan. Lo mismo pasó con las presiones a otros jueces, o con mi destitución incluso. Mensajes de disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial.
–Entre esos mensajes de disciplinamiento, una de las causas fundamentales es la del juez Ramos Padilla, ¿cree que podrá llegar a buen término esa causa y se van a poder dilucidar todos los elementos que hoy tiene el juez?
–Sí, por supuesto, si puede seguir la investigación. El problema, siempre he dicho, es que Ramos Padilla rompe los códigos corporativos de poder. Es decir, esto de la delación, también, es una delación inversa: está denunciando a sus propios pares. Porque los acuerdos corporativos son pactos de silencio y de colaboración. Quiero decir, la prensa, los jueces… la mayoría de los periodistas y los medios de comunicación aquí en la ciudad de La Plata cobran de la Municipalidad, cobran de la Provincia. Imaginate si un periodista saliera a delatar a los otros, y saliera a decir que fulano está cobrando tanto dinero, que el otro está cobrando tanto, sería tremendo. Lo mismo pasa con Ramos Padilla. Él quiebra los códigos corporativos de poder. Sabemos que hay servicios de inteligencia que operan, paralelos, estatales, lo que sea, pero hay operadores judiciales siempre tratando de llevar y traer información. Entonces, él quiebra esos códigos y los expone. Eso es grave y tiene consecuencias, las he experimentado. Esto no va a ser gratis, y en algún momento se las van a querer cobrar. Veo que ahora aparecen con denuncias de abuso de autoridad, ya tiene una causa en Bahía Blanca por abuso de autoridad y no va a faltar un fiscal o un juez que lo quiera exponer, así como él expuso a Stornelli y a Bonadío. A mí me ha pasado, me pusieron denuncias de abuso de autoridad también: el fiscal Romero por la causa de la inundación, por haberle requerido a otro fiscal, a Paolini, que no anunciara públicamente las víctimas de la inundación. Entonces, me armaron una causa penal, tuve que ir a prestar una declaración indagatoria. Pueden pasar estas cosas. ¿De qué dependerá el avance de esta causa? De si cambia el gobierno o no. Si el gobierno de Cambiemos se consolida en una nueva gestión, seguramente no va a prosperar esta causa, harán lo imposible para en vez de destituir a Stornelli, quien está en falta, lo destituyan a Ramos Padilla.
–¿Cómo se hace para desmontar todas estas prácticas de la policía, ligadas a sectores del Poder Judicial y de los servicios de inteligencia?
–Hay que hacer una gran transformación del Poder Judicial. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Poder Judicial es un poder contra mayoritario. No es un poder elegido por las mayorías. Está para proteger los derechos de las minorías, pero de las minorías vulnerables, no de las poderosas. Entonces, si tenemos un representante de las minorías poderosas en la Corte, como es el caso de Rosenkratz, yo digo deberíamos tener un juez o una jueza indígena, otro representante de las minorías sexuales, deberíamos tener un juez o una jueza que se hayan comprometido en causas de derechos humanos. Porque es otro problema: tenemos que cambiar el perfil de los jueces. Habitualmente lo que se tiene en cuenta es la idoneidad técnica, esto de sentarse atrás de un escritorio, estudiar y juntar cartoncitos para tener mayor currículum, obtener formación técnica y en universidades extranjeras. Pero el hecho de tener un juez técnicamente dotado no implica que vaya a ser un buen juez. Hay otras condiciones que yo creo son mucho más importantes. Que un postulante que se haya dedicado a defender el derecho de los demás, de los niños, de las mujeres, de los colectivos minoritarios, de la diversidad sexual, del medio ambiente, tiene un valor para mí superior al hecho de que tenga un posgrado en Yale. A mí me parece que esas cosas hoy no se valoran lo suficiente. Entonces, tenemos que cambiar el perfil de los jueces y los fiscales. Pero también tenemos que dar participación a la sociedad en los procesos de designación y destitución. Digo siempre, en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata todavía tenemos un fiscal, Fernández Garello, que no tenía vínculo con servicios de inteligencia, ¡era un servicio de inteligencia de la DIPBA de Camps! Y está imputado en una causa de Lesa Humanidad. ¿Cómo llegó este personaje a fiscal? Le hicieron un jury también, más o menos contemporáneamente con el mío: a él lo archivaron, el mío siguió adelante. Es decir, ¿cómo llegó al Poder Judicial? Si hubiera habido una audiencia pública, por ejemplo, siguiendo el camino que Néstor Kirchner emprendió con el decreto 222 para la designación de los jueces de la Corte de la Nación, si hubiera audiencias públicas los organismos de derechos humanos se podrían haber presentado y decir que este hombre fue parte del genocidio en Argentina. Es el jefe de todos los fiscales del departamento judicial de Mar del Plata que es grandísimo. O el juez que me subrogaba a mí, hasta hace poco tiempo titular del juzgado N 3 de La Plata, Francisco Terrier, también abogado titular de la asesoría letrada de la policía en tiempos de Camps. Vos fijate todos los vínculos. O jueces de la Suprema Corte, la mayoría proveniente también de la función de seguridad: ex ministros, ex secretarios de seguridad de la provincia.
–Usted habla de cambiar los perfiles, utilizar otro método para las designaciones y destituciones, pero lo cierto es que cuando termine este mandato, de haber un gobierno distinto, según el kirchnerismo se va a encontrar con un panorama donde un tercio fue puesto durante este periodo, con la sospecha de seguir los lineamientos políticos e ideológicos de este gobierno.
–La tercera cuestión que hay que modificar es la creación de un Observatorio estatal del Poder Judicial, integrado por actores sociales, ONGs, organismos de DDHH, que puedan controlar a través de la apertura de los sistemas informáticos, hoy es muy fácil hacerlo, si los jueces cumplen los plazos, si se ajustan a los estándares internacionales en materia de DDHH, si violan reglas de acceso a la justicia o no, los estándares en materia de género. Todas esas cosas podrían controlarse fácilmente, más allá de que no porque un juez sea designado por el macrismo va a ser macrista, ni porque sea por parte del kirchnerismo va a ser kirchnerista. Creo que hay que tratar de controlar en tiempo real, de un modo concomitante, no posteriormente, y eso se puede hacer a través de los sistemas informáticos. Imaginate un observatorio estatal controlando la actividad del juez Otranto, de Bonadío, de Stornelli. Sin someterlo a un proceso judicial, simplemente señalar los desvíos. Hay que ser ingeniosos y buscar la forma de que esté bajo control el Poder Judicial de alguna manera.
–Es candidato a intendente de La Plata por el espacio kirchnerista, junto a Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz, ¿tienen un diálogo para construir una alianza antes de las PASO?
–Por supuesto, lo que pasa es que nosotros pensamos que este sector es el que más posibilidades tiene de capitalizar votos a los cuales los otros candidatos no llegan. Y los otros candidatos tienen que comprender eso dentro de un acuerdo de unidad. Las encuestas a nosotros nos dan muy bien y creemos que llegamos a otros sectores donde ellos no llegan. Entonces, tienen que tratar de entender que esto no es un capricho de que yo estoy acá en la política hace diez años, aunque perdiendo todas las elecciones, ahora es mi oportunidad y quiero ir de nuevo. Hay que elegir al que tiene mejores chances, y eso es lo que no se entiende. Mientras estén las vanidades y los intereses de por medio, los acuerdos de unidad se tornan más difíciles. Yo no vengo a la política para una lucha de intereses, me podría haber puesto un estudio jurídico y me va mejor. Siendo juez me enfrenté a muchos poderes pero a nosotros nos elegían como mejor juzgado, los abogados durante 5 años consecutivos con puntajes que no tenía ningún otro juzgado. Hicimos una muy buena gestión; me destituyeron por afectar intereses. En el ámbito político creo que podemos hacer lo mismo, nada más que esta vez está el voto de la gente.
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